Atrapados en las redes sociales

Centremos la preocupación en la vulnerabilidad a que están sometidos nuestros espacios más íntimos con la indispensabilidad que la vida moderna ha acordado a los ordenadores, al internet y a las redes sociales. El espacio cibernético ha devenido delación, acusaciones falaces, acoso y los peores ejemplos de comportamiento humano desviado, amparado el descalabro en la insolencia que depara el anonimato.

En ese páramo no me reconozco como periodista que fui y la noticia y los modos de procurarla se regían por otras normas, por patrones que en modo alguno soslayaban los entramados legales cuando de particulares se trataba. A propósito de los mal llamados Papeles de Panamá y los estremecimientos mediáticos provocados, lo que menos ha importado es la génesis del escándalo: la obtención de esos documentos constituye un robo, un delito en cualquier país. Con la aceptación sin cuestionamiento de que alguien entre en la caja fuerte cibernética de una entidad privada y sustraiga sus valores, validamos el hacking e ingresamos en una engorrosa justificación de los medios con tal de que el fin tenga un difuso interés social.

Como siempre, Inés Aizpún hinca el diente hasta llegar al hueso cuando en estas mismas páginas, el jueves, acotaba: “Nos gustan las filtraciones pero... ¿realmente merecen el nombre de periodismo de investigación? Es un mundo cambiante y acelerado donde los papeles se mezclan y los intereses se confunden. Las filtraciones desnudan a los evasores pero también mezclan y confunden. Y eso, en periodismo, es tan peligroso como ocultar la verdad”.

También estoy confundido, porque mi referencia obligada son los Papeles del Pentágono, la gran revelación periodística antes de que los wikileaks y Edward Joseph Snowden sacudieran el mundo de la inteligencia y de la doblez diplomática con un aluvión de documentos explosivos provenientes de la Agencia Central de Inteligencia y el Consejo y la Agencia Nacional de Seguridad. En estos últimos casos hablamos de documentos oficiales, ocultos en una casilla donde cabe todo y a la que se apela pese al derecho a la información vigente en un país democrático: la seguridad nacional.

Relato diferente el de los archivos de Mossack Fonseca, una firma de abogados panameña especializada en la constitución de empresas offshore, a cuyos dueños reales se encargaba de encubrir tras una maraña de pistas difusas mas totalmente legales. Otra historia es también que esas compañías, amparadas en la legislación laxa de las Islas Vírgenes Británicas, el estado norteamericano de Delaware (cuna del actual vicepresidente Joseph Biden y su antiguo senador), Isla Caimán, Isla del Hombre, Uruguay, Antigua, Jersey, Singapur, Panamá, Principado de Liechtenstein o Andorra, fuesen utilizadas para evadir impuestos o enmascarar capitales manchados. Culpable no es el mensajero.

La noticia es un acto de discernimiento a cargo del emisor. Se escoge tras una valoración de los hechos cuyo resultado se mide en términos del interés público. La pertinencia proviene de la relación que guarda con la vida en sociedad y el efecto sobre la misma, cuidando siempre lo privado. Emisor no es ya el periodista sino cualquiera con acceso a un medio de difusión, ya sea el internet o las redes sociales. Eliminado el intermediario, el concepto de noticia ha sufrido un bajón. Concomitantemente, y es lo positivo, el monopolio de la información ha cesado y esto ha conllevado más transparencia y democracia; también más irresponsabilidad y potencial de daño para el colectivo.

Difundir en bruto una montaña de documentos privados en modo alguno se corresponde con mis datos sobre el periodismo de investigación. Más bien aquello ronda la delación o la finalidad inconfesable propia de un juego de tronos. La información nunca es perfecta, y por ese canal se deja escapar insinuaciones, inducción a sospecha, enlodamiento de personalidades, categorización falsa de las conductas y cuantos pecados mortales y venales se cometen a diario en el mundo incontrolable del internet y las redes sociales. Media una distancia abismal entre el funcionario corrupto que mueve el botín a través de paraísos financieros o el actor privado que prefiere el anonimato y ahorrarse envidias, la celebridad que quiere invertir correctamente y no quiere su nombre invite dificultades.

Ninguno de esos considerandos aparece en la difusión de los documentos. Salvo raras excepciones, tampoco se ha acudido al contexto explicativo que equilibre la información y ofrezca al receptor la posibilidad de entender debidamente la razón de las compañías offshore, tan propias del sistema que la mayoría se domicilia en territorio de Gran Bretaña, país nada sospechoso de lenidad frente a la corrupción, el peculado o las tretas financieras ilícitas. A Panamá se le ha pegado un sambenito con pintas de ruina de imagen. Paradójicamente, apenas una cuarta parte de las compañías formalizadas por Mossack Fonseca tiene el país centroamericano como domicilio, y no hay una sola cuenta de esas empresas asentada en bancos panameños. Pegajoso el encabezado, los Papeles de Panamá tienen más credenciales que los Archivos robados a Mossack Fonseca, una firma con oficinas en 25 ciudades repartidas por el mundo, con un socio alemán y otro panameño.

