La recapitalización del Banco Central

Tanto el Ministerio de Hacienda como el organismo emisor de billetes, se han referido en los últimos meses a la inminente modificación de la ley de capitalización del Banco Central, número 167-07, concebida con un plazo de ejecución de 10 años (2007-2016), sin plazo de caducidad.

Esta ley se proponía, primero, que las pérdidas acumuladas del Banco Central desde su creación hasta el 2005, más las generadas con posterioridad, fueran absorbidas por el Estado mediante la emisión y entrega de bonos por un monto global de hasta trescientos veinte mil millones de pesos dominicanos (techo que ha mostrado ser una simple ilusión).

La peculiaridad es que esos bonos del Estado no pueden ser amortizados, es decir, cobrados, sino redimidos con ganancias hipotéticas futuras del propio organismo monetario.

Y, segundo, que el Estado transfiriese al Banco Central recursos constantes y sonantes en un monto creciente que empezaba en 0.5% del PIB en 2005 y terminaba en 1.4% del PIB en 2016, en cuyo caso, en ese momento, las pérdidas del organismo monetario estarían cubiertas por el flujo de ingresos provenientes del fisco.

Ninguna de esas dos partes se ha cumplido, pero si lo hubiera sido tampoco quedaría solucionado el problema de permanencia y expansión de la deuda cuasi fiscal.

Las razones son las siguientes.

Primer detalle: aun si el Estado hubiera emitido el total de bonos previsto a favor del Banco Central, el organismo monetario no hubiera podido desmontar su deudas con sus tenedores de certificados, que son la causa principal de sus pérdidas, porque las deudas se pagan con recursos, no con ficciones. Una cosa es un papel del Estado que pueda ser convertido en liquidez, y otra el que no pueda serlo.

Segundo detalle: en el mejor de los casos, al final del período, o sea en 2016, el Banco Central hubiera dejado de tener pérdidas (en ese año) solo porque el tamaño de las transferencias del Estado hubiera igualado el monto del déficit, y no porque el organismo monetario hubiera reducido el gasto financiero, sino más bien aumentado.

Es decir, 10 años después se hubiera estado, como en efecto se está, en el mismo punto que al inicio, sin solución, pero con una deuda asumida por el Estado (aun fuere en la forma) muchísimo mayor, y con la sangría que significan las transferencias anuales de recursos al organismo monetario.

Los formuladores de políticas no han querido darse cuenta de que las pérdidas del Banco Central obedecen al costo financiero de las emisión de sus propios certificados, colocados al principio como parte del costo del rescate bancario, pero luego, sobre todo, como mecanismo de anclaje del tipo de cambio. Así, en 2005, los valores emitidos por el Banco Central en circulación ascendían a RD$133,127 millones, pero ya a enero del 2018 estaban en RD$511,157 millones, o sea, casi se habían multiplicado por cuatro. Esta es la fuente principal de generación de pérdidas y creación de deuda cuasi fiscal.

Tampoco han querido observar que, a diciembre del 2005 la deuda del Estado con el Banco Central ascendía a RD$99,230 millones, pero ya a enero del 2018 se elevaba a RD$555,513 millones. Es decir, se había multiplicado por 5.6 veces, a pesar de que durante ese período se hicieron transferencias al organismo monetario, por lo devengado, por RD$188,056 millones.

En resumen: en vez de reducirse, las pérdidas acumuladas del Banco Central son cada vez mayores, en términos nominales; al mismo tiempo, la emisión de certificados del Banco Central y la deuda del gobierno con el organismo monetario se ha multiplicado con creces.

Por tanto, con la aplicación de esta ley de recapitalización es como si alguien quisiera alcanzar un meteorito transportándose en una motocicleta: el objetivo se aleja cada vez más, en vez de acercarse.

Los errores del pasado, deben enmendarse, no reproducirse. Si se va a modificar o sustituir la ley, lo lógico es que se haga para que se convierta en solución y no para seguir postergándola.

La clave está en achicar, en forma progresiva y sostenida, el monto y el costo de los certificados vigentes del organismo monetario, que son la fuente de generación de las pérdidas. Y que el Estado contribuya a su materialización con aportes de recursos líquidos y el Banco Central con el señoreaje y los ajustes internos y de políticas que se requieran.

La solución pudiera ser: a) entregar bonos del Estado al organismo monetario por un monto anual igual a la cantidad de certificados a ser desmontada, amortizables a vencimiento y que puedan ser comercializados a tasas de interés de mercado; o, b) efectuar transferencias directas de recursos anuales al Banco Central, condicionadas al desmonte de esos certificados en un monto similar.

Si se hiciera de esa manera, las pérdidas operativas del organismo monetario disminuirían cada año hasta su extinción. Habría un horizonte preciso de eliminación de la llamada deuda cuasi fiscal y el Banco Central se encaminaría a perder protagonismo en el mercado primario de valores.

Si el aporte del Estado fuere por encima del 1% del PIB, anual, la deuda cuasi fiscal estaría eliminada en un plazo cercano a 10 años, con sus implicaciones positivas sobre la normalización de la política monetaria y cambiaria, de las actividades financieras, el desbloqueo de la esterilización de los fondos de pensiones para que puedan ser utilizados en actividades productivas y en la generación de empleo, y la liberalización de recursos del Estado para ser usados en asuntos prioritarios en vez de destinarlos al pozo negro de la deuda cuasi fiscal.

Lo inexplicable es que se sigan transfiriendo recursos anuales para que la deuda cuasi fiscal siga creciendo, con todas las distorsiones que genera en el sistema financiero y económico, en vez de asumir el costo de las soluciones reales.

Eduardo García Michel