Una elección difícil: fallas de mercado versus corrupción

«Debido a que la intervención del gobierno transfiere recursos desde un grupo a otro, eso crea espacio para la corrupción. Como la corrupción a menudo menoscaba el propósito de la intervención, los gobiernos tratan de prevenirla. Esto pudiera crear rentas para los burócratas, inducir una mala asignación de los recursos, e incrementar el tamaño de la burocracia. Dado que prevenir toda la corrupción es excesivamente costoso, intervenciones de segundo-mejor pudieran implicar que una cierta fracción de la burocracia acepte sobornos». Acemoglu y Verdier, The choice between market failures and corruption, AER, November 2000

La teoría económica convencional considera que una falla de mercado ocurre cuando la asignación de recursos, ya sea en la producción o en el intercambio, no cumple con la condición de un óptimo de Pareto. En otras palabras, cuando en la economía se generan resultados ineficientes. Estos resultados, sin embargo, son medidos normalmente en términos de un modelo muy restrictivo como es el de competencia perfecta. Pero es claro que en un mercado con asimetría de información –para citar un ejemplo, e independientemente del modelo de referencia – conduce, en la mayoría de los casos, a resultados no deseados desde una perspectiva económica y/o social.

Igual pudiera ocurrir con la explotación de bienes comunales o con las externalidades negativas que un proceso de producción pudiera tener sobre el medio ambiente. Diferentes enfoques se plantean para la corrección de las denominadas fallas de mercado y pudiera decirse que la mayoría tienen en común algún grado o modalidad de intervención del gobierno, ya sea a través de impuestos o regulaciones, o simplemente estableciendo derechos de propiedad negociables en el mercado. El problema, como hemos planteado en otras ocasiones, es que la intervención estatal pudiera originar las denominadas fallas del gobierno, las que en lugar de corregir las fallas de mercado pudieran agravarlas; de manera que la evaluación pertinente sería ponderar cuál de esas fallas es preferible.

Me parece que instintivamente el ciudadano común –por lo general – se inclina por la intervención del gobierno, y no por soluciones basadas en el mercado. Es decir que prefiere las fallas del gobierno. Quizás por la idealización de que el gobierno representa –o debería representar – al bien común. Pero la teoría de la Elección Pública (Public Choice) nos alerta sobre los peligros que encierra una intervención estatal que pudiera estar dominada por los intereses de los funcionarios del momento, quienes están continuamente tentados a confundir sus intereses particulares con los intereses de la nación. Esa conveniente confusión se refleja con toda su crudeza en los niveles de corrupción de la gestión pública.

En este sentido, Acemoglu y Verdier –citados en el encabezado – plantean que muchos cientistas sociales prefieren convivir con las fallas del mercado y no con fallas generalizadas por la intervención del gobierno. Para evaluar la relación entre la intervención del gobierno y las fallas de gobierno, los citados autores definen un marco de referencia que se fundamenta en tres criterios: primero, la intervención del gobierno requiere de burócratas, quienes recolectan las informaciones, toman decisiones e implementan las políticas; segundo, los burócratas están centrados en sus propios intereses y por su superioridad de información son difíciles de monitorear; y tercero, entre ellos hay un cierto grado de heterogeneidad.

Las implicaciones de estos supuestos, argumentan los autores, es que “cuando la falla del mercado es importante, la asignación óptima de recursos envolverá un cierto grado de intervención gubernamental, acompañado por una voluminosa burocracia gubernamental, rentas para empleados públicos, mala asignación de recursos, y, posiblemente, corrupción”. Y destacan que cuando los funcionarios son corruptibles el tamaño del gobierno es mayor que cuando no lo son. Esto significa que la ciudadanía tiene que financiar con impuestos en el presente o impuestos en el futuro (el endeudamiento es la conexión) el excesivo tamaño del gobierno que se origina en la corrupción.

Un primer resultado del modelo de Acemoglu y Verdier es que toda intervención del gobierno con el propósito de corregir fallas de mercado requiere de burócratas encargados de tomar las decisiones, lo cual crea las oportunidades para solicitar sobornos. Pero, a su vez, los autores entienden que la corrupción debe ser vista como parte de una óptima asignación cuando la intervención del gobierno está tratando de corregir importantes fallas de mercado y el porcentaje de burócratas deshonesto es muy bajo. Y enseguida aclaran que este no es el caso para los países en vías de desarrollo. Adicionalmente, otro resultado es que la intervención del gobierno para corregir fallas del mercado requiere de dos instrumentos: un determinado número de burócratas y sus salarios. Si los burócratas son difíciles de monitorear, el gobierno necesitará más burócratas y mayores salarios.

Los autores no están opuestos a la intervención del gobierno. Por el contrario, entienden que la corrupción es un derivado de una intervención gubernamental que pudiera ser beneficiosa. Ahora bien, en los países en desarrollo con bajos niveles de institucionalidad la corrupción es un gravísimo problema; y por eso, es mucho más frecuente que la intervención gubernamental, supuestamente dirigida a corregir fallas de mercado, esté más motivada en crear oportunidades de negocios para los funcionarios involucrados que en resolver una mala asignación de recursos en la economía. Es una situación que se agrava en la medida que un gobierno prolonga su permanencia en el poder, especialmente a través de un uso abrumador de los recursos públicos para seguir alimentando a la misma corrupción.

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Pedro Silverio Alvarez