Una encrucijada peligrosa

«Lo que ha ocurrido en este siglo, en solo 19 años, es muy claro: la República Dominicana no ha superado un problema político histórico: el caudillismo continuista. [...] La persistencia del caudillismo continuista es un mal en todos los partidos dominicanos, grandes y pequeños, y este problema estrecha las opciones. No hay renovación ni ampliación de las ofertas de candidaturas, la gente se va cansando y crece el desencanto. Un beneficio de la democracia es la renovación del liderazgo, la novedad, fomentar el entusiasmo, creer en la posibilidad de cambio, no en que siempre sea más de lo mismo». Rosario Espinal, Hoy, julio 10, 2019

El daño que Odebrecht le ha hecho a este país es prácticamente incuantificable, y no es reparable con poco menos de 200 millones de dólares de sanción que se le han aplicado a dicha empresa mediante una negociación con un atemorizado ministerio público, dados los riesgos que para el poder político significaba – y significa – que el escándalo de corrupción se saliera de los convenientes límites de la opacidad. Por eso, el daño va mucho más allá de lo económico, pues toca, de manera muy particular, a las esferas políticas e institucionales.

No se puede negar el importante impacto que el escándalo de Odebrecht ha tenido en la presente coyuntura política que vive el país. En el 2016 el gobierno se daba por satisfecho con cuatro años más y estuvo dispuesto a garantizar su propósito con un pacto político con sus adversarios internos y una reforma constitucional que inhabilitaba al presidente para presentarse de nuevo como candidato. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora se quiere modificar la constitución y renegar de lo pactado en 2015? Sencillamente, a pocos meses de iniciado el segundo mandato de la presente gestión se destapó el escándalo de corrupción que sacudió los cimientos de una clase política latinoamericana comprometida, hasta la médula, con los sobornos que ‘ganaban’ licitaciones de obras públicas importantes o lograban una adjudicación directa.

Eso fue lo que cambió. Y ahora, el grupo gobernante no puede exponerse al riesgo de que una justicia independiente investigue ese proceso y establezca las graves responsabilidades que comprometen a muchos de ellos. Ahí está la verdadera razón – como analistas políticos han planteado – que motoriza el proyecto reeleccionista. Y por eso, también, el ministerio público se apresta a montar la segunda temporada del circo mediático con las nuevas revelaciones de sobornos por parte de Odebrecht.

Así como la “violencia engendra violencia”, los sobornos engendran nuevos sobornos. Por lo que, ante el temor de perder el poder político y ante la realidad de que los votos no son suficientes para hacer una reforma constitucional, los instigadores del proyecto reeleccionista buscan la manera de ‘convencer’ a congresistas para que ‘generosamente’ voten por su propuesta. Se trata de un encadenamiento pernicioso de cómo un acto inicial de corrupción obliga a nuevos actos de corrupción para evitar que el primero realmente se esclarezca hasta las últimas instancias... una forma muy peculiar de una justicia que se obstruye a sí misma.

De paso, el afán de perpetuar en el poder a un presidente con su grupo gobernante ha provocado una crisis que sobrepasa las fronteras internas de su propio partido y crea una encrucijada muy peligrosa para el futuro del país. Primero, porque por encima de cumplir con las formalidades para cambiar la constitución, está el hecho de que el propósito es beneficiar a una persona o grupo; es decir, no se persigue un avance institucional. Segundo, porque ese proceso de reforma lleva el vicio de la corrupción; y tercero, porque pone en peligro la propia estabilidad económica y obliga a tomar medidas de política económica destinadas a contrarrestar los efectos nocivos de la crisis política.

Es así como la autoridad monetaria se ha visto precisada a tomar medidas crediticias orientadas a estimular la actividad económica; inicialmente, con una liberación de 29 mil millones de pesos del encaje legal, y luego con la liberación de otros cinco mil millones de pesos y la reducción de la tasa de interés que sirve de señal de la política monetaria. Esto es un reflejo de la desaceleración de las actividades económicas que se han originado, principalmente, en la creciente incertidumbre que está generando el ciclo político.

De esta forma, el ciclo político – dominado por el interés grupal de reformar la constitución – está acarreando costos económicos en términos de la posposición de los planes de inversión y de consumo de los agentes económicos. Y, a la vez, hace más costosa la intervención de la política económica; especialmente, porque cuando la desconfianza comienza a generalizarse el esfuerzo de las medidas económicas es mucho menos eficiente; con el agravante de que si el nivel de desconfianza pasa un determinado umbral no habría forma de que la política económica pueda evitar lo peor.

Son esos aspectos críticos de la presente coyuntura que quienes patrocinan el proyecto de reelección no están tomando en cuenta. Las apetencias personales, agarradas de las manos con los sobornos de Odebrecht, se están sobreponiendo a los intereses del país. Es, probablemente, erróneo pensar que se pueda salir ileso de un proceso que tiene tantas implicaciones distorsionantes en los órdenes institucional, político y económico. Se pudiera lograr la reforma constitucional para habilitar al presidente, pero pudiera implicar costos tan altos – en los órdenes señalados – que al final del camino se pudiera perder el propósito último, que es retener el poder. Eso seria paradójico...

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