Jaime Aristy Escuder
Esperanza eléctrica
En relación con la tarifa eléctrica, es indispensable establecer un subsidio focalizado que beneficie únicamente a la población de menores ingresos
El pueblo dominicano alberga la esperanza de que algún día se logrará una mejora significativa del desempeño operativo y financiero del sector eléctrico. En la actualidad, el gobierno transfiere cada año unos 1,800 millones de dólares -equivalente a 1.4% del producto interno bruto (PIB)- a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para que estas puedan pagar a las plantas generadoras de energía y evitar los "apagones financieros."
El deterioro de las finanzas del sector eléctrico responde tanto al rezago del ajuste de la tarifa a los mayores costos de la energía que se compra como a la debilidad operativa de las EDE, reflejada en elevadas pérdidas técnicas y no técnicas.
En el Pacto Eléctrico firmado en 2021 se acordó, entre otras medidas, ajustar la tarifa de electricidad a los costos de la energía adquirida por las EDE. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad aprobó cuatro incrementos tarifarios. El cuarto de ellos, previsto para el trimestre de julio a septiembre de 2022, implicaba que los clientes residenciales enfrentarían un aumento acumulado en su tarifa de entre un 30% y un 50%. Ante las protestas de los consumidores, el gobierno decidió anular el último ajuste y dejar congelada desde entonces la tarifa de electricidad.
La brecha entre el precio de compra de las EDE y la tarifa aumentó por el retraso en la entrada en operación del parque energético de Manzanillo, lo que agravó el déficit financiero de las distribuidoras. En 2021, el autor de esta columna advirtió a las autoridades gubernamentales que esas plantas de generación de electricidad no estarían disponibles en 2024 y que no comenzarían a operar hasta el primer trimestre de 2026. Por ello, recomendó aprobar la instalación de una planta con capacidad de 450 MW de energía eléctrica base entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente en esa zona (terreno aprobado para expansión, terminal de recepción de gas natural, tanques de almacenamiento y gasoducto). Dicha instalación habría permitido disponer en 2024 de una nueva oferta de electricidad a precios muy competitivos.
El tiempo ha confirmado la validez de esos pronósticos. De los tres proyectos localizados en Manzanillo, solo uno, Energía 2000, estará operativo en los primeros meses de 2026. Las otras dos plantas, a las cuales se les suma la terminal de importación de gas natural, no tienen fecha de entrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
La falta de disponibilidad de la energía eléctrica que supliría el parque de Manzanillo, teóricamente a partir de 2024, obligó a las EDE a comprar electricidad en el mercado spot y a firmar contratos de compra a precios exorbitantes. El contrato más reciente se realizó con barcazas de la empresa Karpowership, cuyo precio de venta ha superado los 48 centavos de dólar por kilovatio hora. Si se compara con el precio promedio de venta de las EDE a los clientes del SENI, que en los primeros nueve meses de 2025 registró un promedio de 16.56 centavos de dólar por kilovatio hora, es evidente que el rezago de los proyectos de Manzanillo ha resultado muy costoso para las finanzas públicas.
Por otro lado, entre 2019 y finales de 2025, el porcentaje de pérdidas de la cantidad de energía adquirida por las EDE subió de un 29% a un 42%. Dicho incremento refleja la incapacidad de las distribuidoras de medir, facturar y cobrar de manera adecuada la electricidad que suministra a los usuarios. Esa ineficiencia operativa, combinada con el aumento del porcentaje de demanda de energía servida (de un 89% a un 98% en ese mismo período), empeoró la situación financiera de las distribuidoras.
El déficit de las EDE limita las posibilidades del gobierno de elevar la inversión pública. Si dicho déficit financiero se redujese a solo el 0.4% del PIB, se liberaría un punto porcentual que podría destinarse a proyectos de infraestructura pública capaces de estimular la inversión privada y elevar el ritmo de crecimiento económico. Por ese motivo, se vuelve imprescindible adoptar medidas que fortalezcan la posición financiera de las distribuidoras de electricidad.
La primera debe ser la eliminación de todos los gastos superfluos de las EDE. Ello implica prescindir del personal que no aporte valor a esas tres empresas.
Paralelamente, se precisa reducir el costo de la energía comprada. El sistema de contratación ha de fundamentarse en la subasta inversa para adquirir la electricidad al menor importe posible. Además, hay que revisar los contratos firmados de nuevos proyectos y evaluar si el costo de capital aplicado para fijar el precio monómico se corresponde con una tasa de retorno adecuada a una planta de generación de ese tipo. Si se determina que dicho costo es excesivo -por ejemplo, un 20% por encima de lo normal- sería necesaria una renegociación con la empresa generadora a fin de reducir su precio de venta.
En relación con la tarifa eléctrica, es indispensable establecer un subsidio focalizado que beneficie únicamente a la población de menores ingresos. Conviene adoptar un sistema tarifario que refleje el costo de la generación por hora, de manera que el consumidor tenga un incentivo para reducir su demanda en las franjas horarias más caras, lo que a su vez recortará el precio de compra de energía de las EDE.
Por último, en cuanto a facturación y cobranza, se requieren inversiones para instalar medidores inteligentes o de prepago capaces de garantizar el pago de la electricidad consumida por todos los usuarios. Aquellos que no deseen asumir una factura elevada deberán ajustar su consumo al monto que estén dispuestos a pagar. La nueva tecnología de medidores permitiría un ajuste automático al margen de quién sea el cliente. Con un presupuesto estimado de 1,200 millones de dólares (600 millones menos de lo que cuesta al contribuyente dominicano un año de subsidios a las EDE) podría desplegarse la infraestructura necesaria para asegurar el pago oportuno y equitativo de la electricidad. De ese modo, la esperanza de contar con un sector eléctrico más eficiente y compatible con un mayor nivel de bienestar para todos se convertiría, por fin, en una realidad.
Jaime Aristy EscuderEconomista y matemático. Graduado de la Universidad de Chicago y doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Economía Matemática.