No hay un plan para detener el creciente endeudamiento

«Los directores [del FMI] acordaron que el fortalecimiento en el mediano plazo del marco fiscal será crítico para impartir disciplina, predictibilidad y credibilidad a la política fiscal. Reconociendo varias opciones de reformas, ellos notaron que un ancla en el mediano plazo ayudaría a guiar la política fiscal, mientras tanto una simple y creíble reglas apoyen su implementación. (...) La carga del servicio de la deuda está creciendo, trayendo a cuestionamiento la afordabilidad de la deuda. La proporción del pago de intereses con respecto a los ingresos está entre las más altas en las comparaciones internacionales». Fondo Monetario Internacional, Art. IV, marzo 2017

La nueva formulación presupuestaria -2018- viene acompañada de viejos trucos. Por ser tan reiterativos no quita que la crítica sea igual de reiterativa: el presupuesto se basa en una aberración institucional como la de desconocer las distintas leyes que establecen determinados porcentajes de los ingresos fiscales para ser asignados a más de una decena de instituciones públicas. La respuesta es también la misma: el gobierno no tiene forma material de cumplir con esos porcentajes, y a lo imposible nadie está obligado. Cierto. Pero resulta que el cumplimiento de las leyes es un rasgo distintivo de la institucionalidad, la que, a su vez, es un factor importante para medir la competitividad de un país. Si esas leyes especiales no pueden ser cumplidas solo queda el camino de modificarlas o simplemente eliminarlas; se trataría de un ejercicio de transparencia al que tanto miedo le tenemos.

Justificado en una “deuda social” -que nunca podrá “saldarse” mediante el presupuesto nacional- el gobierno insiste en un proceso de endeudamiento que ha ido paulatinamente socavando las bases de la estructura fiscal dominicana, acumulando, año tras año, niveles que parecen preocupar a todo el mundo -incluyendo a los organismos internacionales- menos al gobierno. “La deuda es manejable... está bajo control”, es lo que se ha dicho. En el ínterin, al finalizar el presente ejercicio presupuestario se le habrá agregado unos diez mil millones de dólares al nivel de endeudamiento público existente al cierre del 2012. Se dice rápido, pero eso representa un incremento aproximado del 50% en tan solo cinco años. A esto habría que agregar los casi mil ochocientos millones de dólares de endeudamiento neto del gobierno central contemplados en el presupuesto de 2018, lo que situaría la deuda pública no financiera por encima de los treinta mil millones de dólares; si le sumamos unos diez mil millones de dólares de la deuda del Banco Central el monto total de la deuda pública sobrepasaría en el 2018 los cuarenta mil millones de dólares; esto sería, holgadamente, por encima del 50% del PIB.

En el presupuesto de 2018 se contempla la emisión de nuevas deudas por un monto de RD$213,678.3 millones o su equivalente en dólares, unos USD 4,500 millones. Puesto en perspectiva, la nueva emisión de deuda representa un 35% de los ingresos fiscales presupuestados para el año venidero. Esto tiene la implicación de que un incremento de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales -especialmente en USA, como se espera- podría endurecer o empeorar las condiciones de acceso de la República Dominicana a dichos mercados; de manera que, independientemente de que la mayor parte de la deuda dominicana esté a tasas fijas, el país no se libera de los incrementos en las tasas de interés para nuevos financiamientos, indispensables para la ejecución presupuestaria. Peores condiciones en el costo de la deuda agravan el problema de la sostenibilidad fiscal.

Peor aún. El servicio de la deuda del gobierno central (pago de intereses más aplicaciones financieras) consumirá en el 2018 la alarmante proporción del 46% de los ingresos tributarios, en contraste con el 38% que representó en 2013. Ante esa realidad es contraproducente que en nombre del activismo fiscal continúe la expansión del gasto por encima, incluso, del crecimiento nominal de la economía. Es una tendencia que tiene que ser revertida, de alguna manera; de lo contrario, en algún punto se detendrá abruptamente.

En otras ocasiones hemos destacado el rol que juega la relación entre las tasas de la deuda pública y el crecimiento de la economía a los fines de evaluar la sostenibilidad fiscal. Cuando la tasa de interés de la deuda es superior al crecimiento de la economía -capacidad de generar riqueza- se dice que las cuentas fiscales entran en una senda de insostenibilidad. De acuerdo con lo presupuestado para el 2018 se esperan emisiones de deuda interna por un monto de RD$ 70,000 millones y emisiones de deuda externa por unos RD$ 144, 000 millones. La tasa de interés promedio de las emisiones domésticas se situó en un 12.5% a junio del presente año, lo cual significa que las nuevas emisiones de deuda doméstica para el 2018 agregarán -muy probablemente- un ingrediente de insostenibilidad a las finanzas públicas, pues se colocarían a una tasa superior al crecimiento nominal de la economía. Algo parecido pasaría con las emisiones en dólares de bonos; la tasa promedio que estos verificaron en junio pasado fue del 7.2% -cálculos de la Dirección General de Presupuesto. Si a esto agregamos el riesgo cambiario -unos tres puntos porcentuales- la tasa de colocación de los bonos en dólares en el 2018 también estaría por encima del crecimiento económico. Por tanto, las nuevas emisiones de deuda profundizarían los problemas de sostenibilidad fiscal.

Realmente, ¿se necesita una mayor argumentación para que las autoridades oficiales tomen en serio el problema del endeudamiento? Parece que sí, pues en el presupuesto de 2018 no hay pistas de que el gobierno tenga un plan de contingencia ante el creciente endeudamiento público; como dice el refranero popular, a buen entendedor pocas palabras bastan...

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Pedro Silverio Alvarez