Quito y Santo Domingo en 1809
Diario Libre
El 10 de agosto de 1809 en Quito un grupo de patriotas se levantó en armas para ejecutar un golpe de Estado contra las autoridades coloniales. Formaban parte de esta conspiración varios aristócratas quiteños, condes y marqueses, así como sacerdotes, abogados, médicos e intelectuales.
Sobre el uso del término "golpe de Estado" existe un amplio consenso entre los historiadores ecuatorianos pues no hubo violencia en la deposición de las autoridades ni en la constitución de una Junta Soberana que ordenó la reemplazó al Presidente de la Real Audiencia. Tampoco hubo la intención de alterar sustancialmente las estructuras económicas y sociales del país.
Al igual que ocurrió en la mayoría de las demás colonias hispanoamericanas, los primeras reacciones de las élites locales ante la noticia del derrocamiento de la monarquía por Napoleón Bonaparte fue movilizarse para decidir cómo llenar el vacío de poder que se producía en España.
A falta del Rey, argumentaban los pensadores liberales influidos por las ideas de la Ilustración norteamericana, británica y francesa, la soberanía retornaba al pueblo quien debía ejercerla hasta que el monarca pudiera retornar al trono.
Esta concepción estaba extendida no sólo en Quito sino en casi todas las capitales de Hispanoamérica, y esto se hizo evidente tan pronto se produjo la crisis de la monarquía española en 1808.
Por ello, en el Acta de fundación de la Junta Soberana de Quito, firmada el 10 de agosto, como en los acuerdos adoptados en el cabildo abierto del 16 de agosto, los insurgentes quiteños reafirmaron su lealtad a la monarquía española.
En el acta del 10 de agosto se lee, entre otras cosas: que "compondrán una Junta que gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo Soberano el Señor D. Fernando VII y mientras su Magestad recupera la Península o viene a imperar".
Concordando con esa actitud colectiva, el 16 de agosto de 1809, cuando la Junta Soberana de Quito llamó a la celebración de un cabildo abierto en la sala capitular del convento de San Agustín, todos los presentes declararon: "juramos al Sr. D. Fernando VII como nuestro Rey y Señor Natural y juramos adherir a los principios de la Junta Central (de España) de no reconocer jamás la dominación de Bonaparte ni a la de Rey alguno intruso, juramos conservar en su unidad y pureza la Religión Católica, Apostólica, Romana...," etc.
El golpe de Estado de Quito fue inmediatamente rechazado por los grupos dominantes de las demás ciudades importantes del país, particularmente por Cuenca y Guayaquil, en donde el movimiento quiteño concitó muy pocas simpatías.
Ante las noticias del golpe en Quito, los gobernadores de estas localidades organizaron tropas para oponerse al mismo. Las noticias del golpe llegaron pronto a Lima y Bogotá y de inmediato los virreyes también ordenaron tropas para reprimir el movimiento de Quito.
Atemorizados ante la inminente llegada de las tropas virreinales, los líderes quiteños dieron marcha atrás y entregaron el poder a las depuestas autoridades españolas. La Junta fue disuelta y la provincia volvió a ser regida por el gobierno anterior de la Audiencia.
Quito quedó entonces sometido a la represión de las tropas limeñas que quedaron en la ciudad apoyando al Presidente de la Audiencia. El 4 de diciembre de 1809 el gobierno apresó de muchos de los que habían participado en el golpe de Estado del 10 de agosto y en las movilizaciones de apoyo posteriores.
La extrema represión ejercida por las tropas limeñas durante más de nueve meses indujo a algunos patriotas a asaltar las cárceles y los cuarteles para liberar a los prisioneros el día 2 de agosto de 1810. El contraataque oficial derivó en una masacre. Más de 500 personas de todas las class sociales murieron o quedaron heridas. El apaciguamiento de los ánimos coincidió con la llegada a Quito, el 12 de septiembre de 1810, del hijo del Marques de Selva Alegre, el presidente de la primera Junta Soberana creada en agosto del año anterior. Su nombre era Carlos Montúfar y Larrea, y venía a la ciudad como Comisario Regio nombrado por el Consejo de Regencia de España que había sustituido a la primera Junta Central española que asumió el poder en nombre de Fernando VII.
Montúfar y Larrea era uno de los varios Comisionados nombrados para visitar las capitales coloniales y tratar de apaciguarlas o pacificarlas debido a las numerosas manifestaciones autonomistas que estuvieron manifestando las élites locales y regionales en los años 1809 y 1810.
