Plátanos importados, ¿y qué?

Desde muy lejano en el tiempo ha existido el dilema de a qué prioridad atender, si a quienes producen alimentos o a quienes los consumen, pese a que unos no pueden existir sin los otros.

No hay consumo sin producción, salvo que los alimentos se traigan del exterior. Y si esto último ocurre, surge entonces la preocupación de tener que depender de otros para alcanzar la seguridad alimentaria.

A lo largo de la historia, el interés político se ha encargado de despejar cualquier vacilación, pero varía en el tiempo llevado por las circunstancias.

Quizás fueron los romanos los que mejor comprendieron el fenómeno, y con más claridad adoptaron una decisión, que puede condensarse en la dupla pan y circo. Pan de donde pudiera provenir para satisfacer las necesidades alimentarias básicas y circo para entretener al pueblo.

En la primera mitad del siglo 19, en Gran Bretaña se produjo un choque de concepciones entre la corriente mercantilista y la de libre comercio, conectada esta última con el desarrollo capitalista, que se encontraba en proceso de expansión por la revolución industrial.

En 1815 se aprobaron las Leyes de Granos, que consistían en la aplicación de aranceles altos para impedir la importación de cereales a precios bajos, sobre todo de trigo, protegiendo así la producción inglesa.

En 1846 estas leyes fueron derogadas, y se estableció el libre comercio, muy conveniente en ese momento para la potencia que dominaba los mares, la tecnología y la industria.

Con el paso del tiempo, y hasta nuestros días, el Reino Unido, y por extensión los países avanzados, han logrado tener una agricultura próspera, de alta tecnología y capitalización, pero subsidiada, que logra el objetivo de asegurar el abastecimiento de alimentos de primera calidad.

El debate ha culminado en esos países con la decisión de proteger eficazmente a sus productores agropecuarios, cargando el erario público, es decir a la sociedad en su conjunto, con el coste de esa política.

Contra eso no han valido argumentaciones en pro del libre comercio, ni del desmonte de los subsidios. La Organización Mundial del Comercio ha sido eficaz en desmontar aranceles y subsidios para todo tipo de bienes y servicios, menos para los agropecuarios producidos en los países avanzados.

Eso es una demostración inequívoca de quiénes son los que poseen el poder de decisión a escala mundial y también una contradicción que no resiste un análisis desapasionado, pues quienes predican el libre intercambio se guardan la carta de las excepciones para aquellos bienes en que no son competitivos, bajo el argumento y necesidad de alcanzar la seguridad alimentaria.

Yendo al plano local, una vez un ministro de Salud dijo que la plaga de mosquitos se podía controlar si cada dominicano se propusiera matar de un manotazo, cada día, uno de ellos, lo que hubiera producido una mortandad de 9 millones de mosquitos diarios, hasta su extinción.

Ahora, el ministro de Agricultura acaba de proponer que en vez de comer plátanos, muy caros en este momento por la sequía, se ingieran papas, que están más baratas.

Ambas aseveraciones están repletas de la misma lógica elemental, e incorporan el encanto de lo sencillo, pero han sido o son tomadas a broma, quizás porque la gente piensa que desde el Estado se esperan cosas de mayor envergadura o espectacularidad.

De ahí que haya surgido la propuesta que alegra y enriquece a determinados segmentos: importar para vender a precios más bajos. Así el consumidor consumirá plátanos foráneos (cuidado con las plagas) y menos papas locales; se gastarán divisas; y los intermediarios continuarán ganando mucho dinero.

Todo un lecho color de rosa, salvo para los productores.

¿Y qué?

¿Tiene el productor agropecuario algún poder político? Es obvio que no.

Pues entonces, no hay duda. La decisión es en favor del intermediario, perdón del consumidor, para que consuma lo que más le gusta, aunque nutra menos. ¿Y qué?

(El plátano en los comercios se vende a un múltiplo de más de tres con respecto al precio en finca). ¿Y qué?

No importa que los campos luzcan cenizos y vencidos por la fatal sequía, que lleva camino a convertirse en histórica, aunque parece que las lluvias ya han empezado. No preocupa que los agricultores hayan perdido sus cosechas y apenas les quede algunas matas famélicas que ni siquiera alcanzarán para saciar su propia hambre.

Los países avanzados resolvieron el dilema protegiendo la producción en nombre de la seguridad alimentaria.

Un país pobre como República Dominicana luce orientado a olvidar la seguridad alimentaria, relegar a los productores, y complacer a los que poseen capacidad de votos, llenando de paso el bolsillo al comercio. ¿Y qué?

Eduardo García Michel