Venezuela: El Informe Bachelet

El informe denuncia que desde la época de Chávez se viene produciendo una militarización de las instituciones del Estado. Asimismo, menciona la ausencia de libertad de prensa y expresión: no solo se persigue a periodistas sino también a cualquiera, por emitir opinión en las redes sociales.
$!Venezuela: El Informe Bachelet

La estrategia de Michelle Bachelet fue despistar al régimen de Nicolás Maduro acerca de su visión real respecto a la terrible situación de Venezuela. Por esa razón el régimen no tuvo miramientos para que una misión de ACNUDH visitara Venezuela entre el 11 y 22 de marzo de 2019. En ese lapso sus miembros se entrevistaron con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo agentes estatales en Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guyana.

Desde septiembre del 2018 y abril del 2019 el organismo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó con sigiloso rigor nueve visitas para entrevistar personas refugiadas y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. Siendo facilitadas esas misiones por los gobiernos de esos países.

La información contenida en el informe viene siendo recabada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) prácticamente desde que Bachelet asumió la dirección de ese organismo internacional.

El informe de 18 páginas, dividido en 5 capítulos señala que los ingresos mensuales de las familias son "insuficientes para cubrir sus necesidades básicas" dado que dan "para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes". Recalca que 3,7 millones de venezolanos están desnutridos, situación que afecta principalmente a niños y embarazadas.

El programa gubernamental de asistencia alimentaria conocido como "cajas CLAP", tiene dos graves defectos: por un lado, no cubre las más elementales necesidades nutricionales de una persona y por el otro, solo se las entregan a partidarios del gobierno. A finales del 2016, Nicolás Maduro se inventó el "carné de la Patria" mediante el cual se monitorea la actividad política de las personas que reciben asistencia (en dinero o especie) estatal. Es decir, se utiliza el hambre como herramienta de control y manipulación social. Igualmente, grave es la situación de la salud. Hay una falta generalizada de fármacos y de tratamientos esenciales. Las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades se han deteriorado en forma alarmante.

El documento expresa que el gobierno ha atribuido la culpa de esta situación a las sanciones impuestas a Venezuela por otros países. Sin embargo, Bachelet advierte que la mayoría "son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas". Además, las cifras oficiales prueban que la economía venezolana ya estaba en crisis mucho antes de que se impusieran dichas sanciones.

El informe denuncia que desde la época de Chávez se viene produciendo una militarización de las instituciones del Estado. Asimismo, menciona la ausencia de libertad de prensa y expresión: no solo se persigue a periodistas sino también a cualquiera, por emitir opinión en las redes sociales.

Bachelet acusa al régimen de Maduro de malos tratos, detenciones arbitrarias, torturas y de asesinar a opositores –principalmente de los sectores más humildes– utilizando escuadrones de la muerte. Afirma que casi 7.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el último año y medio. Expresa que la mayoría de esas muertes fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad (FAES), lo que constituye una cifra "sorprendentemente elevada".

Según el informe, hay una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno [...] los grupos armados civiles pro gubernamentales conocidos como ‘colectivos’ han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones". Además, se comprobó que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.

Este informe irritó al régimen de Nicolás Maduro. Muchos creían que Bachelet era una aliada incondicional de la izquierda. Su silencio respecto al chavismo durante sus dos presidencias (2006-2010 y 2014-2018) contribuyó con esa creencia.

Evidentemente este informe implica un divorcio de un segmento importante de la izquierda democrática Latinoamérica con la dictadura de Venezuela. Le hizo recordar los tiempos de Pinochet, en que ella y su gente sufrieron cárcel, humillación y vejámenes.

Ya lo hemos dicho, los extremos se tocan.

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