Réquiem por la casa Munné

El pasado 12 de junio fue demolida la residencia Munné en San Francisco de Macorís, hogar de los esposos Trifón Munné Trullols - fundador, junto a sus hermanos José María y Asunción Munné Trullols, y su primo José María Trullols Calvis, de la empresa Munné y Compañía - y Melba Marrero Oller, la más importante poeta francomacorisana del siglo XX. Construida hacia 1934, fue diseñada por el ingeniero-arquitecto Mario Rafael Lluberes Abréu y constituía un exponente singular del estilo neohispánico en la ciudad del Jaya.

Su desaparición evidencia que antes que ser considerada como una pieza única del patrimonio monumental en el nordeste, que bien pudo ser preservada para servir inteligentemente a un nuevo uso – ¿un museo del cacao? -, era tenida como una vieja construcción que estorbaba para un distinto aprovechamiento del generoso solar en que se hallaba enclavada. El reconocimiento colectivo que alcanzó tampoco trascendió hasta el reconocimiento jurídico con su inventario o su declaratoria como Monumento Nacional, categoría que la hubiese colocado bajo la tutela de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, y que pudo haber beneficiado su intervención antes que su desaparición. El ser parte del imaginario colectivo macorisano – que tejió la leyenda urbana de que el fantasma de su dueña se paseaba con la cara cubierta por sus jardines – de poco valía, ya que nunca fue acompañado de un respaldo legal. Su valoración social, al no haber sido seguida de una valoración estatal, se derrumbó por no haber adquirido el rango de norma adjetiva.

La salvaguarda por el Estado del patrimonio cultural de la nación, la garantía de su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico y arquitectónico en tanto derecho colectivo o difuso son parte de las disposiciones muertas de la Constitución, que no encuentran asidero en un marco legal adjetivo que impone conservar bienes patrimoniales inmuebles sin ninguna compensación a cambio, no obstante el interés social que ello encierra. En efecto, aun hubiese sido Monumento Nacional, por la casa Munné era poco lo que podía hacerse. El régimen jurídico del patrimonio cultural no establece exención fiscal alguna que hubiese estimulado su conservación por parte de sus propietarios. Por demás, las sanciones consagradas para castigar a sus infractores son ridículas. Y pensar en que hubiese podido ser adquirida eventualmente por el Estado para salvarla de su desaparición y convertirla en un espacio cultural es algo quimérico. Sin recursos para lograr su preservación, sin una política ni planes definidos, sin instituciones sólidas y sin un estatuto que favoreciera su valorización por parte de sus propietarios, no es de extrañar la conducta indiferente que acompañó su destrucción. Fueron pocos los que en la ciudad del Jaya se inmutaron ante la pérdida de la edificación.

La pérdida de la casa Munné duele tanto como la desaparición de otras tantas piezas irrepetibles de nuestra memoria construida declaradas o no, inventariadas o no, pertenecientes o no a un centro histórico. Sólo van quedando fotos de un pasado irrepetible que el Estado ha sido incapaz de preservar, salvo claro, la Ciudad Colonial de Santo Domingo, único patrimonio monumental que parece importar.

Nuestro patrimonio construido se desvanece sin más, y aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene entre sus líneas de acción la recuperación, protección y proyección del patrimonio cultural tangible de la nación y su valoración como parte de la identidad nacional, el país sigue asistiendo a un proceso de dilapidación acelerada y al parecer irreversible de un patrimonio heredado de inmenso valor cultural y económico, hecho ante el cual el Estado no quiere empuñar armas.

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Edwin Espinal Hernández