20161012 http://www.diariolibre.com

Los resultados del Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial (CC), financiado con US$30 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), exhiben luces y sombras. Mientras la imagen de la CC ha mejorado, algunas intervenciones se cuestionan por inadecuadas. Pero ahora toma cuerpo una intención de tomar otro préstamo al BID por US$90 millones para la CC que, al trastocar las prioridades de desarrollo del sector turístico, hundiría lo logrado en una ominosa sombra.

La CC ameritaba una intervención que propiciara la visitación turística. En el Plan Cuna de América del 1981 se vislumbró esa remodelación con un financiamiento del BID. Pero la renuencia balaguerista al endeudamiento externo dejó esa intención en el limbo. Siguieron varios planes e intentos posteriores del mismo BID por retomar el asunto, con alternativas entre los US$10 y US$50 millones. Sin embargo, los enconados conflictos entre los actores locales no permitieron avanzar.

En el 2012, el MITUR inició la ejecución del actual proyecto de tres componentes (http://81.47.175.201/stodomingo/docs/Programa_fomento_turismo_ciudad_colonial_2013.pdf ). El primero tiene asignado dos terceras partes del préstamo y busca desarrollar la “oferta turística clave”. El Componente 2 busca la integración y el fortalecimiento de las capacidades de los recursos locales. Y el 3 busca reforzar la gestión turística a nivel local y nacional.

Concebido para ejecutarse en cinco años, el Programa ya acusa un sensible retraso. El avance principal se ha logrado en la remodelación de las calles Isabel La Católica y Arzobispo Meriño, en la restauración de fachadas y el rescate de algunos edificios. Asimismo, se avanza en el soterrado del cableado, la formación de recursos humanos, la restauración de la Muralla y la remodelación de la calle El Conde. Las intervenciones pendientes para la parte de Ciudad Nueva llevan a pensar que la ejecución total del Programa podría tomar una década. El retraso mayor se registra en la ejecución del Componente 3, el cual implicaría un revolucionario cambio en las prácticas y operaciones del MITUR.

Entre las fallas de la ejecución sobresale la relativa marginalización del Comité Consultivo, que supone una integración de otras dependencias oficiales (ADN, Ministerio de Cultura). Varios renombrados arquitectos han cuestionado también la “imagen de resort turístico” que ahora destila una parte del sacrosanto recinto. Otro alarido de protesta surgió a raíz del desplome de la fachada del Hotel Francés, provocado según algunos por negligencia. Pero la mayor polvareda de protesta se ha enfilado hacia el “absurdo” diseño de la propuesta restauración de “las ruinas de San Francisco”.

La más importante mácula es un silente descuido de las consideraciones de equidad social. No hay racionalidad en provocar una “gentrificación” del recinto que expulsa a sus habitantes pobres, ni en propiciar una concentración de opciones de diversión para atraer a las élites económicas que desdicen de su carácter histórico. Tampoco se justifica que se asista a los empresarios para mejorar sus servicios, porque ellos serán los mayores beneficiarios de la visitación turística y en una economía de mercado debe ser su propio esfuerzo el que les genere recompensas.

La intención de tomar otro préstamo al BID para expandir las intervenciones en la CC empeora aún más las afrentas a la equidad social. Esto así, porque esa intención da la espalda a las verdaderas prioridades del desarrollo turístico a nivel nacional. Si bien la CC es la principal atracción turística del país (después de sus playas y su gente), no es menos cierto que por serlo puede atraer la visitación sin necesidad de desfigurarla con más intervenciones. El país tiene otras tareas de desarrollo turístico pendientes que son más prioritarias y podrían usar esos fondos más provechosamente.

Un nuevo préstamo del BID para el sector turístico estaría mejor empleado en el desarrollo de las facilidades y servicios de una docena de áreas protegidas con alto potencial de visitación turística. (La entidad ha otorgado préstamos de ese tipo a varios países latinoamericanos.) La alternativa seria el desarrollo de la infraestructura turística de Pedernales cuyo arranque está todavía pendiente. En este último caso, valdría la pena que el proyecto de su desarrollo se sometiera a los controles de una agencia como el BID, que vela por la sostenibilidad de los recursos naturales.

En la coyuntura actual de desarrollo sectorial la acción del Estado debe favorecer el objetivo nacional de obtener una mayor derrama económica de la actividad turística. Por encima de las necesidades de los polos ya desarrollados, debe primar aquello que distribuya mejor los beneficios del turismo. Y para ello es indispensable priorizar las intervenciones -y la consecuente inversión pública- en el interior del país. Necesitamos diversificar nuestro producto turístico, mejorando las condiciones de los atractivos no desarrollados que fascinarían al visitante extranjero, sin dejar de atender las áreas playeras ya desarrolladas.

La intención de “beneficiar” aún más a los 8,000 habitantes de la CC con un nuevo préstamo del BID carece de racionalidad y ofende el sentido de justicia social. Eso no sería compatible con el respeto que le debemos a nuestra identidad nacional, cuyas raíces se entroncan ahí con nuestra historia. Al terminarse la ejecución del actual proyecto del BID, la CC encarnará mejor esa identidad y, por tanto, no necesitará más acicalamiento por un largo tiempo.

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