¿Vivimos otro 1994?

La respuesta a la pregunta formulada en el título de este artículo es no, rotundamente no. Sin embargo, el tono y los planteamientos de los partidos de oposición y de algunos sectores de la sociedad, en lo que respecta al recién pasado proceso electoral, darían entender que sí, que estamos ante otro “momento 1994” y que, en consecuencia, los correctivos que habría que aplicar en esta oportunidad deberían ser similares a los que se adoptaron en aquella coyuntura en la que se produjo la crisis político-electoral más aguda desde la que tuvo lugar en 1978. Como se sabe, ambas crisis fueron desatadas por los deseos continuistas del presidente Joaquín Balaguer, aunque cada una tuvo sus características particulares en cuanto a los mecanismos utilizados para lograr el propósito de mantener a este en el poder.

En lo concierne a la crisis de 1994, la más cercana en el tiempo y con la que parece compararse la situación actual, vale la pena recordar lo que ocurrió en aquella oportunidad. El día de las elecciones miles de votantes alrededor del país denunciaron que cuando fueron a votar sus nombres no aparecieron en las listas de las mesas en las que les correspondían estar inscritos, por lo que no pudieron ejercer su derecho al voto, con la particularidad de que los votantes excluidos decían simpatizar con la candidatura del doctor José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el denominado Acuerdo de Santo Domingo. Ante la crisis planteada, la Junta Central Electoral decidió eventualmente crear una Comisión de Verificación, integrada por tres funcionarios de esa institución (Julio Brea Franco, Alberto Maldonado y Francisco García Olivo) y por dos profesionales independientes de probada capacidad e integridad ética (Rafael Toribio y Radhamés Mejía), con la asesoría del doctor Gonzalo Brenes, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Jorge Tirado, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

En su informe, esa Comisión, luego de analizar una muestra de los colegios electorales en los que se produjo la irregularidad, concluyó lo siguiente: 1) que, en efecto, decenas de miles de personas no pudieron ejercer el derecho al voto porque sus nombres fueron excluidos de las listas de votantes en las mesas electorales en las que les correspondía votar; 2) que serias irregularidades habían sido cometidas en la configuración de las listas correspondientes a decenas de mesas electorales; y 3) que, dada la naturaleza de esas irregularidades, la exclusión de votantes no podía haber sido el producto de un error involuntario de carácter técnico o de otro tipo, sino de una acción deliberada dirigida a dislocar las listas de votantes.

Ante una crisis de esa envergadura y gravedad, las soluciones tuvieron que ser de igual dimensión, incluyendo una reforma constitucional que puso fin a la crisis y que introdujo cambios significativos en el ordenamiento institucional dominicano. También fue necesario la conformación de una Junta Central Electoral con personalidades independientes que tuvieron la misión de poner orden en un régimen electoral que había colapsado. Fue tal el grado de desconfianza en dicho régimen que fue necesario incluir en la reforma constitucional los llamados colegios electorales cerrados para impedir que los electores pudieran votar más de una vez, figura que fue eliminada en la reforma constitucional de 2002.

A diferencia de 1994, en las elecciones de 2016 no hubo fraude electoral. Nadie fue excluido de su lugar de votación ni a nadie se le impidió votar, como tampoco hubo situaciones comprobadas que pudieran llevar razonablemente a considerar que, de haber sido diferente, la oposición hubiese ganado las elecciones. De hecho, en los lugares donde más fuerte y estruendosa ha sido la protesta oposicionista, sus candidatos quedaron en distantes lugares de la primera posición. Ciertamente, en el proceso de conteo de escrutinio de los votos, con la mezcla a última hora del conteo electrónico con el coteo manual, se produjeron situaciones que no debieron ocurrir, pero estas en ningún momento alcanzan ni remotamente el nivel de fraude electoral.

En este contexto, resulta irónico que dirigentes del prácticamente colapsado Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) hayan proclamado que la democracia dominicana ha colapsado. Lo mismo puede decirse del tono grandilocuente y desproporcionado con el que algunos candidatos perdedores han afrontado su derrota. Si los especialistas de la revista Foreign Policy, que preparan el índice de Estados Fallidos, están tomando nota de estas declaraciones sin comprobar bien los hechos en la realidad, seguro que le quitarán veinte o treinta puntos a la República Dominicana en su próxima entrega.

Nadie puede negar que el sistema electoral dominicano necesita de nuevas reformas y que los órganos de este sistema (Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral) tienen que contar con la aceptación de los actores relevantes del sistema político. Pero de ahí a querer imponer un capacidad de veto y neutralizar al partido ganador (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) para tomar cualquier decisión, como fue necesario hacer en 1994 frente al Partido Reformista, hay una diferencia muy grande. Por supuesto, el PLD no puede pretender “salirse con la suya” y tomar decisiones unilaterales sobre cuestiones críticas (ley de partidos políticos, ley electoral, elección de los miembros de los órganos electorales), pero tampoco se puede pretender anular al partido mayoritario en su capacidad de toma de decisiones, pues fue este el que recibió el apoyo mayoritario de la población.

De ahí que al PLD se le debe exigir mesura y razonabilidad a la hora de poner a funcionar su mayoría congresual y en el Consejo Nacional de la Magistratura, mientras que a la oposición, particularmente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), hay reclamarle que abandone su discurso grandilocuente y desproporcionado, así como sus pretensiones de vetar la capacidad de toma de decisiones del partido mayoritario, y que más bien se embarque en un esfuerzo creíble de participación y aportes en el proceso de diálogo y concertación que se ha iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado. Esta es la clave para salir adelante con un régimen electoral y un sistema de partidos políticos mucho más fortalecido, así como con una democracia más consolidada.

Flavio Darío Espinal