Punta Catalina, de nuevo

«Por tanto, el problema que impidió que muchos de los ambiciosos proyectos industriales iniciados por los líderes de países en desarrollo y que eventualmente hizo daño a sus economías fue la viabilidad de estos proyectos de desarrollo, en primer lugar. Aun, si ellos hubieran sido ejecutados con las mejores capacidades gerenciales, los arreglos institucionales más efectivos, y el sistema óptimo de incentivos para el buen desempeño, ellos [los proyectos] no hubieran podido competir con las firmas de los países avanzados en un mercado abierto o generar tasas de retorno aceptable. [...] Así que para reducir los costos de la inversión y continuar la operación de sus empresas inviables, los gobiernos recurrieron a medidas administrativas – entregando a monopolios del mercado en los sectores prioritarios [...]». Lin y Monga, en The Industrial Policy Revolution I, 2013

El paso del tiempo tiene la magnífica virtud de ir poniendo las cosas en su justa dimensión; desmontando mitos y descubriendo verdades, el tiempo es un maestro. Y si bien es cierto que con frecuencia se le atribuye al poder la capacidad de poseer la verdad, solo el tiempo tiene la paciencia para cubrirse de sigilo y esperar que la terquedad de los hechos revele con crudeza la verdad que se ha querido ocultar.

Punta Catalina es una muestra elocuente de cómo el tiempo se las arregla para hacer su trabajo. Es un viacrucis que apenas está en sus etapas iniciales. El primer acto estuvo lleno de confusión y manipulación alrededor del verdadero costo de un proyecto que estaba supuesto a resolver de una vez y por siempre el secular problema eléctrico de los dominicanos. Todavía retumban las promesas, «en el 2016 los apagones serán un triste recuerdo...», «la electricidad costará a los dominicanos menos ocho centavos de dólar», «el país se ahorrará cientos de millones de dólares al año», y así sucesivamente.

Muchas ilusiones han sido vendidas en nombre de Punta Catalina. Una de esas ilusiones era que el proyecto costaría menos de dos mil millones de dólares, aunque para ello fuera necesario no incluir en el monto algunos costos importantes, como los financieros; o, simplemente, disfrazar una reducción de costos – unos cien millones de dólares – mediante una compensación equivalente del impuesto sobre la renta.

Pero el hecho más esclarecedor de los reales costos de Punta Catalina se ha producido esta semana. El gobierno ha anunciado la creación de un fondo de USD 336 millones, especializados para la terminación de las plantas a carbón. Esto representaría un movimiento de recursos presupuestarios superior a los RD$16,000 millones que tendrán que sustraerse de algún lado de un presupuesto que es deficitario por todos los lados. Habría que ver cuáles compromisos presupuestarios serían pospuestos o si, simplemente, se tomará el camino fácil del endeudamiento. No se necesita una bola de cristal para anticipar cuál será finalmente el camino. Sin embargo, es importante que esto quede debidamente aclarado, pues el gobierno se ha comprometido con un fondo de USD336 millones y no ha explicado cuáles procedimientos utilizó para comprometer recursos que no estaban contemplados en el presupuesto general del Estado.

Ahora bien, si algo ha quedado muy claro es que Punta Catalina no costará USD1,945 millones, como se ha repetido tantas veces. Ni siquiera en el más remoto de los sueños. De acuerdo con expertos, así como a informaciones publicadas en los medios locales, el gobierno ya ha invertido un monto similar al citado anteriormente. De manera que los USD336 millones representarían un incremento en el costo de Punta Catalina, dado que esos recursos terminarían siendo asumidos por la parte que pierda el proceso de arbitraje pendiente de conclusión en New York. En realidad, esto quiere decir que al arbitraje inicial de USD 708 millones hay que agregarle ahora los USD336 del nuevo fondo presupuestario. Por tanto, el total que está en disputa es de USD 1,044 millones. Esta interpretación se fundamenta en la reseña periodística que dice que Odebrecht-Tecnimont-Estrella deberá asumir, además de los USD708 que reclama, el monto de los USD336 millones en caso de que pierda el arbitraje.

Esto es exactamente lo mismo que decir que si el gobierno pierde el arbitraje tendrá que asumir un costo adicional en Punta Catalina por un monto de USD1,044 millones. Esto tiene un par de implicaciones muy importantes. La primera es que, independientemente de quien termine asumiendo ese costo extra, sitúa el costo de la obra en la frontera de los tres mil millones de dólares. Esos costos imprevistos – 50% por encima del costo original – hubieran pasado desapercibido si no hubiese sido por el escándalo de Odebrecht, acostumbrada a ganar concursos subvaluando y luego justificar los incrementos ante funcionarios complacientes.

La otra implicación es que si el gobierno pierde el arbitraje – como pudiera suceder – o tuviera que pagar más de USD500 millones por encima del contrato original, el costo de Punta Catalina excedería o violaría el 25% de incremento que la ley de compras y contrataciones permite para este tipo de proyectos.

Una vez que se despeje el tema de los costos finales de Punta Catalina vendrán los actos de cumplir con promesas irrealizables y que comenzarán, luego de un tiempo prudente, a generar frustración en la ciudadanía. Solo en el mediano y largo plazo podrán aquilatarse los efectos desastrosos que tendrá Punta Catalina en las finanzas públicas; mientras tanto, funcionará como una daga en el corazón del sistema eléctrico nacional.

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Pedro Silverio Alvarez