La soberanía del consumidor

“En un sistema de comercio perfectamente libre, cada país, dedica su capital y trabajo a los empleos que le son más beneficiosos, utiliza más eficazmente las facultades peculiares y distribuye el trabajo más eficaz y económicamente. Con esto difunde el beneficio general, une por medio de los lazos del interés y el intercambio, la sociedad universal de las naciones, ya que es más fácil importar aquellas cosas que cuestan más producir y exportar aquellas que podemos producir más cómodamente (más beneficioso aplicar todo el capital a aquello en lo que somos buenos produciendo, que a aquello que nos cuesta más).”

David Ricardo

Si algo ha quedado claro en el debate sobre la decisión de la Dirección General de Aduanas de cobrar impuestos a las compras por internet con un valor por debajo de los doscientos dólares es que vivimos en un país con bajos niveles de institucionalidad. Independientemente de que Aduanas tenga razón o no, la forma en la que ha manejado el tema no ha sido la más apropiada. Con un simple aviso se le informaba a la nación que a partir del 15 de agosto quedaba resuelta la “ilegalidad” que había predominado por nueve años en el tratamiento impositivo a dichas compras. Lo que nunca nadie había visto –incluyendo a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y al propio Presidente Medina- es de repente descubierto por Aduanas, después de dos años de duro aprendizaje. Fueron olvidadas, de paso, las razones que el Poder Ejecutivo argumentó para justificar que fuera eliminado el artículo 49 de la Ley 532-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad de Recaudación del Estado. Al parecer, también el Presidente estuvo equivocado.

Este debate pudiera dar la impresión de que es un enfrentamiento entre importadores –los couriers- y «exportadores»; pero en realidad, se trata de un debate entre importadores, y la idea es que el flujo creciente de comercio que se realiza a través de los couriers sea desviado hacia el comercio local importador. No se está tratando de proteger a la balanza de pagos de la «voracidad» importadora de la clase media. Es una lucha por capturar una mayor tajada del negocio. Y las malas prácticas importadoras pueden ocurrir a ambos lados del campo de batalla, pero es muy probable que las oportunidades de defraudar al fisco sean mucho más frecuentes en las importaciones al por mayor que en las importaciones hechas por los consumidores finales, o pretendiendo ser consumidores finales.

Uno de los argumentos más poderosos para la defensa del comercio importador –como un todo- es que el criterio ordenador de la política económica debe ser el bienestar del consumidor, una condición que es común a todos los agentes económicos. Es claro que un mayor nivel impositivo se corresponde con un menor nivel de bienestar, el cual puede ser medido a través de una perdida en el excedente del consumidor –los dichosos triángulos de Harberger, para los economistas. Por eso, es entendible que una clase media que tiene una presión tributaria que bien pudiera superar al 30% se resista a mayores gravámenes, pues se traducen, asimismo, en una pérdida de la capacidad para elegir como consumidor. Es decir, una pérdida de libertad económica.

La presencia de los couriers ha sido beneficiosa para la economía dominicana, en el contexto de lo planteado anteriormente, ya que ha hecho posible un mayor nivel de competencia entre suplidores comerciales. La fijación de precios en el comercio local ha tenido que incorporar en la ecuación la realidad de que el consumidor tiene fuentes alternativas para adquirir una determinada mercancía. Es un necesario contrapeso que protege a los consumidores.

Todo parece indicar que al final de cuentas la controversial decisión de Aduanas tendrá que ser debatida en los tribunales. Mientras tanto, es pertinente tener en cuenta que en el trasfondo se está discutiendo la pertinencia o no de que el sistema tributario contemple un sin número de exenciones que al decir de los tecnócratas representa un «gasto tributario» -un concepto contradictorio en sí mismo- que erosiona significativamente la capacidad recaudadora del Estado, debilitando la misión social del gobierno. De ahí que los argumentos para eliminar las exenciones a las compras por internet son los mismos que serán utilizados para justificar una revisión de las exenciones al sector empresarial en su conjunto. De manera que el tema no es tan trivial como pudiera considerarse a primera vista.

Las exenciones son necesarias en el marco de un sistema tributario altamente ineficiente. Las elevadas tasas impositivas y la asimetría de la presión tributaria obligan a un sistema de exenciones que posibiliten mínimamente las actividades productivas. El problema no se resuelve eliminándolas. Por el contrario, su eliminación haría que muchas actividades económicas sean inviables.

El comercio es parte fundamental del proceso económico que va desde la producción hasta la distribución, poniendo en mano de los consumidores finales los bienes que demandan. Restringirlo no es el camino, pues como dijo Benjamín Franklin “ninguna nación fue arruinada jamás por el comercio.”

Pedro Silverio Alvarez