De la debilidad judicial y administrativa

En el caso de demostrarse la presunción de culpabilidad a los imputados de los casos Coral, Antipulpo, Operación 13 y Medusa, incoados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sería una señal evidente de que la administración de justicia y de los recursos del Estado en los pasados gobiernos andaba por mal camino, divorciada de la ética y de la administración pulcra de los recursos del erario.

Veamos la cronología de los más relevantes casos: en la Operación Antipulpo, el Ministerio Público acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones, figuran en este expediente y guardan prisión los hermanos del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

Y siguiendo con temas que aluden al ambiente marino, le continuó la denominada “Operación Coral”, en la que aparecen como parte del expediente figuras militares cercanos al ex presidente Medina.

Encabeza la lista el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de los ayudantes militares, el coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, quienes según el Ministerio Público integraban un entramado militar-religioso que se encargó de manejar y distraer más de tres mil millones de pesos.

El tercero de estos sonados casos cierra con un número peculiar, la denominada Operación 13, cuyo principal acusado es el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a quien señalan como el cabecilla de una mafia que estafó al Estado con más de 500 millones de pesos.

La más reciente acción ejecutada por la Pepca fue Operación Medusa, que coloca al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez a la cabeza de un supuesto entramado en perjuicio del Estado dominicano.

Los ojos del país están puestos en la forma en que la Justicia actúe en cada uno de estos casos, y en que las decisiones que se tomen sean apegadas a la ley y al estricto de derecho de los acusados y de cada una de las partes.

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