13 JUN 2018, 12:00 AM

Tomémosle la palabra al procurador

“La Procuraduría General de la República tiene una magnífica oportunidad de promover la transparencia y la honestidad en la administración pública...”

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20180613 https://www.diariolibre.com

Para su viaje a Sabana Buey, Baní, donde se encontraba acampado el general Santana, a Juan Pablo Duarte, en ese momento general con su tropa, se le entregó la suma de 1,000.00 pesos fuertes. De estos tan solo gastó 173.00 pesos fuertes y el 12 de abril de 1844, fecha de su regreso a Santo Domingo devolvió al Tesoro de la República la suma de 827.00 pesos fuertes.

“Recibí del Gral. Duarte, la suma de ochocientos veinte y siete pesos, para ser entregados en la Tesorería de esta Ciudad. M. Lavastida, 12 de abril 1844.” reza el documento que la historia ha conservado.

En su rendición de cuentas, Duarte procedió a hacer una relación pormenorizada de los gastos en que incurrió para la adquisición de raciones alimenticias para los miembros de su tropa, gastos misceláneos, entrega de recursos para enfrentar enfermedades que padecieron algunos soldados y oficiales

En la Declaración de Bienes que hizo el profesor Juan Bosch, tres días después de su derrocamiento en septiembre de 1963 empezaba con una mesa de metal de hierro con tope de vidrio, seis sillas de hierro... continuaba con una serie de enseres del hogar muy modestos y por supuesto su máquina de escribir. La modestia de sus bienes es inversamente proporcional a la riqueza espiritual que le adorna. Estos bienes son coherentes con su muy conocido predicamento, como fundador del Partido de la Liberación Dominicana, de que “Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos”.

Ambos casos, Duarte y Bosch, son ejemplos de actuación diáfana y bienes explicables por sus ingresos y avalada por la vida espartana que llevaron. En el caso de Duarte sabemos que incluso sacrificó sus bienes para viabilizar la nación que nos legara.

En la actual situación producida por el caso Odebrecht se evidencia la no observación de las normas que Duarte y Bosch cumplieron cabalmente: pulcritud en el acto y la rendición de cuentas y, lo que es más importante, como elemento fundamental de la acusación a los funcionarios y legisladores, es la existencia de una fortuna personal, evidente y confirmada, que no puede ser explicada con base en los ingresos que han recibido los encartados por los servicios prestados a la nación. La declaración del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez es clara al respecto.

La lista final de personas que serán procesadas indica que la lista inicial, hace meses mostrada, no incluía a todos los que eran, ni eran todos los que estaban. Nos alegramos por la exclusión, al menos provisional, de los ciudadanos para los cuales no hay al momento razón para su enjuiciamiento. Pero de igual manera nos preocupa que existan personas que tienen “méritos” suficientes para estar ahora, o en otra ocasión en el banquillo de los acusados.

Debemos reconocer que en nuestro país son muchas las personas que muestran un nivel de vida, en bienes y consumo, que resulta inexplicable por las fuentes de ingresos que les son conocidas o las virtudes con las cuales la naturaleza les colmó. Pasean por la calle su desvergüenza y se mofan con su prepotencia de las personas que actúan con apego a niveles deseados de ética.

Aspiramos a un estado de cosas en el cual ningún ciudadano pueda llevar una vida que no pueda financiar con sus ingresos honrados, posea bienes que están fuera del alcance de su historial conocido y pueda hacer gala de todo ello sin temer a la mano larga de la Justicia.

La Procuraduría General de la República tiene una magnífica oportunidad de promover la transparencia y la honestidad en la administración pública e iniciar un nuevo capítulo en la historia de la República ya que el enriquecimiento ilícito es relativamente fácil de probar. Tomémosle la palabra al Procurador y que continúe investigando fortunas que desde Duarte y Bosch nunca han pasado por la investigación pública oficial.

*Associate MIT-Harvard Public Disputes Program. Universidad de Harvard.

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