Buscando un compromiso político entre las autoridades coloniales españolas y la élite quiteña, Montúfar respaldó la constitución de una nueva Junta Superior de Gobierno compuesta por los líderes del golpe de Estado del año anterior, entre ellos su padre el Marqués de Selva Alegre, como vicepresidente, el Obispo Cuero de Caicedo y el mismo Carlos Montúfar como vocales, acompañados de otros dos clérigos y dos nobles, así como por sendos representantes de cada uno de los cinco barrios populares de la ciudad.
Esta nueva junta fue rechazada inmediatamente por el Virrey de Perú y los gobernadores de las demás provincias ecuatorianas que de inmediato allegaron nuevas tropas para enviarlas a destituir el segundo gobierno autonomista de Quito.
Mientras sus tropas combatían contra las fuerzas enviadas desde Perú, Guayaquil y Cuenca, la segunda Junta Superior de Gobierno organizó un Congreso Constituyente que comenzó a funcionar el 4 de diciembre de 1811 con el nombre de Soberano Congreso de Quito, compuesto por representantes de todos los sectores sociales e institucionales, nobleza, pueblo llano, clero, profesionales, los barrios de la ciudad, las órdenes religiosas y el cabildo secular.
Este Congreso decretó la independencia y varios meses más tarde, el 15 de febrero de 1812, aprobó una Constitución titulada "Artículos del Pacto Solmene de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito". Al igual que ocurría en otras partes de América Latina, los patriotas quiteños debatieron mucho sobre la forma de gobierno que debía adoptar el nuevo Estado. En el caso de Quito, la forma acordada por los constituyentes fue la monarquía y para regirla escogieron a Fernando VII como soberano del nuevo Estado.
Esto no debe sorprendernos. En Santo Domingo ya había ocurrido algo parecido cuando Juan Sánchez Ramírez encabezó la lucha contra los franceses para reincorporar la colonia a España reconociendo como soberano a Fernando VII, pero sin declarar la independencia de España.
La primera independencia quiteña duró muy poco. El Virrey del Perú no la reconoció y sus tropas se impusieron rápidamente sobre las fuerzas de Quito, sobre todo después que asumió el mando de las mismas el Mariscal de Campo Toribio Montes, en junio de 1812.
Montes había sido el gobernador de Puerto Rico que había inducido, estimulado y apoyado con dinero y tropas a Juan Sánchez Ramírez en la reconquista de Santo Domingo. Ahora le tocaba reconquistar la provincia de Quito con tropas guayaquileñas y peruanas.
Durante cinco meses la lucha fue encarnizada, pero Montes fue ganado terreno gradualmente hasta derrocar la Junta de Quito el 8 de noviembre de 1812. A partir de entonces la Audiencia de Quito fue nuevamente gobernada como una colonia española sujeta al mando militar del Mariscal de Campos Toribio Montes quien permaneció en el cargo por cinco años, hasta 1817.
Debido a ello no hubo nuevos movimientos políticos significativos en favor de la independencia hasta octubre de 1820, lo que quiere decir que Quito y los territorios circunvecinos permanecieron controlados por España hasta después de 1820, al igual que Santo Domingo.
Los historiadores ecuatorianos dicen, con cierta razón, que el 10 de agosto de 1809 marca el inicio del movimiento independentista en América hispana, aunque los habitantes de Chuquisaca argumentan que sus líderes ya se habían pronunciado contra los franceses y a favor de Fernando VII, tres meses antes, el 25 de mayo de 1809.
En una primera etapa, los criollos hispanoamericanos aprovecharon la crisis de la monarquía española para declarar su autonomía administrativa y formar sus propias juntas de gobierno que adoptaron medidas a favor del libre comercio, para eliminar impuestos o declarar libres de tributos a la castas indígenas. En cada caso, esas decisiones respondían a las necesidades e intereses locales y por eso hubo una amplia variación entre las administraciones de las distintas juntas.
Aparte de esas diferencias en las políticas locales y regionales, casi todas las juntas compartieron como rasgo común su adhesión a Fernando VII, y la mayoría debatieron y dudaron intensamente en torno a si declaraban la independencia plena o se mantenían fieles a España.
Esas primeras juntas gubernativas discutieron mucho acerca de si organizaban Estados republicanos o si establecían monarquías regidas por príncipes europeos, entre los cuales Fernando VII era el favorito pues todavía no había exhibido su preferencia por el absolutismo.
