Sobornos y sobrevaluaciones

“Los costos de la corrupción son sustancialmente altos. Aunque estos costos son difíciles de medir con precisión, un sentido del tamaño de este fenómeno puede ser indicado por los sobornos pagados cada año tanto en países en vías de desarrollo como en países avanzados. Un estimado reciente pone solamente el costo anual de los sobornos entre USD 1.5 y USD 2.0 billones (aproximadamente un 2% del PIB global). Los costos económicos y sociales totales de la corrupción son probablemente más altos, ya que los sobornos constituyen solamente un aspecto de las posibles formas de corrupción.” Staff Team from the Fiscal Affairs Department and the Legal Department, FMI, mayo 2016

Lo que no se puede medir no se puede controlar. Es una vieja expresión que recobra vida cuando las instituciones -públicas y privadas- tratan de fijar metas estratégicas. Y la corrupción cumple con esos dos criterios: es difícil de medir y difícil de controlar. Sin embargo, se hacen esfuerzos alrededor del mundo para lograr indicadores que permitan una cierta idea de la magnitud de un problema que aqueja -aunque de maneras y grados diferentes- a todas las sociedades. Una fuente inesperada de esos esfuerzos es el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución que en mayo pasado publicó un estudio sobre los costos de la corrupción y las estrategias que pudieran mitigarla.

En el citado estudio, los autores estiman que los sobornos -solo una parte de la corrupción- a funcionarios públicos representan, en promedio, un 2% del PIB global, equivalentes a USD 2 billones (en español). Esto significa que hay países que están por encima de esa proporción -probablemente, países subdesarrollados- y países que están por debajo -probablemente, países desarrollados. En el caso de la República Dominicana, como ha sido publicado por Transparencia Internacional, nos encontramos en el tramo superior de los países con mayor corrupción; una percepción que ha sido superada por la proporción de sobornos que pagó Odebrecht para conseguir diversos contratos en nuestro país. Por lo tanto, no sería descabellado asumir que los niveles locales de pagos por sobornos superan el 3% del PIB; es decir que los sobornos locales pudieran superar -cada año- los RD$ 100,000 millones, una cifra cercana al 25% del gasto público, excluida la nómina. Con las nuevas evidencias, esos números lucen realistas.

Un aspecto que se ha discutido es la relación entre los sobornos que reciben un número indeterminado de funcionarios públicos para conceder contratos y las posibles sobrevaluaciones de esos contratos. Para unos, los sobornos no implican una sobrevaluación de los contratos; para otros, sí. En los concursos públicos -salvo en los casos en los que los participantes se ponen previamente de acuerdo para favorecer a uno de ellos- el precio ofrecido es desconocido para el resto de los participantes; entonces, ¿qué incentivos tiene un postulante para ofrecer un soborno? Tiene el incentivo de que su oferta pueda ser aceptada por encima de opciones que pudieran ser más económicas (precio-calidad) y, en consecuencia, esto se traduce en una sobrevaluación. Lo cierto es que en ocasiones el soborno se realiza para crear términos de referencia que son favorables a un determinado participante; o se establecen condiciones técnicas que abren las puertas para hacer sobrevaluaciones que resultan difícil de distinguir. Un ejemplo de ello son las cubicaciones. En proyectos importantes, un 25% de incremento sobre el contrato original -permitido por la ley- puede significar varios cientos de millones de dólares adicionales justificados a través de cubicaciones que disfrazan los sobrecostos. En todo caso, el soborno se traduce en un sobreprecio del contrato, y genera beneficios extraordinarios a la empresa que paga el soborno; de lo contrario, el sobornador no tendría incentivo para hacerlo. Por eso, no es extraño que en la negociación de Odebrecht con el Departamento de Justicia ambas cosas estén relacionadas: sobornos y beneficios adicionales; pues, ambos son parte integral de los costos extras que genera el contubernio entre funcionarios públicos y agentes privados.

Los sobornos son, no obstante, una parte de la historia. El citado estudio del FMI analiza el impacto que la corrupción tiene en el proceso económico y en la eficiencia de las instituciones. Por ejemplo, una economía con altos niveles de corrupción y de deuda pública pudiera caer en la trampa de un “círculo vicioso de corrupción y despilfarro fiscal” que podría conducir a una crisis de la deuda. Asimismo, la corrupción -a través de los sobornos- puede distorsionar las decisiones sobre las inversiones en proyectos, aumentando sus costos y reduciendo su calidad, debido a las debilidades en los procesos de adjudicación; lo que se refleja en una menor dotación de infraestructura.

Un efecto pernicioso de la corrupción, de acuerdo con el estudio del FMI, es que puede minar la confianza en la imparcialidad del gobierno al momento de aplicar las leyes y las regulaciones, generando un descontento social de tal magnitud que pudiera conducir a la inestabilidad política; y señala que la percepción de la corrupción fue uno de los factores claves en el desencadenamiento de la Primavera Árabe.

La mitigación de la corrupción pasa por la transparencia -como señalan prácticamente todos los estudios- y una amenaza creíble de que los funcionarios corruptos serían perseguidos criminalmente. Esto funcionaría como un “poderosos disuasivo”. Sin embargo, se quejan los autores, en un medio de alta corrupción “las propias instituciones responsables de aplicar la ley -agencias investigadoras, la policía, los fiscales, y la justicia- son ellas mismas corruptas o están sometidas a poderosos intereses. Ellas son parte del problema, no de la solución.” Es una realidad tan común... que no necesita explicación. Pero la carencia de mediciones precisas de la corrupción puede ser suplida con una poderosa voluntad política para combatirla.

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Pedro Silverio Alvarez