Vamos a contar verdades, tra la lá, (1)

Si para espabilar su imaginación, y por medio de la interpretación de canciones infantiles, a los niños se les pone a contar mentiras, tra la lá, podría ser apropiado contar verdades a los adultos para crear mayor conciencia acerca de la gravedad de los asuntos puestos a su cargo y estimular su disposición a tomar decisiones oportunas.

Vamos pues a contar algunas verdades, tra la lá.

En el área fiscal ha habido avances notables como la puesta en vigencia de la cuenta única del Tesoro, o la disponibilidad temprana y detallada de las cifras que se publican. O la presentación de la ejecución presupuestaria consolidada del sector público. Y lo último, la autorización para que el FMI publique el informe sobre la economía dominicana, según el articulo IV. (Lo normal es que se publique cada año, no únicamente cuando se estime conveniente).

Esos son aciertos que merecen reconocimiento.

Pero, persiste una mancha que crece y crece como un globo inmenso en el que la presión del aire comprime cada vez más sus delicadas paredes y adquiere proporciones que encienden las alarmas de peligro.

Los primeros 16 años del siglo XXI se caracterizan por la generación de déficits fiscales consecutivos, con excepción del 2007. El déficit acumulado entre el año 2000 y junio del 2016 alcanza el equivalente a US$20,600 millones.

La deuda pública ha pasado desde US$3,660 millones en el 2000 hasta US$33,820 millones a junio del 2016, incluida la deuda cuasi fiscal no formalizada. Son cifras que asustan.

Si esos US$33,820 millones se hubieran utilizado en inversión productiva este país sería próspero, educado, sin la inequidad ni la miseria que arropa a tantos dominicanos, y sin la carga migratoria de cientos de miles de haitianos que ocupan los puestos de trabajo de los nacionales.

Desde el 2000 y hasta junio del 2016 el país había pagado el equivalente a US$13,938 millones en intereses, de los cuales US$6,204 millones fueron al exterior. Y había amortizado US$19,227 millones, de los que US$13,325 millones también salieron al exterior.

Para el 2017 se tiene presupuestado pagar US$2,381 millones en intereses y US$1,803 millones en aplicaciones financieras.

Todo esto constituye una sangría enorme, una tara que frena el potencial de desarrollo de la nación. Es como si al tener que saltar una valla se arrastrara una losa de acero atornillada a los pies.

El país está siendo hipotecado mediante un proceso de endeudamiento continuo, sin ton ni son, tra la lá, y esa carga recaerá injustamente incluso sobre quienes todavía no han nacido.

Pudiera argumentarse que otras naciones siguen un rumbo parecido, pero eso no es consuelo, aunque sí es cierto que los países atraviesan por momentos en que se hace necesario endeudarse hasta el límite, si fuere imprescindible.

Eso podría ocurrir cuando surgen choques externos o internos de envergadura. Pero son episodios limitados en el tiempo, que luego deben revertirse para volver a la normalidad.

Lo que no tiene justificación es insistir en la generación de déficit y en la acumulación de deuda sin un para qué.

Y, si no, ¿alguien podría decir para qué se incrementa el déficit y se coge más dinero prestado?

Salvo en escasa medida, pues de todo hay en la viña del señor, no es para solucionar los problemas relevantes sino para mantener funcionando un aparato del Estado que tiende a la elefantiasis.

Todo apunta, tra la lá, a que una de las causas principales de ese largo proceso de generación de déficit y endeudamiento es la debilidad institucional que hace que el gasto supere al ingreso.

Por eso en la administración pública ha habido y hay botellas en demasía, como si el dinero sobrara.

La clase política, tal y como se desenvuelve, le está costando demasiado al país, no sólo por lo que consume directamente, sino sobre todo por el derroche que se evidencia en la ejecución de políticas destinadas a mantener y extender la cuota de quienes ejercen los poderes del Estado.

El gasto social también se utiliza para convertir en clientes a los destinatarios de la ayuda social. Toda una desgracia.

De ahí que un tema de la máxima importancia para que esta sociedad empiece a reorganizarse en serio, es exigir la máxima calidad y pulcritud en el gasto público.

Lo más extraordinario y hasta asombroso es que no se resuelve ningún problema de envergadura cuya solución cause un costo político en el corto plazo.

Por cosas como esas no se soluciona, por ejemplo, el problema eléctrico ni la deuda cuasi fiscal, que además son fuentes de poder y riqueza, ni se arreglan los desvaríos del transporte, ni se bajan las tasas de interés para impulsar la inversión productiva y la creación de empleo de dominicanos, ni se universaliza la seguridad social.

Esta no es una crítica a una gestión de gobierno determinada ni a nadie en particular, sino a un sistema que se extiende en el tiempo y que debe ser cesado.

La situación fiscal contiene un factor de vulnerabilidad no despreciable, pues cualquier restricción que surja en la fuente de financiamiento obligaría a ajustes bruscos en el gasto, junto con los impuestos, afectaría a la baja tanto al producto como al empleo, y podría incidir negativamente sobre el desempeño del sistema financiero y de pensiones.

Lo aconsejable sería hacer las correcciones ahora, cuando las circunstancias internacionales todavía son favorables, o sentarse a tentar la suerte con el riesgo de que sea el mercado el que haga el ajuste por su propia cuenta, con más dolor para todos.

Eso es lo que hay, tra la lá.

Eduardo García Michel