La reforma pendiente de la UASD

«Como se sabe, hay personas cuyas condiciones socio-económicas no les permiten acceder y permanecer en la educación superior. [...] Que el gobierno y los demás sectores incluidos en este pacto se comprometan, de manera firme, a desarrollar mecanismos de incentivos que permitan a un número creciente de estudiantes del nivel superior de escasos ingresos, realizar sus estudios en modalidad de tiempo completo. [...] Que las instituciones de educación superior cuyos recursos provienen principalmente del gobierno adopten medidas para evitar la sobre-estadía de los estudiantes en la educación superior». Pacto Nacional para la Reforma Educativa, abril 2014

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) nos concierne a todos los dominicanos. Su preservación es fundamental para asegurar que los estudiantes de escasos recursos económicos y que en su mayoría son víctimas de la exclusión social puedan acceder a una educación superior que los habilite para ser exitosos –en el sentido más amplio de la palabra, lo que incluye tanto aspectos económicos como humanos- en el mercado laboral y tengan un impacto positivo en sus familias y en la sociedad como un todo. En las últimas décadas, sin embargo, la UASD le ha fallado a la sociedad dominicana. Los múltiples conflictos y crisis institucional que parecen prolongarse de manera indefinida han convertido a esta universidad en un foco de gran preocupación en lo que respecta al futuro de la educación superior en nuestro país.

Es por ello que la elección de nuevas autoridades, pautada para el entrante mes de junio, representa una magnífica oportunidad para replantearse las reformas que deben implementarse para lograr una eficiente utilización de los fondos públicos que nutren sus finanzas y recuperar el mermado valor social de esa alta casa de estudios. La verdadera situación financiera y académica de la UASD es de difícil determinación, pues la limitada rendición de cuentas –amparada en un fuero universitario que la protege del escrutinio público- no permite que se tenga una dimensión de la verdadera gravedad de su crisis interna. No obstante, por las denuncias y acusaciones que plantean los aspirantes a las distintas posiciones electivas se puede inferir que es una crisis sumamente grave y que no se reduce al hecho de que el presupuesto asignado sea insuficiente.

Más allá del monto presupuestario está la realidad de un modelo de gestión financiera y académica –en sentido general, de gobernanza- que imposibilita que la universidad cumpla con su rol social. En este sentido, la politización de los procesos internos ha sido una innegable tragedia para la academia. Cualquier reforma que deje intacto el esquema de politización que tanto daño ha hecho estará condenada al fracaso; pero es muy difícil que esto cambio, aun con nuevas autoridades, ya que los actuales aspirantes fundamentan sus candidaturas precisamente en organizaciones políticas que han permeado sus vicios a lo interno de la UASD. Desde esa perspectiva lucen improbables reformas eficientes.

No es arriesgado, por tanto, inferir que dado el entramado interior de intereses políticos y de grupos las reformas no surgirán por quienes se benefician de ese statu quo. Las reformas solo podrían surgir si la presión externa a la universidad la obliga a gestionarse de manera más eficiente. Ya son casi cuatro años desde que el pacto por la educación se firmó y al parecer la universidad está peor; lo cual, no sorprende si consideramos que ese pacto no obligó a la UASD a realizar reformas realmente efectivas. Dentro de las presiones externas que pudieran obligar a la universidad pública a un proceso profundo de reformas está un cambio en la política de financiamiento de la educación superior. Actualmente, la universidad solo genera con recursos propios un 9% de sus recursos presupuestario, de acuerdo con los planteamientos de un aspirante a la Rectoría. Este es un porcentaje extremadamente bajo cuando se compara con el promedio de casi un 40% en América Latina. Pero hasta ahora la universidad no se ha visto obligada a buscar formas de generación de recursos propios, pues al final esto resuelve con una reunión al más alto nivel del poder político.

El cambio en la política de financiamiento del Estado hacia la educación superior consistiría en agregar un componente importante de financiamiento a la demanda, en contraste con el financiamiento a la oferta. El primer tipo de financiamiento hace énfasis en el derecho que tiene el estudiante de elegir el centro educativo que considere más apropiado a sus necesidades de formación superior. El financiamiento a la oferta se refiere a los recursos que son entregados a la universidad pública -puede ser privada, también- sin una contrapartida en la calidad de la educación ofrecida. En el caso de la UASD, el gobierno entrega miles de millones de pesos cada año para ser ejecutados dentro de la autonomía de la universidad sin que haya un compromiso real con un determinado nivel de calidad.

El mecanismo funcionaría de la siguiente manera: si un estudiante de escasos recursos económicos entiende que su derecho a la educación de calidad estaría garantizado en una universidad no estatal, el gobierno cubriría su matrícula en la universidad privada y reduciría ese monto del presupuesto de la universidad pública. Si hubiese una migración significativa desde la universidad pública hacia otras universidades, el sentido de sobrevivencia obligaría a la universidad estatal a embarcarse en un proceso de reformas fundamentales, hasta ahora evitado por la UASD. Pudiera considerarse esta solución como un tanto extrema, pero no hay dudas de que la presente situación de crisis de gobernanza -originada en la politización- que vive esa academia es mucho más extrema y más peligrosa para su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Es cuestión de elección... y no se resuelve con una nueva votación...

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Pedro Silverio Alvarez