Rossanna Figueroa
Que no escape de la justicia
Cuando un falso médico puede operar durante años sin ser detenido, la responsabilidad deja de ser únicamente individual y se convierte también en un problema institucional
Rebecca Brizard ya no puede levantar la voz. Gloria Mejía sí puede hacerlo. Y su testimonio debería bastar para que las autoridades comprendan que no están frente a un hecho aislado, sino, ante un caso que exige una investigación profunda y una respuesta ejemplar.
Gloria cuenta que acudió al mismo supuesto cirujano buscando mejorar su apariencia física. Lo que encontró fue una infección que casi le cuesta la vida y un proceso de recuperación que se prolongó durante seis meses. Rebecca no tuvo la misma oportunidad. Hoy su familia exige justicia por una muerte que nunca debió ocurrir.
En este debate conviene dejar algo claro. Las mujeres tienen pleno derecho a decidir sobre su cuerpo. Pueden optar por una cirugía estética o por cualquier procedimiento médico que entiendan conveniente. Ese derecho forma parte de su autonomía personal y nadie debería cuestionarlo. Lo que sí debe cuestionarse es que personas sin la preparación, la certificación o la habilitación necesarias se aprovechen de esa decisión para poner vidas en peligro.
El problema no termina en el falso cirujano. También obliga a preguntarse cómo pudo operar durante tanto tiempo sin que saltaran las alarmas. ¿Fallaron los controles?, ¿hubo negligencia? ¿alguien miró hacia otro lado? Cada una de esas interrogantes merece una respuesta, porque detrás de cada procedimiento realizado pudo haber una víctima más.
No es la primera vez que el país enfrenta tragedias vinculadas al intrusismo en la cirugía estética. Los gremios médicos y las autoridades sanitarias han advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos que representan los procedimientos practicados por personas no certificadas o en establecimientos sin las condiciones requeridas.
Por eso, la reacción de la justicia no puede quedarse en una orden de búsqueda ni en un expediente que duerma sobre un escritorio. Si el responsable abandonó el país, corresponde activar todos los mecanismos de cooperación internacional para localizarlo, detenerlo y someterlo a los tribunales. La impunidad sería un mensaje devastador para las víctimas y una invitación para que otros impostores continúen actuando con la misma temeridad.
Este caso debe marcar un antes y un después. No solo porque una mujer perdió la vida y otras cargan con secuelas físicas y emocionales, sino, porque la sociedad necesita recuperar la confianza en que quien juega con la salud ajena responderá ante la ley.
La belleza nunca debería pagarse con la vida. Mucho menos cuando quien sostiene el bisturí nunca debió tenerlo en las manos.
Rossanna FigueroaProfesional del periodismo egresada de la UASD. Cuenta, además, con concentración académica en Comunicación Corporativa, Marketing Digital, Español, Lingüística y Literatura.