Menos cárceles, más prevención
Una sociedad exitosa no es la que edifica más celdas, sino la que las vacía
La noticia de que decenas de privados de libertad en Salcedo han encontrado una ocupación productiva antes de recuperar su libertad, debería provocar una reflexión más profunda que la simple satisfacción por una buena iniciativa.
Allí, internos que aprenden panadería, ebanistería y otros oficios técnicos han descubierto una posibilidad real de reinserción social y económica. Algunos, incluso, tienen perspectivas laborales antes de abandonar el recinto penitenciario.
Ese ejemplo representa lo que debería ser la aspiración de cualquier sistema de justicia moderno: transformar vidas para evitar que el delito vuelva a ocurrir. Sin embargo, esa visión contrasta con otro anuncio realizado por el Gobierno: la construcción de diez nuevos centros penitenciarios, como parte de la ampliación de la infraestructura carcelaria nacional.
La medida responde a necesidades reales de espacio, modernización y sustitución de instalaciones deterioradas, pero, también evidencia una realidad incómoda: seguimos planificando el futuro con la expectativa de que necesitaremos más cárceles.
Por supuesto, ningún país puede prescindir completamente de los centros de reclusión. Existen delitos graves que requieren sanciones y protección para la sociedad. El problema surge cuando la inversión en cárceles comienza a verse como una solución estructural y no como una respuesta temporal a un fracaso previo.
Cada nueva prisión construida representa recursos económicos, terrenos, personal, equipamiento y mantenimiento. Son inversiones necesarias cuando el sistema lo demanda, pero que también revelan una incapacidad colectiva para atacar las causas profundas de la criminalidad.
Una sociedad verdaderamente exitosa no es la que construye más cárceles, sino, la que logra que éstas sean cada vez menos necesarias.
La educación, la formación técnica, la inserción laboral, el fortalecimiento familiar y las oportunidades para los jóvenes, son políticas mucho más rentables que cualquier muro de concreto o sistema de vigilancia. La experiencia de Salcedo demuestra que cuando una persona privada de libertad adquiere competencias para trabajar dignamente, aumenta considerablemente la posibilidad de que no reincida.
Por eso, la noticia más esperanzadora no es que se anuncien nuevas cárceles, sino, que existan programas capaces de vaciarlas en el futuro. El verdadero indicador de desarrollo no debería medirse por la cantidad de celdas disponibles, sino, por la cantidad de ciudadanos que nunca llegan a necesitarlas.
La meta de una nación moderna no puede ser administrar mejor la delincuencia. Debe ser reducirla hasta el punto de que construir una nueva prisión deje de ser una prioridad y se convierta en una excepción.
Cada joven que accede a educación de calidad, cada ciudadano que encuentra empleo digno y cada interno que logra reinsertarse productivamente en la sociedad, representa una victoria mucho más valiosa que cualquier nueva infraestructura penitenciaria. La seguridad sostenible no se construye únicamente con cárceles; se edifica con inclusión, formación y esperanza.
La noticia de que decenas de privados de libertad en Salcedo han encontrado una ocupación productiva antes de recuperar su libertad, debería provocar una reflexión más profunda que la simple satisfacción por una buena iniciativa.
Allí, internos que aprenden panadería, ebanistería y otros oficios técnicos han descubierto una posibilidad real de reinserción social y económica. Algunos, incluso, tienen perspectivas laborales antes de abandonar el recinto penitenciario.
Ese ejemplo representa lo que debería ser la aspiración de cualquier sistema de justicia moderno: transformar vidas para evitar que el delito vuelva a ocurrir. Sin embargo, esa visión contrasta con otro anuncio realizado por el Gobierno: la construcción de diez nuevos centros penitenciarios, como parte de la ampliación de la infraestructura carcelaria nacional.
La medida responde a necesidades reales de espacio, modernización y sustitución de instalaciones deterioradas, pero, también evidencia una realidad incómoda: seguimos planificando el futuro con la expectativa de que necesitaremos más cárceles.
Por supuesto, ningún país puede prescindir completamente de los centros de reclusión. Existen delitos graves que requieren sanciones y protección para la sociedad. El problema surge cuando la inversión en cárceles comienza a verse como una solución estructural y no como una respuesta temporal a un fracaso previo.
Cada nueva prisión construida representa recursos económicos, terrenos, personal, equipamiento y mantenimiento. Son inversiones necesarias cuando el sistema lo demanda, pero que también revelan una incapacidad colectiva para atacar las causas profundas de la criminalidad.
Una sociedad verdaderamente exitosa no es la que construye más cárceles, sino, la que logra que éstas sean cada vez menos necesarias.
La educación, la formación técnica, la inserción laboral, el fortalecimiento familiar y las oportunidades para los jóvenes, son políticas mucho más rentables que cualquier muro de concreto o sistema de vigilancia. La experiencia de Salcedo demuestra que cuando una persona privada de libertad adquiere competencias para trabajar dignamente, aumenta considerablemente la posibilidad de que no reincida.
Por eso, la noticia más esperanzadora no es que se anuncien nuevas cárceles, sino, que existan programas capaces de vaciarlas en el futuro. El verdadero indicador de desarrollo no debería medirse por la cantidad de celdas disponibles, sino, por la cantidad de ciudadanos que nunca llegan a necesitarlas.
La meta de una nación moderna no puede ser administrar mejor la delincuencia. Debe ser reducirla hasta el punto de que construir una nueva prisión deje de ser una prioridad y se convierta en una excepción.
Cada joven que accede a educación de calidad, cada ciudadano que encuentra empleo digno y cada interno que logra reinsertarse productivamente en la sociedad, representa una victoria mucho más valiosa que cualquier nueva infraestructura penitenciaria. La seguridad sostenible no se construye únicamente con cárceles; se edifica con inclusión, formación y esperanza. b

Rossanna Figueroa