Poderes Públicos secuestrados

El peledé, más que partido oficial o gobernante es un partido Estado. Este partido tiene sometidos a su dominio los poderes públicos y las decisiones claves que éstos adoptan están supeditadas a los intereses de esta agrupación política.

Hoy día, la separación entre partido y poderes del Estado está desdibujada o, mejor aún, los intereses de ese partido se han encarnado en los poderes del Estado. La autonomía de estos poderes se da, en tanto y en cuanto un asunto no entre en contradicción con los intereses del partido o de la facción que en cada escenario de poder tiene el control.

No vaya a creerse que esta es una derivación de que el peledé tiene mayoría en esos órganos del Estado. En realidad es mucho más: responde a una concepción del Estado y del poder y, en estos momentos es la garantía de impunidad luego de casi 20 años en el gobierno y una larga cola de actos reñidos con la ley.

El drama que se vive con la ley de partidos es una muestra del funcionamiento del partido Estado. La lucha fratricida que se libra en el peledé entre dos facciones por la candidatura presi- dencial es lo que imposibilita que la ley pueda aprobarse.

Sencillamente, la facción danilista quiere primarias abiertas para prevalerse de su actual posición dominante en el Gobierno y hacer uso del presupuesto y los planes de asistencia social a favor de la candidatura presidencial. Precisamente, por esa misma razón es que la facción leonelista se opone y quiere primarias cerradas. Estas dos facciones, como ellas se asumen que son el Estado, no tienen reparo en llevar sus contradicciones al escenario congresual e instrumentalizar este poder del Estado. A ambas facciones poco les importa que sus legisladores no cumplan con sus responsabilidades de representación y en este caso satisfagan el reclamo ciudadano de una norma que regule la actividad de los partidos.

De igual modo es ese espíritu de partido Estado el que se pone de manifiesto cuando los grupos que actúan al interior del peledé desconocen, lanzan improperios y violan sin sonrojo la disposición de la Junta Central Electoral que en aplicación de la Ley Electoral prohibió por extemporáneas las campañas proselitistas de precandidaturas que se han desatado al interior de ese partido. Es como si el partido Estado estuviera por encima de la ley y por tanto sus miembros no tienen por qué acatar la resolución de la JCE, como de hecho no lo hacen.

Ahora bien, lo que ha puesto de relieve hasta dónde llega el secuestro de la institucionalidad por el partido Estado es lo sucedido en la Cámara de Diputados ante la solicitud de la diputada Faride Raful y otros legisladores para el nombramiento de una comisión para investigar los varios contratos por una suma ascendente a RD$1,400 millones concertados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación, con Joao Santana y Mónica Moura, en el período 2012-2016.

Es la Constitución de la República la que en su artículo 93, ordinal 2, literal “e” dispone las atribuciones del Congreso en materia de fiscalización y control y a esos fines le faculta para “nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancias de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente”. El artículo 246 le reitera esta responsabilidad al disponer: “[e]l control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional...”

¿Cuál fue la reacción de los diputados del partido Estado? Primero obstaculizar que la diputada Raful hiciera uso de la palabra y luego rechazar su pedimento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, fue más lejos. Para él casos como estos no deben investigarlos los legisladores, sino que “ ...la misma historia se encargará de demostrar la falsedad de todas esas acusaciones” ... “yo me adhiero total y absolutamente a la defensa del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana” (El Caribe. Pág. 12. Sábado 21.07.2018).

El peledé y Danilo Medina tienen plena conciencia de que si estos contratos se investigan quedará al descubierto toda la trama de corrupción que desde la Presidencia de la República sirvió para financiar, primero la modificación de la Constitución para introducir la reelección y luego la campaña reeleccionista. Queda al desnudo la ilegitimidad del actual mandato de Danilo Medina. Lo que procedería, si en el país hubiese institucionalidad democrática, es presentar formal acusación para hacerle un juicio político a Danilo Medina que podría conllevar su destitución de la Presidencia de la República, sin perjuicio de su procesamiento penal.

Como puede deducirse, es la condición de partido Estado, sometiendo a su control los poderes del Estado, lo que le garantiza impunidad a la claque que desde hace casi 20 años nos gobierna.

A Danilo Medina y al peledé les pasa como a aquél que, estando encima del tigre, teme bajarse por temor a que se lo coma. La pregunta es ¿hasta cuando aguantará el tigre esta pesada carga?

Como puede deducirse, es la condición de partido Estado, sometiendo a su control los poderes del Estado, lo que le garantiza impunidad a la claque que desde hace casi 20 años nos gobierna.

+ Leídas