Las propuestas sobre el sistema de justicia (1)

En ocasión del día del Poder Judicial recién pasado, diversos sectores de la vida nacional -líderes políticos e institucionales, profesionales del derecho y de la comunicación-, formularon una serie de propuestas orientadas a mejorar el sistema de administración de justicia en el país. Existe al parecer consenso general sobre la necesidad de emprender reformas con tal propósito. Ese consenso es considerablemente menor en lo relativo a cuáles son las reformas concretas que deben emprenderse.

Dos de las propuestas formuladas merecen, por su alcance e implicaciones, especial atención: la contenida en el discurso pronunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, en la audiencia solemne del 7 de enero; y la presentada por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader Corona.

Con este artículo inauguro una serie de trabajos sobre el tema. Considero necesario, para empezar, poner en perspectiva la cuestión en la que, a mi juicio, se resumen los más agudos problemas de nuestra justicia -mora judicial, problemas de independencia vertical y horizontal, traslados irregulares de jueces, cuestión presupuestaria, problemas de gestión de procesos, corporativización del Poder Judicial, etc.-, el intangible de la aguda crisis de confianza ciudadana en las instituciones del sector.

Lo primero sobre lo que hay que hacer conciencia es que no se trata de nada nuevo, ni exclusivo del sistema de justicia. Se trata de un problema que atraviesa todo el tejido institucional dominicano. Lo advirtió hace 10 años Jacques Atali en su informe “República Dominicana 2010-2020”. Bajo un lacónico epígrafe: “Devolver la confianza en las instituciones”, apuntaba el investigador francés lo siguiente: “Esta primera iniciativa constituye la base de reformas que permitan hacer aceptable por la población todos los esfuerzos que deben ser realizados posteriormente”.

En tal sentido, es importante tener presente que: I) la crisis de confianza del sistema de justicia viene de lejos y, II) es una suerte de fenómeno autoinmune que, conforme los únicos trabajos empíricos disponibles, empeoró incluso en el momento de esplendor que representó el proceso de reformas iniciado en 1997. Recordemos, por ejemplo, que de acuerdo con la percepción de las personas entrevistadas para la encuesta DEMOS 2004, apenas el 20% de los dominicanos consideraba que los actores del sistema de justicia eran íntegros, mientras el 80% consideraba que eran corruptos.

Al ponderar la cuestión de la confianza a la luz de los cambios iniciados en el sector justicia en 1997, el estudio concluía: “Sin embargo, el grado de confianza en el funcionamiento de la justicia no ha mejorado luego de 7 años de iniciados estos cambios; al contrario, los datos de DEMOS 2004 indican que empeoró. En efecto, la cifra correspondiente a 2004 de sólo un 14% de mucha confianza en la justicia representa el nivel más bajo de credibilidad que se registra en la década considerada, un descrédito mayor que el que tenía la Justicia dominicana antes de las reformas citadas. Es relevante destacar que durante los últimos tres años se produce una mayor desconfianza en la Justicia dominicana. En efecto, mientras el 30% de la población entrevistada en 2001 expresó total desconfianza en la Justicia, ese porcentaje se eleva a 47% en la DEMOS 2004” (véase DEMOS 2004, pág. 131).

De igual modo, el informe del Proyecto Justicia y Ciudadanía 2002-2007, implementado por FINJUS y Participación Ciudadana, en el que participaron un total de 693 organizaciones divididas en cuatro regiones, presentaba esta conclusión: el 83% de la población considera que la justicia funciona mal, el 12% considera que funciona bien y el 6% que funciona regular. Luego de eso, hemos visto los estudios del PNUD, de Latinobarómetro, del Informe Mundial de Competitividad, de Gallup-Hoy: en todos, sin excepción, se ratifica la cuestión de la desconfianza en la Justicia.

Entender qué sucedió con aquellas reformas, las razones por las que, pese a la trascendencia que sin duda tuvieron, no pudieron mejorar la percepción ciudadana sobre la Justicia es clave para la definición de las estrategias y las propuestas a futuro. Igualmente relevante es comprender la responsabilidad que en el robustecimiento del declive de la confianza en la Justicia tuvo el rediseño institucional operado en la reforma constitucional de 2010.

El clamor del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, por una “segunda ola de reformas” era el vivo testimonio de que aquel proceso estaba agotado. Insistente, pero solitario, el clamor del Magistrado Subero dio una temprana advertencia sobre la necesidad de conectar las expectativas de la ciudadanía con las iniciativas de reforma. Al parecer era necesario ir más allá de las reformas legales, institucionales, tecnológicas y de formación de jueces, fiscales y funcionarios. Y, por supuesto, profundizar su independencia. No regresar al afianzamiento del control político-partidario a las instancias supremas administración de justicia, tanto en el orden judicial, como electoral y constitucional, como se propició con la reforma de 2010.

Las reformas a llevar a cabo deben apuntar a generar confianza ciudadana en el sistema. Para ello se hace necesario empujar en el sentido de las expectativas de la mayoría de la ciudadanía. En las próximas entregas se analizan algunas de las propuestas formuladas, al tiempo que se presentan otras a la consideración de los lectores y tomadores de decisiones.

Cristóbal Rodríguez Gómez