Por un Gobierno ético y una verdadera Justicia

Luego de los resultados de uno de los procesos eleccionarios más largos, complejos y agotadores de nuestro país en toda su historia, en el cual se celebraron prácticamente 4 elecciones (octubre, febrero, marzo y julio), la última realizada en medio de la pandemia del Covid-19 que está azotando la mayor parte del mundo, gracias al Todopoderoso y al carácter cívico de los dominicanos tenemos un veredicto y un nuevo Presidente: Luis Abinader Corona.

Para nadie es un secreto que la mayor aspiración que tiene el pueblo dominicano en el gobierno que empieza el 16 de agosto, reside en las expectativas de cambio, sobre todo en implementar un gobierno ético y moral, compuesto por personas de principios y valores, con un efectivo régimen de consecuencias para la corrupción del pasado, presente e incluso los actos indebidos del futuro; he ahí el mayor desafío del nuevo gobierno.

Aunque soy abogado y estoy consciente de los desafíos que debemos superar para conseguir una Procuraduría Independiente, debo reconocer que es desalentador escuchar a los grandes expertos penalistas enumerar en la radio y la TV, todos los obstáculos según ellos “insalvables” que existen para que haya un procurador independiente y una justicia decente en nuestro país. Afirman como un axioma que no hay un dominicano que encarne las virtudes anheladas y que al parecer tendríamos que importarlo de Noruega o Suiza. Nada más alejado de la Verdad.

Yo les pregunto a todos esos pesimistas, ¿no fue el dominicano Juan Miguel Castillo Pantaleón que resolvió el caso Orlando Martínez (con casi 20 años engavetado) con condenas ejemplares para los culpables y tuvo inclusive la “osadía” de hacer justicia en pleno gobierno del Presidente Balaguer? ¿No fue el paisano Cesar Estrella Sadhalá el que organizó como Presidente de la JCE unas elecciones inobjetables en el 1996 cuando eso era una misión imposible? ¿Acaso ignoran el caso paradigmático de imposición de disciplina social en el ordenamiento del tránsito cuando inició la AMET bajo la conducción de Hamlet Hermann? y finalmente, ¿no recuerdan todos la labor encomiable realizada por la quisqueyana Doña Zaida Lovatón en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos?, todos dominicanos de pura cepa con una gestión que no será perfecta pero si excepcional.

Con las menciones anteriores queda demostrado, que cuando hay decisión, carácter, vocación de servicio y amor al país es posible vencer los obstáculos y hacer un buen trabajo. En fin no creo, declaro enfáticamente que estoy seguro que nuestro país está lleno de gente buena, motivada, con las destrezas y competencias para colaborar en hacer un gobierno y una justicia para la posteridad.

Retomando el aspecto técnico-administrativo del tema de la Procuraduría Independiente sugiero al equipo jurídico del presidente Abinader tomar en cuenta los resaltables aportes realizados por el profesor José Luis Taveras en sus 3 artículos titulados ¿Fiscal Anticorrupción?, en este Diario Libre.

Muchos juristas han insistido que el obstáculo principal que impide tener un Procurador Independiente radica esencialmente en que lo designa el presidente, por lo que se necesitaría una Reforma Constitucional para cambiar el mecanismo de designación; no obstante lo anterior, como abogado y más como dominicano deseo aprovechar este espacio para hacer con todo respeto una propuesta abordando este punto en el sentido de que el Presidente Abinader el 16 de agosto sin necesidad de una Reforma Constitucional, puede mediante Decreto formar un “Comité Consultivo para la Procuraduría Independiente” compuesto por el presidente de la República, los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, un diputado y un senador de un partido distinto al del Presidente de cada Cámara del Congreso, el Presidente del CONEP y un representante de la Iglesia Católica, donde cada uno tendría voz y voto; consignando en el Decreto que la decisión mayoritaria del Comité seria vinculante para la designación del Procurador/a por parte del Presidente.

Dicha elección seria respetuosa de la Constitución, estaría revestida de legitimidad democrática y social, constituyéndose la misma en un hecho sin precedentes en el sistema democrático del país y demostrando el Presidente Luis Abinader desde el inicio de su gestión que cuando hay voluntad política siempre se encuentra el camino para hacer las cosas bien.

Tabaré Ramos Concepción