Las propuestas sobre el sistema de justicia (2)

Existen, en general, dos enfoques para afrontar la cuestión de la justicia en la sociedad -entendida como dimensión de la filosofía moral-, que a mi juicio, son aplicables al debate sobre los retos del sistema de impartición de justicia.

El primero pone el énfasis en el diseño de las instituciones ideales para que el sistema funcione. Es lo que Amartya Sen llama “institucionalismo trascendente”. Por su lado, el segundo se ocupa del análisis de las prácticas efectivas evidenciadas en el funcionamiento real del sistema, y de cómo corregir y eliminar entre ellas aquellas prácticas que son notoriamente nocivas e injustas. El primero se orienta a la “identificación de la naturaleza de lo ‘justo’ y no al hallazgo de algunos criterios para una opción ‘menos injusta’ que otra”. Al buscar la perfección, “el institucionalismo trascendental se dedica de manera primaria a hacer justas las instituciones, por lo cual no se ocupa directamente de las sociedades reales” (Amartya Sen. La idea de la justicia, p. 38.).

En tal virtud, considero que encarar los desafíos que tiene por delante el sistema de justicia en el país pasa por una combinación de diseño institucional y de corrección de prácticas nocivas. Veamos en primer lugar algunas de estas últimas.

1. Restituir el prestigio al sistema de carrera. Uno de los logros incontestados de la primera ola de reformas, iniciada hace ya más de dos décadas, fue la creación de la carrera judicial. De igual modo, uno de los aspectos más sensibles del retroceso observado en los últimos años se expresa en el quebrantamiento de algunas cuestiones claves para el adecuado funcionamiento de la carrera.

El relajamiento del sistema de escalafón; la práctica ilegal del traslado como sanción, que desnaturaliza el estatuto de inamovilidad consustancial a la carrera; la falta de rigor en la evaluación de desempeño; la forma veleidosa con que se ha venido aplicando la política disciplinaria; la práctica de amenazar con sanciones a jueces y juezas solo por el dictado de fallos con los que algún sector social o político muestra desacuerdos; así como el estancamiento del salario real de los magistrados, son solo algunas cuestiones que ameritan ser corregidas para restituir el prestigio a la carrera y el atractivo al oficio de juzgar.

2. Reorganización de tribunales y mayor eficiencia en el uso de los recursos. En la forma en que están distribuidos los tribunales y el trabajo que realizan se expresa uno de los aspectos de mayor irracionalidad de nuestro sistema de justicia. Si se dividen los 521,569 casos ingresados en el último año al sistema entre los 778 jueces activos, tendríamos una carga anual de trabajo de 670 casos por juez, lo que a su vez equivaldría a 55.8 casos por mes, para un total de 1.8 casos por día.

Soy consciente de que ese nivel de equilibrio en la carga de trabajo no es posible. Pero también lo soy de que podemos seguir manteniendo en funcionamiento tribunales que resuelven 10 y 14 casos por mes en promedio, como sucede en muchos casos. Esto no solo habla de una inequitativa brecha entre trabajo realizado y salario percibido entre una gran cantidad de magistrados y magistradas, sino que además evidencia un elevado nivel de ineficiencia en el uso de los recursos. Es muy alentador que en su discurso del pasado día 7 de enero, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, mostrara no solo conciencia sobre, y preocupación por, este problema, sino la determinación de enfrentarlo.

3. Detener el proceso de corporativismo en el Poder Judicial. Que un aspirante a miembro del Consejo del Poder Judicial pueda gastar, como se hiciera de conocimiento público hace unos 4 años, 5 millones pesos en la promoción de sus aspiraciones para obtener el favor de sus pares, es un preocupante indicador de la existencia de estructuras corporativas que no pueden tener cabida en el sistema de justicia.

4. La cuestión de la mora. De esta cuestión también habló con propiedad y determinación el Magistrado Molina en su discurso. Algunas voces críticas se levantaron preocupadas porque la forma de encarar el retraso en los tribunales pueda obrar en detrimento de la calidad de las decisiones. Sobre esto quiero hacer dos señalamientos puntuales.

El primero: suponer que la resolución a tiempo de los casos equivale a una deficiente calidad de la sentencia, lleva a suponer que el retraso irracional equivale a buena calidad de la misma. Sabemos que se trata de un supuesto falso. Ello me lleva al segundo señalamiento: recordar que en el mismo discurso en que se abordó el tema de la mora, se dijo literalmente: “es falso el dilema que contrapone la celeridad en la solución de las controversias a la calidad y pertinencia de los fallos. Al contrario. Los fallos pueden y deben ser prontos y estar bien construidos”.

5. Estandarizar la formación en áreas especializadas: La emergencia y paulatina preponderancia de disciplinas como el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional en el quehacer jurisdiccional, hace necesario que se lleven a cabo procesos de formación y actualización estandarizados, tanto en manejo de jurisprudencia, cuestiones sustantivas, así como en los aspectos procesales, a toda la judicatura nacional. Es común encontrarse con criterios y formas de solucionar controversias en estas materias, que retratan la existencia de vacíos y desfases formativos en los indicados aspectos.

Como siempre, cuando se trata de una columna periodística hay más que decir que espacio para ser dicho. Así que seguimos en la próxima entrega.

Cristóbal Rodríguez Gómez