Miriam y la justicia

La ausencia de un sistema de justicia independiente es una de las carencias más notables de la mal llamada transición democrática dominicana.

Ha destapado una verdadera olla de grillos, en la Suprema Corte de Justicia, la carta de la magistrada Miriam Germán al presidente de ese alto tribunal, del pasado 28 de junio.

Como se conoce, la Procuraduría General de la República, en una rueda de prensa, expresó su interés en que sea el magistrado Francisco Ortega quien presida la audiencia preliminar en el caso Odebrecht, a pesar de que éste ya conoció de las medidas de coerción para los 14 imputados originales en el expediente.

En la rueda de prensa, la Procuraduría General sembró serias dudas sobre la idoneidad de los otros 15 jueces de la SCJ y los presentó favorables a los acusados y a la impunidad.

Es verdad que en esa SCJ los hay que no tienen categoría ni talante para ser juez, pero ese no es el caso de la magistrada Miriam Germán. Por tanto, era natural que ante la imputación de la Procuraduría reaccionara en defensa de su bien ganada trayectoria como jueza.

Miriam Germán representa en mucho ese ideal de jueza honesta, no sumisa al poder de turno, con carácter y criterios propios. Un día habrá que compendiar “Las cartas de Miriam interpelando al poder”, como también “Los decisiones de Miriam en disidencia con el poder”.

Ahora bien, ¿qué es lo que motiva la preferencia de la Procuraduría por el juez Ortega? Evitar que el expediente caiga en manos de un juez que responda a la facción de Leonel Fernández.

¿Y por qué busca la Procuraduría evitar este escenario? Porque está consciente del sesgo del expediente que elaboró en el caso Odebrecht. Si se observa, la Procuraduría centró la acusación en funcionarios y legisladores del periodo 2001-2004 (Hipólito Mejía) y 2004-2012 (Leonel Fernández) excluyendo las obras del periodo de Danilo Medina, así como a importantes funcionarios y legisladores de la facción del presidente.

Más allá del escarceo generado por la carta, lo que queda en evidencia es el mal sabor de las divisiones y luchas de intereses al interior del sistema de justicia y, sobre todo, que éste se encuentra atravesado por la lucha de facciones que se libra en el partido oficial.

La realidad es que en el sistema de justicia del país, una parte de los jueces y del Ministerio Público están alineados a una u otra facción del partido oficial. Entre ambos grupos hay una franja de jueces no alineados, que incluso pudieran llegar a ser numéricamente mayor. El quid del asunto está en que los jueces alineados al partido oficial y sus facciones son los que tienen el control de la mayoría de los órganos de decisión y control del sistema de justicia.

Es bien conocido cómo se integró la actual Suprema Corte de Justicia. Una parte mayoritaria, incluyendo su presidente, fue electa por ser miembro del partido oficial y principalmente por su identidad y lealtad al entonces presidente de la República Leonel Fernández. Ese mismo esquema se reprodujo en muchas cortes y tribunales de primera instancia y juzgados de instrucción.

Igual sucede en el Ministerio Público. El procurador general de la República es designado por Danilo Medina atendiendo a su lealtad política. A su vez, la Procuraduría ejerce el control del Consejo del Ministerio Público y por esa vía anula en la práctica la independencia de la institución.

Este control absoluto del sistema de justicia es lo que garantiza impunidad a los funcionarios y representantes del partido oficial respecto de los graves actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en que muchos están involucrados.

La ausencia de un sistema de justicia independiente es una de las carencias más notables de la mal llamada transición democrática dominicana. Sin independencia judicial no hay real transparencia, ni rendición de cuentas, ni seguridad jurídica, ni vigencia del estado de derecho y sí muchos privilegios en favor de los favorecidos por el poder.

Las sociedades, para organizar la convivencia y manejar el conflicto social, necesitan de un árbitro confiable. En la democracia ese papel le corresponde al sistema de justicia.

La primera condición para que un sistema de justicia resulte creíble y confiable es que sea independiente y que sus integrantes solo estén sometidos a la obligación de decir el derecho, esto es, a aplicar la ley.

La independencia judicial tiene dos dimensiones: la externa, es la que resguarda a la administración de justicia de la interferencia de los demás poderes públicos y de intereses corporativos, y la interna, que garantiza que el juez no esté sometido en su decisión concreta a directrices emanadas de tribunales superiores u otros órganos dentro del poder judicial.

Un árbitro, por definición, tiene que ser imparcial respecto de los intereses sobre los que le corresponde decidir. Un árbitro parcial es una contradicción en términos. Además tiene que ser honesto y capaz.

Cuando en una sociedad el árbitro no es confiable, entonces la ciudadanía tiende a resolver por sí misma y por sus propios medios los conflictos y, como es natural, pasa a primar la ley del más fuerte. En una sociedad así, se profundizan las injusticias y los privilegios. Una sociedad, en esas condiciones, camina hacia la desintegración social y el caos.

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