Las primarias abiertas y la economía constitucional

«La diferencia relevante entre mercados y política no está en los distintos valores/intereses que las personas persiguen, sino en las condiciones bajo las cuales persiguen sus diversos intereses. La política es una estructura de intercambio complejo entre individuos, una estructura dentro de la cual las personas buscan asegurar colectivamente sus propios objetivos, privadamente definidos, que no pueden ser eficientemente asegurados a través de transacciones de mercado. En la ausencia de interés individual, no hay interés. En el mercado los individuos intercambian manzanas por naranjas; en la política, los individuos intercambian acuerdos para compartir los costos de lo que es comúnmente deseado, desde los servicios de locales de bomberos hasta los servicios de un juez». James Buchanan, Conferencia de aceptación del premio Nobel en Economía, 1986.

La economía constitucional pertenece al campo de la economía denominado elección pública (public choice), en el que James Buchanan y Gordon Tullock fueron dos destacadísimos pioneros. En particular, Buchanan recibió merecidamente el premio Nobel de economía en 1986, por sus aportes a la teoría sobre el proceso de toma de decisiones en la esfera política: Mientras que en la esfera propia de los mercados los individuos toman sus decisiones a partir de un marco institucional dado, en la esfera de la economía constitucional es crucial cómo se definen las reglas que posteriormente van a restringir la acción de los agentes políticos.

Un ejemplo de esto es el actual proceso de discusión en el congreso nacional de una ley que obligaría a los partidos políticos a realizar primarias abiertas para la selección de los candidatos a cargos electivos. Lo que se discute es el conjunto de reglas que propiciarían un marco más democrático en el ejercicio de la actividad política. Sin embargo, la imposición de las primarias abiertas podría generar resultados completamente opuestos. Uno de los problemas más complicados de una regla que obligue a las primarias abiertas es que los distintos actores –como hemos planteado en otras ocasiones- que estarían sujetos a dicha regla conocen de antemano la posición en la que se encontrarían si la ley es aprobada.

Lo anterior significa que en lados opuestos del debate se encuentran los que resultarían beneficiados y apoyan la propuesta versus quienes resultarían perjudicados y rechazan las primarias abiertas. Una regla de esta naturaleza no puede establecerse conociendo a priori esta realidad, pues violaría un principio, al menos en economía constitucional, que establece que los actores que aprueban una regla –o ley, en este caso- no debieran conocer de antemano en qué posición se encontrarían al momento de su aplicación. Si conocieran de antemano tal posición es altamente probable que legislarían en su propio favor. Esto es lo que se conoce como el velo de la ignorancia, un principio necesario para darle legitimidad al proceso de formación de las reglas. Si fuera inevitable la aprobación de las primarias abiertas su aplicación tendría que ocurrir luego de las elecciones de 2020, para asegurar que se cumple con el principio del velo de la ignorancia.

No es trivial el argumento de que quienes ostentan el poder político tienen acceso al uso de los recursos del Estado para promover sus candidaturas. Esa ha sido una nefasta tradición para la defectuosa democracia dominicana. Tampoco resulta extraño que quienes promueven las primarias abiertas sean, precisamente, los que tendrían los mayores recursos –incluidos los del Estado- para influenciar en la selección de los candidatos.

Un argumento que se ha esgrimido en favor de las primarias abiertas es que favorecen a la democracia, pues habría una mayor participación de la ciudadanía en los procesos partidarios. A simple vista pudiera ser cierto; pero en la práctica pudiera –dado el contexto institucional de nuestro país- deteriorar aún más la baja calidad del ejercicio democrático en los partidos a través de conductas estratégicas oportunísticas, ya que cada partido tendría interés en influenciar en la selección del candidato más vulnerable del partido rival; esto es, las primarias abiertas promoverían una distorsión de los procesos internos de los partidos. Ese no sería, en consecuencia, el mecanismo apropiado para mejorar la democracia interna de los partidos.

Asimismo, las primarias abiertas desnaturalizarían la razón de ser de los partidos, quienes son conformados, entre otras razones, alrededor de principios, ideas y compromisos programáticos, y tienen el derecho de definir las reglas de participación que consideren más convenientes. ¿Cuál sería la razón de ser de un partido si al final los candidatos pudieran ser seleccionados por el público en general? Habría, además, una duplicidad innecesaria del proceso electoral: el universo de quienes votarían para elegir los candidatos de los partidos sería el mismo universo de votantes en las elecciones generales. Contrario a lo que se pudiera pensar, las primarias abiertas atentan contra la existencia misma de los partidos.

En medio de los conflictos internos de los partidos –en especial del partido gobernante- no parece legítimo cambiar las reglas del juego con la imposición de las primarias abiertas. De acuerdo con el principio del velo de la ignorancia la obvia ventaja que obtendría el grupo proponente solo serviría para agravar aún más unas diferencias internas que parecen irresolubles. Pero el problema no se circunscribe a los límites internos del partido gobernante, sino que una gran cantidad de instituciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a las primarias abiertas. Por eso, no se entiende este propósito irrefrenable de imponer una regla que al final les hará más daño que bien. Al parecer hay grupos que han perdido su contacto con la realidad... Como bien dice Wicksell –citado por Buchanan-, “si los beneficios de una propuesta actividad para los ciudadanos individuales son mayores que sus costos, nadie lo puede saber mejor que los propios individuos”.

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Pedro Silverio Alvarez