Las primeras dos juntas de Quito y la de Chuquisaca, no escaparon a esas contradicciones, com tampoco pudo hacerlo la primera junta de Caracas, instaurada el 19 de abril de 1810, llamada "Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII". Se declararon también a favor de Fernando VII las juntas similares que se formaron en 1810 en las ciudades neogranadinas de Cartagena (22 de mayo), Pamplona (4 de julio), Socorro (15 de julio), y Santa Fe de Bogotá (20 de julio) que culminaron con la destitución del Virrey.
Algo similar ocurrió también en Buenos Aires cuando se recibió la noticia de la invasión francesa a España y la abdicación forzosa de Carlos IV y Fernando VII, así como la instalación de José Bonaparte como Rey de España y las Indias. Allí tampoco fue reconocido el rey usurpador francés y, en cambio, sí se creó una primera junta (22 de mayo de 1810) que prefirió reconocer como soberano Fernando VII.
En Chile, por igual, la primera junta de gobierno organizada por los criollos ricos y la élite de Santiago, declararon también su fidelidad a Fernando VII, aunque insistían, como lo hacían otros criollos en otras partes del continente, en que a falta del monarca la soberanía retornaba al pueblo, y por ello el pueblo debía decidir pos sí mismo que forma de gobierno darse y como administrar ese gobierno.
La tendencia monárquica "fernandista" de las primeras juntas y los tempranos movimientos autonomistas americanos también fue compartida por los principales líderes del gran levantamiento popular encabezado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla a partir del 16 de septiembre de 1810 en México.
Recuérdese que el manifiesto de Hidalgo estuvo dirigido inicialmente contra los invasores franceses y en defensa de Fernando VII, actuando bajo el temor de que Napoléon se decidiera por invadir la Nueva España.
En Quito comenzó la lucha por la independencia en el continente. Ahora bien, fue en Santo Domingo en donde más tempranamente se inició la lucha contra el régimen de Bonaparte en la península española pues el levantamiento de los dominicanos contra los franceses comenzó a organizarse desde julio de 1808. En ese sentido, Santo Domingo marchó a ritmo similar al resto de las colonias hispanoamericanas.
Santo Domingo obtuvo su independencia de España en diciembre de 1821. Guayaquil la había proclamado en octubre de 1820, y Cuenca en noviembre, pero Quito tuvo que esperar hasta el triunfo de Sucre en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 para quedar definitivamente independizado de España.
Algo similar ocurrió con las demás colonias hispanoamericanas pues ninguna obtuvo su independencia antes de 1819, según hemos señalado en un artículo anterior que concluye preguntando: "¿arritmia histórica? ¿cuál arritmia?".
Sobre el uso del término "golpe de Estado" existe un amplio consenso entre los historiadores ecuatorianos pues no hubo violencia en la deposición de las autoridades ni en la constitución de una Junta Soberana que ordenó la reemplazó al Presidente de la Real Audiencia. Tampoco hubo la intención de alterar sustancialmente las estructuras económicas y sociales del país.
Al igual que ocurrió en la mayoría de las demás colonias hispanoamericanas, los primeras reacciones de las élites locales ante la noticia del derrocamiento de la monarquía por Napoleón Bonaparte fue movilizarse para decidir cómo llenar el vacío de poder que se producía en España.
A falta del Rey, argumentaban los pensadores liberales influidos por las ideas de la Ilustración norteamericana, británica y francesa, la soberanía retornaba al pueblo quien debía ejercerla hasta que el monarca pudiera retornar al trono.
Esta concepción estaba extendida no sólo en Quito sino en casi todas las capitales de Hispanoamérica, y esto se hizo evidente tan pronto se produjo la crisis de la monarquía española en 1808.
Por ello, en el Acta de fundación de la Junta Soberana de Quito, firmada el 10 de agosto, como en los acuerdos adoptados en el cabildo abierto del 16 de agosto, los insurgentes quiteños reafirmaron su lealtad a la monarquía española.
En el acta del 10 de agosto se lee, entre otras cosas: que "compondrán una Junta que gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo Soberano el Señor D. Fernando VII y mientras su Magestad recupera la Península o viene a imperar".
Concordando con esa actitud colectiva, el 16 de agosto de 1809, cuando la Junta Soberana de Quito llamó a la celebración de un cabildo abierto en la sala capitular del convento de San Agustín, todos los presentes declararon: "juramos al Sr. D. Fernando VII como nuestro Rey y Señor Natural y juramos adherir a los principios de la Junta Central (de España) de no reconocer jamás la dominación de Bonaparte ni a la de Rey alguno intruso, juramos conservar en su unidad y pureza la Religión Católica, Apostólica, Romana...," etc.
