Racionalidad económica, carreteo verde y racionalidad política

«[...] racionalidad limitada es mayormente caracterizada como una categoría residual -racionalidad es limitada cuando queda corta de la omnisciencia. Y los fallos de la omnisciencia son mayormente fallos de conocer todas las alternativas, incertidumbre acerca de relevantes eventos exógenos, e inhabilidad para calcular las consecuencias. [...] En los años recientes ha habido una considerable exploración por parte de los economistas aun de partes de este dominio que tradicionalmente fueron consideradas como pertenecientes a las disciplinas de la ciencia política, la sociología y la psicología». Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, 1978.

La racionalidad es uno de los conceptos más discutidos en la ciencia de la economía. Pero aun con toda la controversia que gira a su alrededor es la piedra angular de la teoría económica convencional, que asume que los agentes económicos son racionales y, por tanto, maximizan algún tipo de función objetivo, ya sea de utilidad o beneficios. Esto presupone que el agente maximizador conoce todas las opciones disponibles para alcanzar su objetivo. Fue Herbert Simon, premio Nobel de Economía en 1978, de los primeros en cuestionar el principio de racionalidad tal como lo postula la economía ortodoxa; y lo hizo utilizando el concepto de racionalidad limitada (bounded rationality) para destacar una serie de factores que impiden que los agentes económicos sean completamente racionales.

En este sentido, Simon plantea que “las consecuencias de elegir alternativas particulares fueron solamente muy imperfectamente conocidas por dos razones: el limitado poder computacional y la incertidumbre en el mundo exterior, y porque el tomador de decisiones no posee una función de utilidad consistente y general para comparar alternativas heterogéneas”. Sencillamente, quienes toman decisiones no pueden conocer con precisión cuáles son todas las opciones disponibles y, aun si lo supiera, no podría determinar de antemano cuáles serían las consecuencias asociadas con cada decisión. Sin embargo, los seres humanos –en forma individual o en forma de organizaciones- toman constantemente decisiones en ese mundo de incertidumbre, independientemente de la racionalidad que le pueda atribuir un observador externo. La racionalidad está condicionada por las preferencias de los individuos, las que se suponen no son comparables entre sí. En cierto sentido, cada individuo u organización tiene su propia racionalidad.

Esta reflexión surge por dos eventos –uno ciudadano y otro político- que ocurrieron recientemente. El primero de ellos tiene que ver con el carreteo que entidades de la sociedad civil realizaron como protesta por el alto precio de los combustibles y la falta de transparencia en la aplicación de los mecanismos que norman la aplicación de los diversos impuestos y los márgenes de comercialización de los combustibles. Para algunos analistas es un contrasentido que esas organizaciones hayan protestado haciendo uso de una modalidad –una caravana de vehículos- que implicaba un mayor consumo de los distintos tipos de combustibles. Un acto aparentemente irracional.

Además de que la racionalidad es algo muy relativo, un hecho como ese no puede ser visto desde un solo ángulo. Usualmente, los economistas piensan en la doble dimensión que dan los costos y los beneficios. Y dentro de los costos –que los hay de una gama muy variada- están el consumo de combustible y el costo de oportunidad del tiempo utilizado para llevar a cabo el carreteo. Del lado de los beneficios está el fortalecimiento de una ciudadanía que quiere jugar un rol más activo en la construcción de la democracia y que presiona al liderazgo político no solo para que actúe con transparencia sino también para que no permita que la corrupción socave los fundamentos de la sociedad. En el caso de los combustibles ha habido denuncias de corrupción que ni siquiera han sido debidamente investigadas. Desde esa óptica –costos y beneficios- parece perfectamente posible afirmar que el carreteo verde fue una actividad racional.

El segundo evento se refiere al debate que se ha suscitado en torno a la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de prohibir las actividades proselitistas en los espacios públicos. Independientemente de las argumentaciones jurídicas, si esta decisión se hubiera tomado bajo otras circunstancias políticas hubiese recibido un apoyo incuestionable de la ciudadanía. Igualmente, algunos analistas cuestionan la racionalidad del expresidente Fernández y la de sus seguidores al oponerse a una decisión que aparentemente les favorece, bajo el supuesto de que Fernández es el más conocido de todos los aspirantes del PLD a la candidatura presidencial. Esta línea de razonamiento obvia la probable realidad de que la estrategia de ese grupo no sea la de hacer más conocido a Fernández, sino en poner una mayor presión al estamento gobernante –como en su momento lo hizo el entonces aspirante y ahora presidente Medina- para que no trate de imponer un candidato. Esa coyuntura es la que levanta la suspicacia de que la JCE –el referí- le ha dado su mano de ayuda al grupo que estaba siendo acorralado en la pelea por dicha candidatura. Desde ese punto vista, es racional la reacción del expresidente y su grupo.

Como se puede apreciar, la racionalidad económica o política no es la que uno supone que debe tener un individuo o una organización para alcanzar los objetivos que persigue. La interacción estratégica de los individuos o de los miembros de una sociedad no permite, con cierta frecuencia, que un observador externo pueda calificar esas conductas como racionales o irracionales. La racionalidad se deriva de la articulación entre fines y medios, tal como es percibida por los propios sujetos actuantes.

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Pedro Silverio Alvarez