No solo la punta de Catalina

¿Está el gobierno dispuesto a vender o no una participación mayoritaria? Aceptar una posición minoritaria en una empresa estatal implica enormes riesgos. ¿Quién administra la empresa? Todavía no se ha licitado un contrato de administración. Si este solo cubre los aspectos técnicos, entonces el Estado nombra a funcionarios y empleados (desde que la Shell vendió la Refinería al Estado su nómina se ha duplicado) y decide a quién comprar el carbón, un contrato muy añorado por los “compañeros” por sus comisiones. Consecuentemente, al sector privado solo le interesaría invertir si el Estado deviene en accionista minoritario. Bernardo Vega, Hoy, octubre 11, 2016

El proyecto en ejecución de las plantas a carbón en Punta Catalina ha devenido en un laboratorio para la improvisación de estrategias que revelan patentemente una falta de claridad en los propósitos que empujaron al gobierno a comprometerse -sin considerar a las oportunas críticas que expertos en el tema externaron desde un primer momento- en una aventura que podría resultar altamente costosa para las finanzas públicas dominicanas; aunque pudiera generar beneficios a particulares.

Inicialmente, la justificación dada fue la necesidad -desde el punto de vista de sus promotores- de tener una generación de electricidad en manos del gobierno para contrarrestar el poder de fijación de precios de los generadores privados. Vista superficialmente la idea parecía buena, pero ignoraba -y continúa ignorando- los perniciosos efectos que sobre el futuro de la industria eléctrica tendría un generador gubernamental definiendo su política de precios con el respaldo del presupuesto nacional; de esa manera, no habría un generador privado que pudiera competir con el poder del Estado. Pero, además, desconocía la desastrosa experiencia dominicana en materia de empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico.

Este panorama fue complicado con la imposibilidad de obtener todo el financiamiento requerido -aun cuando la empresa ganadora tenía el compromiso de conseguirlo- para un proyecto que resultó objetado no solo desde el punto de vista medio ambiental, sino también desde la óptica técnico-financiera. La falta de financiamiento comprometió cientos de millones de pesos del presupuesto nacional y una cuestionada reingeniería financiera con el banco estatal. Ante esta realidad ha sido necesario replantearse el tema de la participación privada -previamente descartada- en la terminación del proyecto.

Por lo que se ha planteado, el gobierno o la CDEEE emitiría valores de oferta pública por un monto de mil millones de dólares, lo que representaría un poco menos del 50% de la inversión estimada para concluir la instalación de las plantas a carbón. El esquema sería muy similar al proceso de capitalización privada que se ejecutó a finales de los 90’s, y que la actual gestión ha tratado de revertir, precisamente con el proyecto de Punta Catalina. Todo parece indicar, sin embargo, que la administración quedaría en manos del sector público.

Ahora bien, toda emisión de valores de oferta pública está regulada por la Superintendencia de Valores (ley 19-00 y su reglamento) con unos procedimientos que persiguen garantizar que los potenciales inversionistas tomen sus decisiones con las informaciones necesarias para estimar el nivel de riesgo que asumirían al invertir en esos instrumentos financieros. Dentro de los requisitos está la elaboración de “un prospecto que contenga, entre otras cosas, información económico financiera de por lo menos los tres (3) años de operaciones de la empresa previos a la solicitud, así como documentación legal de la misma, características de los valores y la calificación de riesgo de los valores a ofertarse, si procediere, en base a los términos establecidos en esta ley y su reglamento”; aspectos éstos cruciales para la exitosa emisión de títulos de oferta pública.

Como es obvio, las plantas a carbón no son una empresa en operación y, por tanto, no cumple con los tres años de operación. De acuerdo con la ley una emisión de esta naturaleza tendría que catalogarse “como emisión de riesgo y sólo podrán ser transadas en sesiones especiales de la bolsa, advirtiendo al público inversionista del carácter de riesgo e incertidumbre de las mismas”. Colocar un monto tan importante –USD1,000 millones- bajo condiciones tan explícitas de riesgo pudiera desalentar a los interesados; a lo que habría que agregar los riesgos que representaría una gestión politizada al frente de un proyecto que como éste no tiene precedentes en nuestra historia.

La emisión de acciones es, además, una manera de evitar que la deuda pública se incremente en cerca de 50 mil millones de pesos, en caso de que se tratara de una emisión de bonos con la garantía del Estado Dominicano. Probablemente, por eso se ha elegido la vía más complicada, que es la emisión de acciones. Hay otras dos vías que no lucen promisorias: el uso de los fondos de pensiones o que esta emisión de acciones se clasifique –irregularmente- como una emisión privada. En ambos casos, tendrían que enfrentarse con una opinión pública –con razón- sumamente adversa.

Si bien es cierto que las plantas a carbón se han estado instalando contra viento y marea, no es menos cierto que tanto viento y tanta marea han ido poniendo este proyecto a la deriva; y su rescate parece estar –paradójicamente- en las manos de salvavidas privados. Pero para esto se requiere pagar el precio de la transparencia: estados financieros auditados y una valoración de mercado de las inversiones realizadas, entre otros detalles. Como se puede apreciar no se trata de mostrar la punta de Catalina...es necesario mostrar a Catalina completa.

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Pedro Silverio Alvarez