Salud, coronavirus y compromiso electoral: una propuesta

En tiempos de crisis como la que hoy viven nuestras sociedades, el talante del liderazgo político y social se mide, fundamentalmente, de dos maneras: i) por la efectividad de las decisiones adoptadas para conjurar los peligros del momento y ii) por las lecciones aprendidas y las medidas ex-post que sea capaz de concretar para prevenir situaciones similares en el futuro.

En cuanto lo primero, en República Dominicana y, en general, en América Latina, la evolución observada por la pandemia en sus primeros epicentros (China, Europa y, ahora, Nueva York) no ofrece muchos motivos para el optimismo. Las precariedades de nuestros sistemas de salud; la pobreza y vulnerabilidad de amplias franjas de población; así como los altos índices de informalidad del empleo -que dificultan el aislamiento en los términos que mandan los protocolos internacionales- son solo algunos de los duros obstáculos a que se enfrenta el liderazgo de nuestros países para enfrentar de manera efectiva el desafío de la pandemia.

Otra cosa son las lecciones y los aprendizajes que nos está dejando desde ya la crisis. La más evidente, en el caso dominicano, es la necesidad de acometer una reforma sustancial de nuestro sistema de salud, que convierta en materia viviente el artículo 61 constitucional que dispone: “Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia medica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.”

Según nos ha recordado con insistencia en estos días el Movimiento Político Bien Común, en un ilustrativo gráfico que ha circulado en sus redes sociales, el 13% de los dominicanos padece de diabetes, mientras el 37% fallece de enfermedades cardiovasculares. Si a esto le sumamos que el 33% de la población es hipertensa, tenemos una sociedad con una elevada predisposición a ser pacientes críticos ante un eventual contagio.

Revertir esa situación, y convertir en realidad los mandatos del artículo 61 de la Constitución arriba citados constituye, a mi juicio, el más sensible desafío de política pública a que se enfrentan los tomadores de decisiones en el país. La coyuntura electoral en que nos encuentra la crisis del Coronavirus ofrece un ámbito de sensibilidad política, de disposición a la colaboración, de solidaridad ciudadana y de conciencia del problema, que debemos aprovechar.

Propongo, en concreto, que todos los candidatos a la Presidencia de la República para las elecciones pautadas para el 17 de mayo, suscriban, públicamente, un “Compromiso Nacional por la Salud” cuyo primer aspecto consistiría en dar cumplimiento al cronograma incremental del presupuesto que para la Salud Pública está previsto en la Ley 1-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

El objetivo general 2.2 del segundo “eje estratégico” de la END está orientado al tema “salud y seguridad social integral”. Entre los indicadores de resultado relativos a dicho objetivo está el gasto público en salud, entendido como porcentaje del PIB (artículo 24 de la Ley). Tomando como línea de base el porcentaje del PIB orientado al gasto en salud en el año 2009 (cuando ese porcentaje fue de 1.4%), la proyección establecida por la Ley es la siguiente: en el año 2015: 2.8%; en el año 2020: 4%; en el año 2025: 4.5% y en el 2030: 5%.

Esta proyección presupuestaria se encuentra en consonancia con el carácter progresivo del derecho a la salud, tal y como el mismo se encuentran configurado en la Constitución. No obstante, el 1.6 % del PIB asignado a la salud, dista mucho del 4% que, según la ley, debía ser asignado para el año en curso.

No podemos darnos el lujo que de eventos críticos como el actual nos encuentren en el futuro en las condiciones en que nos encontramos en materia de salud. Entender esto y tomar las medidas políticas correspondientes es especialmente relevante si consideramos lo siguiente: en la actualidad existe información científica suficiente según la cual, la frecuencia de grandes epidemias y pandemias a nivel del mundo, junto al incremento del nivel de los océanos, la creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos y meteorológicos que resultan del incremento de las temperaturas en el planeta, se cuentan entre los efectos más devastadores del cambio climático (David Wallace-Wells. El planeta inhóspito).

Es responsabilidad del liderazgo político que aspira a gobernarnos, asumir sin postergación las reformas que el sistema de salud pública demanda en el país. El Compromiso que sugiero podría ponernos en el camino de estar a la altura de las circunstancias ex-post crisis.

El día a 24 de marzo, el periódico El País recordaba en su editorial “La fragilidad de los países latinoamericanos para responder a esta pavorosa crisis, tanto en el terreno sanitario como en el social y el económico, trae cuenta de décadas de abandono de las instituciones; de magros ingresos fiscales; de resistencia de las oligarquías a pagar más impuestos y de la incapacidad colectiva de sus gobernantes para construir un Estado digno de ese nombre. Estado que estos días y semanas sus ciudadanos van a necesitar, probablemente, como nunca antes en su historia.”

Cristóbal Rodríguez Gómez