Una Procuraduría General independiente

Uno de los elementos centrales del discurso de campaña -y del programa de gobierno- del presidente electo Luis Abinader, es la promesa de designar a un o una procuradora o procurador general de la República que sea políticamente independiente.

¿Por qué es tan relevante la centralidad de esa idea en el discurso de quien, en apenas un mes, dirigirá los destinos de la nación? Entre otras razones, porque se trata de una idea que conecta con un viejo anhelo de una parte cada vez más creciente de la sociedad. De una vieja preocupación por la institucionalidad de los órganos del sistema de justicia y, en específico, por la impunidad de la corrupción administrativa en el país, problema este último que ha pasado a formar parte de las principales preocupaciones de la gente, según informan los estudios de opinión y percepción política.

El reto más acuciante que tiene por delante el Ministerio Público es recuperar la confianza perdida de la ciudadanía. Un déficit de confianza ganado a pulso, lenta pero consistentemente, gobierno tras gobierno: manteniéndose al margen de procesos que han requerido de la urgente intervención de la Procuraduría, interviniendo para apañar algunos de los actos más bochornosos que ha conocido la historia de la corrupción administrativa en el país, de pasar por alto el respeto debido a procesos institucionales, de instrumentalización de la institución para la promoción de proyectos personales, y un largo etcétera.

Es por eso que la designación que ha de anunciarse en los próximos días debe ir encaminada, en lo inmediato, al propósito de recuperar la confianza perdida de la ciudadanía. Y es precisamente por eso que cuenta tanto a quién se designe. Porque el o la designada no debería tener que darse a conocer por las ejecutorias del cargo que va a ostentar. No debería tener que ganarse la confianza ciudadana por las acciones que pueda llevar a cabo en los próximos meses. Debería llegar al cargo precisamente por una trayectoria que, en sí misma, comporte la inyección de confianza que la institución requiere con urgencia: la confianza en que las cosas empezarán a ser distintas a como han sido a lo largo de décadas.

Por si se lo está preguntando, la respuesta es que sí, tengo mi preferencia. Pero no se trata tanto de tener preferencias, como de tener conciencia de la trascendencia de una cuestión como la que ocupa este artículo.

Esa primera designación es, como dije, esencial y está llamada a tener un impacto fundamental en la recuperación inmediata de la confianza. Pero es apenas el primer paso en un camino complejo y no exento de dificultades para avanzar hacia la institucionalización del Ministerio Público en su totalidad.

Y es que una cuestión tan importante no debe quedar librada a la buena voluntad del Presidente de turno. Por muy relevante y necesaria que sea, esa voluntad es pasajera y, por tanto, insuficiente. Se precisa convertirla en política institucional. Institucionalizar la voluntad de turno de manera que la decisión no quede como un hecho anecdótico memorable, sino como un legado de política pública en los términos que la sociedad aspira y merece.

Y convertir esa voluntad en legado supone poner en el debate, y darle forma, a una idea desconcertante en su simplicidad y trascendencia: es una quimera contar con un procurador general de la República funcionalmente independiente, mientras su titular esté adscrito al Poder Ejecutivo y su puesto dependa de un decreto del presidente de la República. Esto último, tanto para la designación como para la destitución. Bastaría con que un nuevo presidente carezca de la misma voluntad para que lo que pudo ser un legado institucional se convierte en una anécdota de poca trascendencia.

La adscripción orgánica al Poder Ejecutivo -que ha llevado a que la designación se haga en base a criterios de estricta confianza y filiación política- explica tres fenómenos igualmente perniciosos a cuya erradicación aspira un sector cada vez más creciente de la sociedad: I) la instrumentalización política de la investigación criminal para inhabilitar opositores, II) la consuetudinaria renuencia a adelantar procesos de investigación contra los compañeros de partido, por más verosímiles que sean las denuncias que se formulen y, III) la institucionalización del archivo de expedientes de corrupción como hábito.

Lo anterior conduce entonces a la siguiente conclusión: quien depende de un nombramiento de confianza política no puede tener en sus manos competencias de investigación criminal que bien podrían apuntar a sus compañeros de partido o al ámbito de intereses directos de quien lo designa.

En consecuencia, el proceso que ha de empezar con la designación de una o un nuevo responsable de la Procuraduría General de la República debe avanzar a separar las funciones constitucionales de investigación penal, de puesta en movimiento de la acción pública y de representación de los intereses del Estado y la sociedad, de los que son políticas públicas propias del Poder Ejecutivo, como la definición e implementación de una política contra la criminalidad.

Lo anterior implica, por un lado, la creación de una instancia gubernamental responsable de todas la políticas del Gobierno relacionadas con el sector justicia, con un titular de libre designación por parte del Ejecutivo, y que algunos sugieren que sea un Ministerio de Justicia. Por otro lado, implica redefinir la adscripción orgánica del máximo representante del Ministerio Público, que su titular pase a ser designado por una instancia que no sea el Presidente de la República y que provenga del sistema de carrera.

Son muchas las implicaciones de una decisión encaminada a institucionalizar el MP. Pero es clave avanzar en esa dirección para que la defensa del “interés público tutelado por la ley” (artículo 169 CD), el postulado de que “goza de autonomía funcional” y de que sus actuaciones se rigen, entre otros, por el principio de objetividad, recobren el contenido que siempre debieron tener, y dejen de ser letra hueca adornando el articulado constitucional.

Cristóbal Rodríguez Gómez