Reto para audaces (y 3)

A nadie escapa que la pandemia ha causado tanto daño que la tuerca fiscal solo debería apretarse para corregir entuertos estructurales. Tampoco que es necesario adoptar decisiones para cambiar las cosas, no para dejarlas igual.

Entre los profesionales de la economía existe acuerdo (¡Y es un milagro!) sobre la pertinencia de cerrar las troneras por las que se escapa la savia del Estado, tanto por el lado de los ingresos como del gasto público. Mientras existan esos escapes prevalecerá la “cultura” de que, si solo algunos pocos tributan, si la evasión es grande, si el gasto es de poca calidad, eludir los compromisos tributarios es un derecho de legítima defensa.

Lo apremiante es consolidar las normas de buen manejo fiscal, demostrar que los recursos se gastan bien, recuperar el ingreso que se pierde, resolver los problemas causantes del déficit fiscal y de la tendencia a la insostenibilidad de la deuda.

Consecuentemente, la reforma fiscal debería enfocarse en: 1) cerrar las puertas a la evasión mediante la eliminación de las exenciones tributarias (ampliar la base), salvo las indispensables por razones de competitividad, respetando la seguridad jurídica, 2) sacar al Estado de los flujos financieros del sector eléctrico y detener la sangría de recursos que se pierden en ese hoyo negro, 3) eliminar la gravosa deuda cuasi fiscal y 4) sanear el gasto y elevar el ahorro corriente para financiar la inversión.

Esos son los problemas principales que causan el grueso del déficit fiscal e inducen el endeudamiento.

Si la reforma se centrara en esos puntos estaría cargada de justificación: el Estado recuperaría los gruesos faltantes que se escapan por la evasión, sanearía sus finanzas, daría sostenibilidad a la deuda pública, eliminaría las taras que condicionan su funcionamiento; el sector eléctrico se manejaría sin el peaje de las distorsiones que lo socavan y las pérdidas que representa para la nación; el ahorro financiero se canalizaría en mayor medida a la producción; el BC ejecutaría sin trabas su política monetaria.

El Estado podría concentrarse en sus prioridades. Por ejemplo, en alcanzar una educación de calidad poniendo el énfasis en el aprendizaje; en la provisión de servicios de salud universales con igual cobertura para todos; en la disponibilidad de pensiones no contributivas para los adultos mayores de 70 años de bajos recursos; en la expansión y consolidación de la infraestructura.

Bajo ese prisma reconfortante el “dao” tendría que desaparecer y los recursos liberados reconducirse hacia finalidades constructivas y de interés social.

Paralelo a ese impulso habría que perder el miedo a modificar el Código de Trabajo para configurar un mercado laboral más flexible que contribuya a expandir el empleo formal, la protección social y contenga la avalancha de inmigrantes indocumentados. Las leyes migratorias y la proporción 80/20 de trabajadores dominicanos tendrían que hacerse cumplir a rajatabla, con fuertes sanciones a los empleadores que las incumplan.

Lo anterior daría paso a políticas que alienten a los ciudadanos a permanecer en el país con condiciones estimulantes para trabajar, emprender, progresar, para sustituir la exportación de dominicanos desgajados de su núcleo familiar que envían andullos de remesas.

Las reformas aquí delineadas darían sentido de nación a las ejecutorias del Estado para que funcione y sea menos elefantiásico, resolverían los problemas de la gente en vez de trabar sus iniciativas, estimularían la inversión privada y la creación de empleo formal.

El presidente Luis Abinader asumió el poder bajo la consigna del cambio. Está llegando el momento de hacer cumplir sus sueños. Los pasos encaminados para que la Justicia funcione con independencia y realice su labor a cabalidad, de ser consolidados, le asegurarían un sitial de honor.

Ante la inmensidad del desafío al cual se enfrenta, podría delimitar su gestión y concentrarse en administrar bien la crisis heredada y la pandémica. Haciéndolo así alcanzaría mérito, pero estaría dejando pasar la oportunidad, única, de resolver los grandes asuntos pendientes cuya solución abriría al país enormes oportunidades de transformación de la sociedad y el abatimiento de la pobreza.

El liderazgo de la nación tiene frente a sí la opción de atreverse a asumir el reto de dar un salto cualitativo hacia el desarrollo, materia exclusiva de predestinados, reservada para los audaces en busca de ocupar un lugar cimero en la historia. O la de no atreverse.

Ese liderazgo tiene el privilegio de acariciar la gloria que cambiaría para siempre el destino de su pueblo o de quedarse exhausto en la orilla sin alcanzar la meta, rumiando lamentos.

Actuar o no actuar, es el asunto.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.