La segunda “devastaciones”

Desde hace varias décadas, en el país está en desarrollo un proceso de despoblación de la zona rural y de las provincias del interior.

Para los años 60, la población de la zona rural representaba el 70% del total. El censo de 2002 registra que en el campo dominicano ya solo habita el 36.4 % y, en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 representa el 25.64%, equivalente a 2,421,332, de una población total ascendente a 9,445,281. En provincias como San Juan de la Maguana, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, entre otras, de forma sostenible se verifica un proceso de decrecimiento de su población.

Más allá de la migración natural, estamos ante un proceso estructural, inducido por las malas políticas o la ausencia de ellas y la falta de servicios básicos. En el campo dominicano habitan los más pobres de los pobres del país. La tendencia dominante ha sido concentrar el grueso de la inversión pública de infraestructura en las grandes ciudades. A esto se suma la gran inequidad en la propiedad de la tierra. Una investigación de 2007 reveló que, del total de productores agropecuarios del país, “el 64% tiene una propiedad inferior a 50 tareas, poseyendo en su totalidad solo el 12 % de la tierra cultivable”, situación esta que lejos de cambiar se ha profundizado, a lo que se añade falta de acceso al crédito agrícola, ausencia de apoyo tecnológico y asistencia técnica que mejore la productividad y la rentabilidad, junto a salarios de hambre que ha hecho que en muchos cultivos agrícolas predomine la mano de obra haitiana en sustitución de la dominicana.

Ahora bien, superpuesta a este proceso estructural de migración interna de la población de la zona rural y de las provincias del interior hacia las grandes urbes, se produce la entrada en vigencia el 1º de marzo de 2007 del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y cinco paises de Centroamérica, conocido por sus siglas en inglés DR-CAFTA.

Siguiendo un calendario concertado, desde el 2015 entramos en el tramo final y para el 2020 quedarán desgravados y se eliminarán los contingentes de importación para la carne bovina, el cerdo, el queso, los aceites vegetales, los frijoles, la cebolla y el ajo. Igual sucederá para el 2025 con el grupo de productos considerados más sensibles de la agropecuria nacional: el pollo, la leche en polvo, el yogurt, el queso mozarella y el arroz.

Para que tengamos una idea de lo que se nos viene encima, examinemos el caso del arroz, producto básico de nuestra dieta alimenticia.

La producción de arroz ronda una media por encima de los 12 millones de quintales al año. Su siembra abarca algo más del 20 % de la superficie total dedicada a la producción agrícola del país. Se produce en unas 14 provincias: Monseñor Nouel, La Vega (región norcentral), Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Espaillat (Nordeste), Valverde, Dajabón y Montecristi (Noroeste), Hato Mayor (Este); Monte Plata (central) San Juan de la Maguana (Sur).

¿Qué pasará en estas 14 provincias cuando la importación de arroz de los EE.UU., país donde el Estado subsidia a sus productores, acapare el mercado nacional sin que el productor local pueda competir? ¿Qué harán los más de 55 mil productores de arroz? ¿Qué destino tendrán los más de 500 mil dominicanos que participan del proceso de siembra, cosecha, transporte y comercialización de este cereal?

Esta situación descrita para el arroz hay que extrapolarla a la producción de habichuelas, ajo, cebolla, pollo, leche, carne bovina y cerdo.

Estamos describiendo un proceso que se va a producir entre los próximos 3 a 8 años, y que llevará a la quiebra masiva a millares productores tradicionales, a la pérdida de nuestra cultura productiva agropecuaria, a la despoblación de la zona rural y a una estampida hacia las principales ciudades del país que será equivalente a una segunda “devastaciones”, y que agravará las condiciones de marginalidad, inseguridad, precariedad de los servicios, desempleo, economía informal, en los principales centros urbanos.

Lo grave de la situación es que desde la dirección del Estado no existe la voluntad política ni para denunciar este tratado antinacional, ni para renegociar una rectificación, ni para crear las condiciones que nos permitan alcanzar competitividad frente a la avalancha de importaciones provenientes de Centroamérica y EE.UU., como tampoco para diseñar procesos de reconverción productiva para sustituir los sectores de la agropecuaria no competitivos y en su lugar desarrollar otros.

Sólo la unidad de todos los sectores productivos del país y su movilización en base a la concertación de un programa de defensa de la producción nacional exigiendo, entre otras, la denuncia del tratado o su rectificación, podría detener esta segunda “devastaciones” de los nuevos “Osorio”.

Es el momento de hacer conciencia de la encrucijada en que nos encontramos: O asumimos en forma militante la defensa de la producción nacional o por nuestra inacción dejaremos perecer el país productivo, fundamento de lo que nos queda de soberanía alimentaria y de independencia económica.

Guillermo Moreno