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La revisión del DR-CAFTA

La verdad cruda es que luego de 14 años de la firma del DR-CAFTA, en la agropecuaria persisten los mismos problemas de acceso al crédito, uso ineficiente del agua, insignificante inversión en tecnología, investigación y extensión agrícola y permanecen las mafias importadoras que llevan a la quiebra al productor nacional.

Llegó el momento de que los productores agropecuarios del país desarrollen por sí mismos, un plan de acción para exigir al gobierno de Danilo Medina asumir la revisión del DR-CAFTA.

Luego de hacer algunos amagos favorables, el gobierno de Danilo Medina, por conveniencias políticas, abandonó a los productores nacionales a su suerte. Así lo dejó claro el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el pasado 30 de enero, ante la Cámara Americana de Comercio, al expresar: “No hay ninguna solicitud de revisión del DR-CAFTA. Eso está descartado y no está entre las prioridades del Gobierno, ni se va a tocar el Tratado de Libre Comercio”.

Esto significa que en estos momentos, la posibilidad de revisión del tratado depende exclusivamente de la acción de los propios productores agropecuarios. De su organización y movilización. De su capacidad de ganarse la opinión pública y de colocarlo como tema de la agenda política y económica del país. De obligar al Gobierno a que el Estado Dominicano asuma esta justa causa en la defensa de la producción nacional.

La firma del DR-CAFTA se produjo en el 2005, por el gobierno de Hipólito Mejía y su entrada en vigencia fue el 1º de marzo de 2007, ya en la gestión de Leonel Fernández. Por este tratado, el país consintió la eliminación gradual de las barreras arancelarias respecto de los productos provenientes de los EEUU y cinco países de Centroamérica, hasta llegar a un área de libre comercio con la desagravación total.

En un periodo de 10 años, que culminó el 1º de marzo de 2015 se eliminó en un 100 % los gravámenes arancelarios para los productos industriales. De igual modo, para la producción agropecuaria se estableció un calendario de desagravación en varios años. Así, en el 2017 quedaron desagravados, en un 100 %, la importación de pavo, papas y grasa de cerdo. En el 2020 la carne bovina, el cerdo, el queso, los aceites vegetales, los frijoles, la cebolla y el ajo. Para el 2025 se completará la desagravación total, con el grupo de productos considerados más sensibles: el pollo, la leche en polvo, el yogur, el queso mozzarella y el arroz.

El punto es que ninguno de los supuestos beneficios que traería el DR-CAFTA se ha alcanzado. No se produjo la prometida disminución de precios para los consumidores. Los EEUU no redujeron los subsidios a sus productores. Tampoco se logró un aumento de las exportaciones del país. Por el contrario, se ha incrementado el déficit comercial tanto con EEUU y varios de los países de Centro América que forman parte del tratado.

Esta situación no se da al azar. Los gobiernos del peledé no hicieron su tarea. No definieron las políticas públicas que permitieran mejorar sustancialmente la productividad y la rentabilidad en la agropecuaria nacional. No desarrollaron el necesario proceso de readecuación, rubro por rubro, previo a cada desmonte arancelario.

La verdad cruda es que luego de 14 años de la firma del DR-CAFTA, en la agropecuaria persisten los mismos problemas de acceso al crédito, uso ineficiente del agua, insignificante inversión en tecnología, investigación y extensión agrícola y permanecen las mafias importadoras que llevan a la quiebra al productor nacional.

Para colmo, el gobierno de Danilo Medina, lejos de impulsar en estos siete años una política agropecuaria integral, se ha dedicado a hacer supuestas visitas “sorpresa” cuyo verdadero objetivo ha sido promover su reelección y fomentar el clientelismo político.

Para que tengamos una idea de lo que se nos viene encima, examinemos el caso del arroz, producto básico de nuestra dieta alimentaria.

La producción de arroz del país ronda una media por encima de los 12 millones de quintales al año. Su siembra abarca algo más del 20 % de la superficie total dedicada a la producción agrícola del país y comprende unas 14 provincias.

¿Qué pasará en estas provincias cuando la importación de arroz de los EEUU, país donde el Estado subsidia a sus productores, acapare el mercado nacional sin que el productor local pueda competir? ¿Qué harán los más de 55 mil productores de arroz? ¿Qué destino tendrán los más de 500 mil dominicanos que participan del proceso de siembra, cosecha, transporte y comercialización de este cereal?

Esta situación descrita para el arroz hay que extrapolarla a la producción de habichuelas, ajo, cebolla, pollo, leche, carne bovina y cerdo.

Estamos describiendo un proceso que concluirá en los próximos cinco años y que llevará a la quiebra masiva de millares de productores, a la pérdida de nuestra cultura productiva agropecuaria, a incrementar la despoblación de la zona rural y a la migración al exterior y a las principales ciudades y, subsecuentemente, a mayor marginalidad, inseguridad, precariedad de los servicios, desempleo, economía informal.

Solo la unidad de todos los sectores productivos del país y su movilización con base en la concertación de un programa de defensa de la producción nacional puede parar el inminente colapso que se avecina para la agropecuaria nacional.

Sin producción no hay nación. Sin nación no hay patria. Sin patria no somos nada.

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Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.