Algunas de las compañías datan de 40 años atrás, apunte relevante para entender cuán poco cuadra la etiqueta de investigación a este tipo de periodismo. Es en los últimos quince años que se han adoptado en todo el mundo medidas para combatir con mayor eficacia el blanqueo de capitales, una de ellas la abolición de acciones al portador exigida, precisamente, por Panamá.

Periodismo de investigación hicieron el New York Times y el Washington Post a propósito del chivatazo de Daniel Ellsberg, el filtrador de los Papeles del Pentágono. No solo constataron la veracidad de las informaciones contenidas en la documentación, sino que la cribaron para evitar daños a la verdadera seguridad nacional. A salvo quedó el interés nacional porque esas informaciones, bien estructuradas, revelaron las falsedades y fabricaciones que sustentaron el involucramiento norteamericano en actos de agresión y conflictos en que perdieron la vida decenas de miles de infortunados ciudadanos y se gastaron billones de dólares en aventuras mal concebidas.

La tecnología ha cambiado el periodismo y cómo vemos el mundo. Cada vez con mayor asiduidad, la tecnología de la información sirve de paredón en el que se fusilan honras o se desfogan las pasiones más bajas. Caminamos desprotegidos en la selva informática del destape y la posibilidad de que alguien asalte nuestros reductos más íntimos al tenor de la tecnología. El chantaje está a la orden del día, y ha contado con la sanción implícita de los estados que, en algunos casos, han pagado a quienes se han robado las informaciones bancarias. La obtención ilegal de documentos se ha diluido en el epígrafe de lucha contra la evasión fiscal. La ilegalidad se ha legalizado. Ya por el lado privado, las tantas informaciones almacenadas y a las que se puede acceder con programas baratos han despertado el espíritu inquisitivo en las parejas y generado un fisgoneo que ha dado al traste con relaciones estables. No faltan los casos en que el internet es vehículo para entrampar, crear situaciones falsas y buscar la paja siempre en el ojo ajeno. Estamos expuestos al robo de identidad, a que nos saqueen la cuenta bancaria, nos escalabren la tarjeta de crédito y a que, valiéndose de la intercepción de nuestros correos, nos coloquen en el papel de villanos.

Hay desventaja para la privacidad en la rapidez que las nuevas tecnologías imprimen a la difusión de informaciones. Como la noticia se produce en tiempo real, los medios de comunicación compiten al margen de la prudencia que otrora se enseñaba en las aulas de periodismo. Basta con que la información, cierta o no, se haga viral. La siembra de dudas, algo produce. Cuando se desmontan los mensajes impropios es ya demasiado tarde y millares o millones de personas los han visto o escuchado. Los discos serán duros de nombre, pero sumamente maleables a la hora de proporcionar información. No importa que los archivos y los mensajes se echen a la canasta de reciclaje. Hay una pista por algún lado, ya sea en los servidores o en el cerebro de los ordenadores. La recuperación de los datos borrados es cuestión de tecnología, a disposición tanto de las autoridades como de los criminales y de los pérfidos.

El delito ha avanzado con mayor rapidez que los correctivos legales. Las legislaciones contra el crimen cibernético están en pañales. Hay, como en toda situación novedosa, más preguntas que respuestas. Las redes sociales y el internet tuvieron como cuna a la globalización y, por consiguiente, su utilización para fines delictivos no siempre tiene un carácter local. Es tal el flujo de información y tan intensivo el uso que las medidas preventivas resultan prácticamente imposibles de adoptar.

La violación de la privacidad cuenta con la publicidad comercial y las promociones como protagonistas de primer orden. De una manera u otra, nuestros correos electrónicos son bombardeados con ofertas indeseadas de servicios y bienes. Los culpables se han inventado métodos sofisticados para saltarse los filtros y ha surgido un comercio de direcciones electrónicas al margen de nuestros derechos.

Todo apunta a que las redes sociales y el internet dejaron de ser una moda pasajera para convertirse en un complemento indispensable de la vida contemporánea, una forma de relacionarnos que llegó para quedarse. Han revolucionado la comunicación y facilitado la investigación periodística legítima, aquella que no transgrede la frontera de la privacidad y se ajusta a la relevancia social de la denuncia, sin la pretensión de juez y parte. Desafortunadamente, el acomodo entre la tecnología y la realidad pasa por el mercado. Hay un desafío abierto: evitar que un poderoso instrumento de comunicación y símbolo de modernidad devenga atentado constante contra las mismas libertades en que se asienta y que, simultáneamente, permanezcan incólumes derechos innegociables.

(adecarod@aol.com)

Aníbal de Castro

Bienvenido Pérez García