Odebrecht, corrupción y gobernabilidad

«La corrupción equivale, simplemente, a robar a los pobres. Constituye un doble menoscabo del crecimiento y la prosperidad, en lo que se refiere no solo al desvío de recursos de sus fines previstos sino también a los efectos a largo plazo de los servicios que no se prestan: falta de vacunación, falta de suministro de útiles escolares, falta de construcción de caminos. En mis viajes por el mundo he visto el efecto corrosivo de la corrupción en la vida de los pobres, y el consiguiente deterioro pronunciado de la confianza de los ciudadanos en sus Gobiernos». Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, mayo 12, 2016

Esta ha sido una semana institucionalmente muy complicada para la República Dominicana. Después de un año y medio desde que estallara el escándalo de Odebrecht finalmente se presenta un expediente acusatorio contra siete imputados. Y todo parece indicar que al proceso de investigación se le hizo una fina cirugía política para evitar que efectivamente se llegara “hasta las últimas consecuencias”. Pero en algunos estamentos del Estado y en parte de la opinión pública se tiene la creencia –no podemos llamarla de otra forma- que la gobernabilidad del país no aguanta que los procesos de corrupción lleguen hasta esas últimas consecuencias. Es una forma inadvertida de decir que todo el liderazgo político está corrompido; lo cual, no es necesariamente cierto. Se podría hablar, sin embargo, de un sistema que ha sido permeado por una corrupción que se ha alzado con el rango de sistémica.

Una vez que la corrupción se ha hecho sistémica, como parece ser el caso de la República Dominicana, se hace muy difícil desmontar su entramado, especialmente porque la corrupción no solo redistribuye los recursos económicos de la sociedad, sino que también provoca una concentración del poder político en quienes más se benefician de ella; lo que, a su vez, hace casi imposible reformas que sean efectivas para hacer avanzar institucionalmente a un país. Un claro ejemplo de ello es lo difícil que ha resultado la aprobación de una ley de partidos que genere menos oportunidades para la corrupción y la asimétrica concentración del poder político. Un proyecto ley que va más allá del tipo de primarias que debe aplicarse, pero que en opinión de algunos especialistas pudiera legitimar o legalizar –a través de vacíos en la legislación- las contribuciones ilegales que Odebrecht hizo a campañas electorales en República Dominicana, tal como lo hizo en otros países de la región.

Así como algunos países son tipificados como paraísos fiscales, nuestro país, con una corrupción que crece más rápido que el PIB, pudiera estar configurando un cuadro de paraíso de la corrupción. Es una percepción que ha sido eficientemente alimentada por numerosos casos de corrupción con ramificaciones internacionales. El hecho de que Odebrecht –luego de sentirse acorralada por la justicia en Brasil- haya mudado a República Dominicana su oficina de sobornos y financiamiento electoral es un claro indicador de la seguridad “jurídica” que esa empresa sentía al mudarse a un paraíso de complicidad e impunidad. Esa imagen internacional se deteriora cada vez que la única fuente de sanción –la que se origina en Estados Unidos- para la corrupción dominicana toma decisiones que afectan a funcionarios o ex funcionarios, como se ha anunciado durante esta semana.

Llama mucho la atención, en este contexto, que cuando se habla de la necesidad de una reforma fiscal o de la necesidad de aumentar la presión tributaria los funcionarios públicos recurren al apelativo de que los “dominicanos deben decidir qué tipo de sociedad quieren”, como insinuando que si quieren una mejor sociedad deben estar dispuestos a pagar mayores impuestos. Nunca hemos escuchado, sin embargo, que los funcionarios recurran al mismo apelativo cuando se trata de la corrupción. Y es desde la óptica de la corrupción cuando más aplica preguntarnos qué clase de sociedad queremos. Recientemente, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia de Santo Domingo (AEIH) estimó que la corrupción sustrae alrededor de RD$26,000 anuales, a la vez que destaca que “otra secuela terrible de la corrupción es el incremento de la inestabilidad fiscal, haciendo crecer el déficit al desincentivar el cumplimiento formal de los contribuyentes”. Sin dudas, una cultura generalizada de corrupción tiene un impacto altamente negativo en las recaudaciones.

Cuando la corrupción se generaliza pone en jaque a la gobernabilidad política, pues socava los cimientos de las estructuras partidarias, particularmente del partido gobernante. El dilema que esto plantea es que si los procesos se llevan “hasta las últimas consecuencias” se provocaría una grave crisis institucional, de la que nadie tendría control sobre sus resultados. Por otro lado, si no se hiciera nada el deterioro continuaría hasta que el repudio generalizado provoque la crisis que se quiso evitar con la inacción. El expediente de Odebrecht es un intento de contener esto último –probablemente, sin éxito- sin hacer grandes sacrificios políticos.

Pero no se debe obviar el hecho de que si el país se encuentra frente a un dilema de crisis institucional la responsabilidad fundamental es de gran parte del liderazgo político que ha patrocinado o permitido la sistematización de la corrupción. No puede, ahora, ese mismo liderazgo escudarse en los peligros de la crisis para imponer su pragmatismo político. Es hora de reescribir la ecuación de gobernabilidad política sin que la corrupción sea su sostén principal. Por una sencilla razón –como he planteado anteriormente-, ninguna sociedad puede enriquecerse robándose a sí misma...

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