Lula

No hay corrupción buena y corrupción mala. Es inaceptable pretender que haya políticos a los que les está justificado robar. La apropiación de bienes públicos para fines personales o de grupo, sus responsables, tienen que ser ejemplarmente sancionados, sin importar el signo ideológico del que lo haga. La corrupción no castigada es impunidad y eso equivale a pisotear la ley, desmoronar las instituciones y lacerar la moral de una sociedad.

En lo que a mí respecta, no está en discusión de que en los gobiernos de Lula y Dilma Roussef hubo corrupción y que en esa materia sus gobiernos no se diferenciaron de las prácticas comunes a los gobiernos tradicionales de la región y de nuestro país. Los sonados casos de corrupción de sus gobiernos son como estacas clavadas en el corazón de todos los que albergaron en ellos, esperanzas de renovación política progresista.

La operación de corrupción conocida como “Mensalao”, en la que se pagaba sobornos periódicos a legisladores y la red de corrupción puesta al descubierto con la operación “Lava Jato” que develó todo un entramado de lavado de dinero de la empresa Petrobras están ahí y nadie puede negar su ocurrencia. En estos esquemas de corrupción estuvieron involucrados, entre muchos otros, José Dirceu, ex presidente del PT y jefe del gabinete civil del gobierno de Lula (2003-2005), actualmente condenado a 30 años y 9 meses; José Neto, tesorero del PT, actualmente condenado a 15 años de prisión. También Palocci, quien fuera Ministro de Hacienda (2011), condenado a 12 años de prisión.

Nuestro país fue víctima directa de la actuación de la empresa brasileña Odebrecht. Lula jugó un papel importante en conectar a Danilo Medina con esta empresa delincuente y que se le cediera a Joao Santana como asesor para su campaña presidencial y luego para la reelección. Dilma Roussef fue clave para el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina que como conocemos Danilo Medina impuso, en una licitación manipulada, en favor de Odebrecht, con un contrato sobrevaluado en más de 700 millones de dólares.

Es decir, sobre los gobiernos de Lula y Dilma pesa una condena moral de la que ellos tendrán que responder ante su pueblo y la historia.

Lula como cualquier ciudadano no está por encima de la ley y en tal virtud es correcto que se le investigue si hay denuncias o indicios de que pudiera estar implicado personalmente en actos de corrupción. Por tanto, lo que puede discutirse es la forma como se ha llevado a cabo el proceso penal contra Lula y por el cual guarda prisión con una condena de 12 años de cárcel.

Lo primero que resalta en la condena de Lula es la inconsistencia de las pruebas. Ha sido condenado por supuestamente haber recibido en donación un apartamento de la empresa constructora OAS. Lo que hace débil esta acusación es que se sostiene exclusivamente en la “delación premiada” del propietario de la empresa OAS, Leo Pinheiro, condenado en el expediente Lava Jato a 9 años y medio de prisión, quien a cambio de su testimonio acusatorio obtuvo una reducción de su condena. El Fiscal no ha podido presentar una prueba adicional que avale que Lula recibió efectivamente o es propietario del referido apartamento. El Fiscal admitió estar “falto de pruebas” contra Lula, pero si pleno de “convicciones” de su culpabilidad.

A pesar de la demostrada y admitida inconsistencia de los medios de prueba Lula ha sido condenado. Más aún: sin que haya una sentencia definitiva ya guarda prisión, en violación de su presunción de inocencia, con la agravante de que su ingreso a prisión significa la anulación de su candidatura a la presidencia. En este contexto, hay pues razones para pensar que el proceso penal que se sigue contra Lula, más allá de la sanción del supuesto delito cometido, tiene por finalidad impedir su candidatura presidencial, lo que supone una finalidad política y ésto es algo contrario a una sana y correcta administración de justicia.

Lo expuesto lo que significa es que, Lula, como cualquier ciudadano, si es condenado por violar la ley penal, que sea mediante una sentencia fundamentada en pruebas mas allá de toda duda razonable y que durante el procesamiento y, hasta que no opere una sentencia definitiva, se le presuma inocente, se le respete su libertad y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, incluyendo sus derechos políticos.

La lucha contra la corrupción y la impunidad no puede librarse con un Ministerio Público y un poder judicial parciales o de una forma u otra bajo el control o al servicio de fines distintos a la aplicación de la ley. Solo un poder judicial que fundamente sus decisiones en pruebas y que respete los derechos de los acusados producirá decisiones no solo legales, sino además legitimas que vendrán a fortalecer la legalidad e institucionalidad democráticas.

La justicia y los procesos por encargo, al servicio del poder, ya sea para dejar impune o ya sea para condenar, en función de intereses coyunturales del poder, es lo más parecido a un castillo de arena, que como sabemos, se desmorona al primer soplo del viento.

Guillermo Moreno