Pasando balance al 2021

Al cerrar el año es oportuno repasar lo ocurrido, sobre todo frente a un Gobierno que ya lleva año y medio en la dirección del Estado.

SALUD. Ante la pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas fue un acierto del Gobierno que preside Luis Abinader haber concentrado sus energías en la adquisición de las vacunas de diferentes orígenes y la vacunación de la población, lo que se ha traducido en que ya cerca de un 70% está vacunada. El efecto positivo de esta política se palpa en una notable baja de las defunciones y en la casi total normalización de las diferentes actividades y la reactivación de la economía.

El manejo de la pandemia por el Gobierno nos deja algunos asuntos pendientes.

I) En las informaciones brindadas hubo un subregistro de las defunciones, lo que se puso en evidencia con las cifras aportadas por el órgano electoral que duplicaban las aportadas por el Ministerio de Salud. Hasta la fecha no se tiene una explicación satisfactoria de esta notable discrepancia.

II) Las cantidades de vacunas adquiridas más que duplicaban las que se necesitaban conforme nuestra población. Varios de los contratos de compra de las vacunas fueron concertados en condiciones perjudiciales para el país, algunos sin garantía de entrega. En estos momentos no se tiene un informe de la cantidad de vacunas adquiridas, las recibidas, las utilizadas, el destino de las restantes, el precio pagado y quiénes realizaron la labor de intermediación. Sobre todo este asunto está pendiente una auditoría que esclarezca tales cuestiones.

III) Se observa un deterioro progresivo en otras áreas del sistema de salud. Es el caso del incremento de las muertes materno-infantiles. Al respecto, el pasado 20 de noviembre, día de la infancia, el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) reveló que que en promedio en el país mueren cada día 11 bebés menores de un mes, de los cuales 8 se producen por causas evitables.

IV) Si algo ha dejado en evidencia la pandemia son las grandes deficiencias presentes en el sistema salud. En gran parte esto se debe a la baja inversión del Estado en salud, que no rebasa el 2% del PIB, y el promedio de la última década es de un 1.6%. Es por eso que resultó alarmante que el actual Gobierno, valiéndose de su mayoría en el Congreso, redujera unos 8 mil millones de pesos al presupuesto de salud en ejecución este año, a sabiendas de las condiciones precarias en que operan los hospitales del Estado, en los que faltan equipos, insumos para laboratorios y cirugías, ambulancias, medicamentos, además de médicos especialistas, enfermeras, bioanalistas. A todo esto debe añadirse que unos 16 hospitales provinciales y municipales se encuentran desde hace 7 años en una reconstrucción que no termina.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. La investigación y persecución penal de familiares muy cercanos, funcionarios y altos jerarcas militares, incluidos generales activos, del entorno directo del expresidente Danilo Medina ha sido el buque insignia en materia de la lucha contra la corrupción de este Gobierno. Estos procesos son la derivación del acierto de nombrar a la magistrada Miriam German como Procuradora General de la República. Su trayectoria de honestidad, capacidad e independencia, por más de 40 años en el servicio judicial, en medio del lodazal putrefacto de una Justicia corrupta y comprometida con el poder político de turno, es lo que la convierte en la columna de sostén de la actual arremetida contra la corrupción, dándole credibilidad y legitimidad a los procesos iniciados. Por igual, otro punto positivo es la decisión del Poder Ejecutivo de conformar, mediante decreto, un equipo de abogados para representar los intereses del Estado en los casos de corrupción para que encaminen las acciones y procesos necesarios para la recuperación del patrimonio público defraudado, presidido por el destacado abogado Jorge Luis Polanco.

Ahora bien, son varios los cuestionamientos a la actual lucha contra la corrupción.

I)El más generalizado se refiere a que hasta ahora, en año y medio de gobierno, la investigación y persecución penal ha estado concentrada en el entorno de Danilo Medina, sin tocar, otros miembros del Comité Político del peledé, ni la abundante corrupción del periodo 2004-2012. De continuar así, entonces estaríamos ante una persecución penal válida pero selectiva.

II) Si bien hay que reconocer que el presidente de la República ha destituido a buena parte de los funcionarios denunciados por la comisión de actos de corrupción o graves irregularidades, sin embargo, en la mayoría de estos casos, el Ministerio Público no ha abierto una investigación y persecución penal, contrastando con la actitud que asume en otros casos de corrupción.

III)Un hecho que puso en evidencia las limitaciones del Ministerio Público del país fue lo ocurrido con la denuncia hecha por el Consorcio de Investigación Periodística sobre las sociedades “offshore”, en los llamados Pandora Papers. En éstos figuran tres presidentes en funciones: los de Chile, Ecuador y República Dominicana. En los dos primeros países citados, el Ministerio Público abrió una investigación, lo que no hizo el dominicano.

IV)De igual forma, respecto del contrato conocido como “Peaje Sombra”, para la construcción de la carretera de Santo Domingo a Samaná, no es suficiente con la rescisión del contrato dispuesta por el Poder Ejecutivo, luego de una sustanciosa indemnización en favor de la contraparte del Estado. En casos como este, se impone auditar y abrir una investigación penal en todo lo concerniente a lo que fue su negociación y firma en el ejecutivo y aprobación en el congreso pues las condiciones tan onerosas en que se concertó hacen sospechar la existencia de sobornos, tráfico de influencias, entre otras.

V) El Ministerio de Energía y Minas acaba de contratar los servicios de comunicación estratégica sobre el sector minero de una empresa, obviando el concurso, invocando el proceso de excepción de la ley, por supuestamente no existir otras empresas con el expertise para participar en la licitación, lo que ha sido desmentido. Además, la empresa a la que se le adjudicó tiene conflicto de intereses pues también le hace comunicación estratégica a una de las empresas mineras del país. Este tipo de prácticas, tan frecuentes en las administraciones peledeístas, se creían superadas en el gobierno del cambio. (continuará).

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.