El golpe de Estado de Quito fue inmediatamente rechazado por los grupos dominantes de las demás ciudades importantes del país, particularmente por Cuenca y Guayaquil, en donde el movimiento quiteño concitó muy pocas simpatías.
Ante las noticias del golpe en Quito, los gobernadores de estas localidades organizaron tropas para oponerse al mismo. Las noticias del golpe llegaron pronto a Lima y Bogotá y de inmediato los virreyes también ordenaron tropas para reprimir el movimiento de Quito.
Atemorizados ante la inminente llegada de las tropas virreinales, los líderes quiteños dieron marcha atrás y entregaron el poder a las depuestas autoridades españolas. La Junta fue disuelta y la provincia volvió a ser regida por el gobierno anterior de la Audiencia.
Quito quedó entonces sometido a la represión de las tropas limeñas que quedaron en la ciudad apoyando al Presidente de la Audiencia. El 4 de diciembre de 1809 el gobierno apresó de muchos de los que habían participado en el golpe de Estado del 10 de agosto y en las movilizaciones de apoyo posteriores.
La extrema represión ejercida por las tropas limeñas durante más de nueve meses indujo a algunos patriotas a asaltar las cárceles y los cuarteles para liberar a los prisioneros el día 2 de agosto de 1810. El contraataque oficial derivó en una masacre. Más de 500 personas de todas las class sociales murieron o quedaron heridas. El apaciguamiento de los ánimos coincidió con la llegada a Quito, el 12 de septiembre de 1810, del hijo del Marques de Selva Alegre, el presidente de la primera Junta Soberana creada en agosto del año anterior. Su nombre era Carlos Montúfar y Larrea, y venía a la ciudad como Comisario Regio nombrado por el Consejo de Regencia de España que había sustituido a la primera Junta Central española que asumió el poder en nombre de Fernando VII.
Montúfar y Larrea era uno de los varios Comisionados nombrados para visitar las capitales coloniales y tratar de apaciguarlas o pacificarlas debido a las numerosas manifestaciones autonomistas que estuvieron manifestando las élites locales y regionales en los años 1809 y 1810.
Buscando un compromiso político entre las autoridades coloniales españolas y la élite quiteña, Montúfar respaldó la constitución de una nueva Junta Superior de Gobierno compuesta por los líderes del golpe de Estado del año anterior, entre ellos su padre el Marqués de Selva Alegre, como vicepresidente, el Obispo Cuero de Caicedo y el mismo Carlos Montúfar como vocales, acompañados de otros dos clérigos y dos nobles, así como por sendos representantes de cada uno de los cinco barrios populares de la ciudad.
Esta nueva junta fue rechazada inmediatamente por el Virrey de Perú y los gobernadores de las demás provincias ecuatorianas que de inmediato allegaron nuevas tropas para enviarlas a destituir el segundo gobierno autonomista de Quito.
Mientras sus tropas combatían contra las fuerzas enviadas desde Perú, Guayaquil y Cuenca, la segunda Junta Superior de Gobierno organizó un Congreso Constituyente que comenzó a funcionar el 4 de diciembre de 1811 con el nombre de Soberano Congreso de Quito, compuesto por representantes de todos los sectores sociales e institucionales, nobleza, pueblo llano, clero, profesionales, los barrios de la ciudad, las órdenes religiosas y el cabildo secular.
Este Congreso decretó la independencia y varios meses más tarde, el 15 de febrero de 1812, aprobó una Constitución titulada "Artículos del Pacto Solmene de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito". Al igual que ocurría en otras partes de América Latina, los patriotas quiteños debatieron mucho sobre la forma de gobierno que debía adoptar el nuevo Estado. En el caso de Quito, la forma acordada por los constituyentes fue la monarquía y para regirla escogieron a Fernando VII como soberano del nuevo Estado.
Esto no debe sorprendernos. En Santo Domingo ya había ocurrido algo parecido cuando Juan Sánchez Ramírez encabezó la lucha contra los franceses para reincorporar la colonia a España reconociendo como soberano a Fernando VII, pero sin declarar la independencia de España.
La primera independencia quiteña duró muy poco. El Virrey del Perú no la reconoció y sus tropas se impusieron rápidamente sobre las fuerzas de Quito, sobre todo después que asumió el mando de las mismas el Mariscal de Campo Toribio Montes, en junio de 1812.
Montes había sido el gobernador de Puerto Rico que había inducido, estimulado y apoyado con dinero y tropas a Juan Sánchez Ramírez en la reconquista de Santo Domingo. Ahora le tocaba reconquistar la provincia de Quito con tropas guayaquileñas y peruanas.
