Secuestrada y tutelada

El drama de la justicia dominicana es de una gravedad extrema. En la reforma constitucional de 2010, Leonel Fernández incluyó en el Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. Así resultó que al sesionar el Consejo, en 2011, Leonel contó, además de su propio voto, con el del PGR y también los de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Es decir, en este nuevo esquema constitucional el partido que en las elecciones gane la presidencia y pase a dirigir el Senado y la Cámara de Diputados, domina el CNM y por esa vía el Poder Judicial y las altas cortes, lo cual se traduce en una total concentración de poder en manos del Presidente de la República y la eliminación de la independencia y separación de los poderes del Estado.

Resultó que en la reunión del CNM de diciembre de 2011, Leonel nombró como juez presidente de la Suprema Corte de Justicia al Dr. Mariano Germán, reconocido jurista, que a la sazón era abogado asociado de la oficina de abogados del presidente y muy afín al peledé.

Igual proceder fue el de Danilo Medina. Nombró a Luis Henry Molina, que era miembro del Comité Central del peledé y activista político de la facción del presidente de la República. En realidad lo que Danilo hizo fue un traslado desde Indotel, donde aquél era director, a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

Pasamos así de la Suprema de Leonel a la Suprema de Danilo Medina. El objetivo evidente de tener “su” propia SCJ y por esa vía el control de poder judicial en ambos casos es blindarse de cualquier acusación y garantizar impunidad para si y los suyos.

Esta necesidad que han tenido Leonel Fernández y Danilo Medina de secuestrar la justicia responde a la conciencia que tienen de la naturaleza corrupta de sus gobiernos. Ellos saben que ante un poder judicial y Ministerio Público independientes difícilmente se podrían escapar de ser perseguidos, juzgados y sancionados.

Pero la justicia dominicana, además de secuestrada, también está tutelada.

En los últimos años, dos de los casos de mayor trascendencia son el de los sobornos de Odebrecht y ahora el de César el Abusador.

Ambos casos penales tienen en común que si bien los hechos ocurren en la jurisdicción nacional, es desde el extranjero, particularmente de los Estados Unidos, desde donde proviene la presión para que se investiguen y enjuicien.

En el caso de Odebrecht esta empresa había sido denunciada innúmeras veces por la sobrevaluación de las obras, los concursos y licitaciones arreglados, las adendas frecuentes que duplicaban y triplicaban el monto original de la obra. De modo particular desde el principio fue un verdadero escándalo la construcción de Punta Catalina por la exagerada sobrevaluación y sobre todo que se denunció que parte del dinero tomado prestado para la obra se utilizó para la compra de legisladores para modificar la Constitución y posibilitar la repostulación de Danilo Medina en las elecciones de 2016.

A pesar de todos estos reclamos hechos desde distintos ámbitos al Ministerio Público, no movió ni el dedo meñique para investigar las actividades delincuenciales de Odebrecht. Hubo que esperar que en diciembre de 2016 estallara el caso de los sobornos de Odebrecht por la justicia de Brasil, Suiza y EE.UU., para que aquí se iniciara una investigación y persecución.

Algo parecido acaba de suceder la pasada semana en que el procurador general reveló el resultado de decenas de allanamientos en contra de la estructura criminal que dirigía César el Abusador.

Resulta que este personaje del crimen organizado tenía operando en el país 20 años y su accionar era de conocimiento de los organismos de seguridad. Era propietario de decenas de discotecas, de edificios, de plazas comerciales y patrocinaba innúmeros artistas. Era evidente que se trataba de actividades de lavado de activos vinculado al narcotráfico y al sicariato. Todo esto ocurría sin que las autoridades reaccionaran. Hubo que esperar que la justicia norteamericana solicitara a varios de ellos en extradición para que el Ministerio Público iniciara la persecución y apresamiento.

Esa inacción durante años de las autoridades se debió a que en ambos casos, Odebrecht y César el Abusador, actuaban con la complicidad y protección de altas autoridades del Estado. Esto viene a confirmarlo el hecho de que, a pesar de los requerimientos de EE.UU., en el caso de Odebrecht, se armó un mamotreto de investigación que dejó fuera de la investigación varias obras claves y a legisladores, ministros y a los expresidentes y al actual presidente de la República. Igual sucedió en el caso de César el Abusador que todo indica que los sectores que le protegían, con tiempo, le pusieron en alerta, permitiéndole escaparse.

Como puede deducirse, no es posible construir la democracia y que impere la Ley, sin un poder judicial que sea para todos, un árbitro confiable que actúe con justicia y sin privilegios. Se trata de un poder judicial independiente e integrado por jueces capaces y honestos. Para ello, se hace imprescindible, entre otras, la transformación del CNM, incluyendo la exclusión de él, del presidente de la República y del procurador general.

Como puede deducirse, no es posible construir la democracia y que impere la ley, sin un poder judicial que sea para todos, un árbitro confiable que actúe con justicia y sin privilegios. Se trata de un poder judicial independiente e integrado por jueces capaces y honestos.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.