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Los riesgos del próximo año escolar

El próximo año escolar 2020-2021 es una responsabilidad compartida entre el Gobierno, los padres y la ciudadanía en general. Es necesario que las organizaciones barriales y comunitarias de diferentes tipos se involucren, en un esfuerzo sin precedentes para salvarlo.

De todas las auditorías que tiene obligación de hacer el gobierno de Luis Abinader respecto de la gestión de los gobiernos peledeístas, una de las más urgentes es la del Ministerio de Educación. Nuestra sociedad necesita saber en qué fue que se invirtieron más de mil millones de pesos, –una cifra que se escribe con 9 ceros: RD$1,000,000,000.00— que por el 4% del PIB se asignó al sistema educativo. Ya sabemos que todo ese dinero no sirvió para mejorar la calidad educativa pues seguimos ocupando los últimos lugares en todas las evaluaciones. Tampoco se utilizó para actualizar el sistema educativo a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).

El gobierno de Luis Abinader tiene que hacer viable el próximo año escolar 2020-2021, es uno de sus tres retos más demandantes. Enfrentar la crisis sanitaria y la parálisis de la economía son los otros dos.

Es correcta la decisión adoptada de implementar el próximo año escolar a distancia, de manera virtual. Las clases presenciales suponen un real peligro de contagio y expansión de la pandemia para alumnos, profesores, personal administrativo, padres y la sociedad en general.

Ahora bien, la decisión de impartir docencia virtual tiene riesgos enormes que pueden impactar negativamente en el sistema educativo del país, por los próximos años.

El primero es que se profundice el ya desigual acceso al sistema educativo de los sectores empobrecidos. Conforme cifras oficiales, de los dos millones ochocientos mil estudiantes de escuelas públicas, el 83% no cuenta con dispositivos para recibir docencia virtual. A esto se añade la falta de conectividad en muchos territorios. Además, para la clase virtual se requiere de Internet de por lo menos 5 megas, lo que está por encima del que se utiliza en muchas comunidades y barrios del país. Si todos los años llueven las quejas de los padres, con toda razón, por el costo de los útiles escolares, imaginemos la desolación en que se encuentran hoy ante la necesidad de añadir un dispositivo electrónico por estudiante y, además, contratar un servicio de Internet. A esto se agrega que muchos colegios han cerrado y hay que examinar la capacidad de recepción de estos alumnos en las escuelas públicas.

La buena noticia es que por voz del ministro de Educación, Roberto Fulcar, el Gobierno se ha comprometido a dotar de dispositivo a todos los estudiantes y de garantizar la conectividad a todos los hogares donde no los haya. Al respecto se requiere de información más precisa de cómo se está procediendo en la distribución de los dispositivos para los estudiantes y del acceso al internet por hogares.

El segundo gran riesgo presente es un aumento exponencial de la deserción escolar. En unos casos porque la propia crisis económica empujará a muchos padres a presionar a los hijos a salir a trabajar. En otros casos porque el método virtual resulte frustratorio para muchos niños en ausencia de padres o tutores que puedan apoyarles en el seguimiento de sus clases, situación que se agrava en la inmensa cantidad de madres solteras jefas de hogar.

El Ministerio de Educación tiene en este punto un reto inmenso. Hay que conocer en cada distrito escolar y escuela las situaciones concretas de cada alumno y hacer diseños específicos que permitan dar respuestas a cada situación. Se va a requerir unidades de monitoreo que enciendan la alerta roja cada vez que un estudiante dé indicios de abandono de la escuela. En ese sentido se requiere de una intensa labor de persuasión, por medios de comunicación, organizaciones sociales, iglesias, del involucramiento de las familias y comunidades en el acompañamiento de nuestros estudiantes.

El tercer riesgo es que la educación a distancia se traduzca en un descenso –¡si es que eso fuera posible!— de la calidad educativa en el país. En este punto hay que enfocarse en los docentes. El primer obstáculo está en que de los 100 mil profesores de educación pública, 60 mil carecen de laptops. Y como ha de deducirse, la inmensa mayoría no tiene el entrenamiento necesario para la docencia virtual.

La buena noticia es que el ministerio no solo se ha comprometido a dotar a todos los docentes de dispositivos y de capacitarlos en el manejo de las TIC, sino además de darle el entrenamiento pedagógico y didáctico para impartir esta modalidad de enseñanza. En este punto el Ministerio tiene que disponer de capacitadores de los docente para su monitoreo permanente. Además, es necesario fortalecer la docencia involucrando la televisión oficial y la transmisión por cable y la radio.

Una última cuestión que llama a preocupación es la educación de la primera infancia, respecto de la cual el Ministerio no ha presentando un plan, con la agravante de que un número significativo de preescolares han cerrado por falta de inscripción.

El próximo año escolar 2020-2021 es una responsabilidad compartida entre el Gobierno, los padres y la ciudadanía en general. Es necesario que las organizaciones barriales y comunitarias de diferentes tipos se involucren, en un esfuerzo sin precedentes para salvar este año escolar para bien de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

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Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.