Durante cinco meses la lucha fue encarnizada, pero Montes fue ganado terreno gradualmente hasta derrocar la Junta de Quito el 8 de noviembre de 1812. A partir de entonces la Audiencia de Quito fue nuevamente gobernada como una colonia española sujeta al mando militar del Mariscal de Campos Toribio Montes quien permaneció en el cargo por cinco años, hasta 1817.
Debido a ello no hubo nuevos movimientos políticos significativos en favor de la independencia hasta octubre de 1820, lo que quiere decir que Quito y los territorios circunvecinos permanecieron controlados por España hasta después de 1820, al igual que Santo Domingo.
Los historiadores ecuatorianos dicen, con cierta razón, que el 10 de agosto de 1809 marca el inicio del movimiento independentista en América hispana, aunque los habitantes de Chuquisaca argumentan que sus líderes ya se habían pronunciado contra los franceses y a favor de Fernando VII, tres meses antes, el 25 de mayo de 1809.
En una primera etapa, los criollos hispanoamericanos aprovecharon la crisis de la monarquía española para declarar su autonomía administrativa y formar sus propias juntas de gobierno que adoptaron medidas a favor del libre comercio, para eliminar impuestos o declarar libres de tributos a la castas indígenas. En cada caso, esas decisiones respondían a las necesidades e intereses locales y por eso hubo una amplia variación entre las administraciones de las distintas juntas.
Aparte de esas diferencias en las políticas locales y regionales, casi todas las juntas compartieron como rasgo común su adhesión a Fernando VII, y la mayoría debatieron y dudaron intensamente en torno a si declaraban la independencia plena o se mantenían fieles a España.
Esas primeras juntas gubernativas discutieron mucho acerca de si organizaban Estados republicanos o si establecían monarquías regidas por príncipes europeos, entre los cuales Fernando VII era el favorito pues todavía no había exhibido su preferencia por el absolutismo.
Las primeras dos juntas de Quito y la de Chuquisaca, no escaparon a esas contradicciones, com tampoco pudo hacerlo la primera junta de Caracas, instaurada el 19 de abril de 1810, llamada "Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII". Se declararon también a favor de Fernando VII las juntas similares que se formaron en 1810 en las ciudades neogranadinas de Cartagena (22 de mayo), Pamplona (4 de julio), Socorro (15 de julio), y Santa Fe de Bogotá (20 de julio) que culminaron con la destitución del Virrey.
Algo similar ocurrió también en Buenos Aires cuando se recibió la noticia de la invasión francesa a España y la abdicación forzosa de Carlos IV y Fernando VII, así como la instalación de José Bonaparte como Rey de España y las Indias. Allí tampoco fue reconocido el rey usurpador francés y, en cambio, sí se creó una primera junta (22 de mayo de 1810) que prefirió reconocer como soberano Fernando VII.
En Chile, por igual, la primera junta de gobierno organizada por los criollos ricos y la élite de Santiago, declararon también su fidelidad a Fernando VII, aunque insistían, como lo hacían otros criollos en otras partes del continente, en que a falta del monarca la soberanía retornaba al pueblo, y por ello el pueblo debía decidir pos sí mismo que forma de gobierno darse y como administrar ese gobierno.
La tendencia monárquica "fernandista" de las primeras juntas y los tempranos movimientos autonomistas americanos también fue compartida por los principales líderes del gran levantamiento popular encabezado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla a partir del 16 de septiembre de 1810 en México.
Recuérdese que el manifiesto de Hidalgo estuvo dirigido inicialmente contra los invasores franceses y en defensa de Fernando VII, actuando bajo el temor de que Napoléon se decidiera por invadir la Nueva España.
En Quito comenzó la lucha por la independencia en el continente. Ahora bien, fue en Santo Domingo en donde más tempranamente se inició la lucha contra el régimen de Bonaparte en la península española pues el levantamiento de los dominicanos contra los franceses comenzó a organizarse desde julio de 1808. En ese sentido, Santo Domingo marchó a ritmo similar al resto de las colonias hispanoamericanas.
Santo Domingo obtuvo su independencia de España en diciembre de 1821. Guayaquil la había proclamado en octubre de 1820, y Cuenca en noviembre, pero Quito tuvo que esperar hasta el triunfo de Sucre en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 para quedar definitivamente independizado de España.
Algo similar ocurrió con las demás colonias hispanoamericanas pues ninguna obtuvo su independencia antes de 1819, según hemos señalado en un artículo anterior que concluye preguntando: "¿arritmia histórica? ¿cuál arritmia?".
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