Reflexiones sobre un crimen

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A veces un solo hecho, como chispa en pólvora muy seca, provoca que la sociedad ingrese en una suerte de catarsis y vuelva la mirada hacia sí misma para encontrarse con la realidad horrorosa. Ocurrió en los Estados Unidos con la muerte violenta del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en una calle de Minneapolis, y los dominicanos recién nos empeñamos afanosos en la condena y búsqueda de explicaciones para un acontecimiento que a todos ha conmovido: la ejecución de Leslie Rosado.

Contrario a insinuaciones, que la occisa fuese blanca, acomodada y profesional dista de ser el acelerador del estrépito mediático, mucho menos de la conmoción emocional que motivó, incluso, expresiones de condena por parte del presidente Luis Abinader y su esposa Raquel. Por un lado, intervienen las circunstancias en que el cabo Janil Disla Batista cometió el hecho de sangre; y, por el otro, la frecuencia con que se registran episodios semejantes. Agreguemos la inseguridad ciudadana en las zonas urbanas, la ineficacia de la Policía y su fama probada de gatillo alegre, la facilidad con que la mera irritación desemboca en vías de hecho, y resultará difícil sustraerse a la tentación de sentar a la sociedad toda en el desván del siquiatra.

Tanto o más que un crimen abominable, la muerte de Leslie Rosado es consecuencia de una falencia institucional que viene de viejo y se precisa enfrentar con cuanta firmeza permiten nuestra Constitución y andamiaje legal. Nos queda para la reflexión un retrato acabado del atraso de una sociedad que coexiste con otra moderna y sofisticada. Chocaron el todoterreno Mercedes Benz de una profesional con alma mater y un motor de procedencia dudosa conducido por un pobre diablo policía, mas también dos colectivos: el de la sofisticación y acomodo socioeconómico con el de la pobreza material y educativa y al que, sin embargo, lo hemos responsabilizado con la noble tarea de protegernos a todos. Si somos conscientes de esa dualidad estructural y de cómo vamos a resolverla tiene, a mi entender, que ser parte del duelo y de la conversación pública que en las redes y medios se ha levantado. Dejar de lado cuestiones tan críticas sería la segunda muerte de Leslie Rosado.

Quizás se ha prestado escasa atención a unos detalles que para mí, sin embargo, son llamativos porque describen con viveza la urgencia del problema. Janil Disla Batista, que por su condición de policía debería conocer los principios básicos de la buena ciudadanía y de la norma que se supone defiende, utilizaba un automotor diseñado para solo dos personas como medio para el paseo dominical de su familia. De manera irresponsable y en violación franca al código de circulación, arriesgaba la seguridad de la esposa embarazada y de menores. Janil Disla Batista, la autoridad, se desplazaba, sin casco protector él ni sus acompañantes, en un motor con la numeración del chasis limada por lo que en modo alguno es discernible la verdadera propiedad de este. Permitido pensar que era robado o producto de una transacción comercial de dudosa legalidad. La primera versión policial, un atropello al buen juicio, pasó por alto que ese agente del orden, incluso antes de manchar con sangre el uniforme que no llevaba puesto, lo era ya del desorden.

Hay defensas que dañan. Muy cuesta arriba pensar que un sentimiento de impotencia al ver la familia envuelta en un accidente de tránsito — importa poco la atribución de responsabilidad—, provocó la persecución que de inmediato inició el victimario. Por el contrario, la reacción lógica de un buen padre sería preocuparse antes que nada por el estado de la familia y procurar atención médica para comprobar si alguno ha resultado lesionado. Recordemos que la esposa está encinta, que una caída podría acarrear el final del embarazo. Pero no, este discípulo de Rambo intercepta a punta de pistola un motoconcho, persigue el vehículo de la señora Rosado y cuando lo tiene a la vista le dispara dos veces. Da alcance al todoterreno, se coloca a la altura del volante, sin otro preámbulo rompe el vidrio lateral con la empuñadura de la pistola asesina y le descerraja un tiro en la cabeza al conductor. El espanto sobreviene cuando advierte que es una mujer, señal inequívoca de que probablemente arrastra los típicos preconceptos machistas sobre la debilidad del sexo femenino. Que se le zafó un tiro es la excusa más estúpida que puede ocurrírsele a quien se supone entrenado en el manejo de armas. Sobre todo después de disparar dos veces desde y hacia un vehículo en marcha y acertar en ambas.

En nuestro país, la violencia oficial comporta historia de impunidad. La represión política durante la dictadura y años posteriores necesitaba de un manto de protección, de ahí que hubiese tribunales militares y policiales. Había que conferirle a la autoridad licencia para matar y atropellar, requisito indispensable para infundir temor. Poca sorpresa causa un estudio reciente que muestra el alto nivel de desconfianza que provoca la Policía en nuestro país. Sin embargo, suele ser muy eficiente en la solución de algunos crímenes que retarían a Sherlock Holmes o a la imaginación de Agatha Christie. Que hay una cultura de violencia uncida al uniforme es una realidad amarga. Que la pistola y el revólver provocan trastornos de personalidad y predisponen a la violencia, es tarea pendiente de solución. Por demasiado tiempo han persistido los factores que alimentan los crímenes contra la mujer, por ejemplo, algunos de factura macabra inconcebible hasta que son realidad. En la violencia de género, la alevosía es una constante. ¿O nos olvidamos de cuánta maldad y premeditación se requiere para comprar ácido del diablo con tal de solventar celos enfermizos; o exterminar una familia por desengaños amorosos o despecho? Hay la ferocidad que nos ha llegado con el tráfico de substancias prohibidas, casi siempre ejercida con extrema crueldad para que sirva como aviso trágico disuasorio.

Se ha insistido ad nauseam en la reforma de la policía, en dotarla de mayores medios y mejores recursos humanos. Qué no pensar cuando los agentes violan leyes, alquilan las armas a delincuentes, participan en atracos o ejecutan a un conductor indefenso, como el episodio doloroso del que no se merecen Leslie Rosado, los pastores de Villa Altagracia ni nadie ser protagonistas. No son solo policías, sin embargo, los que exhiben conductas delictuosas en las calles de nuestras ciudades, quienes se saltan los semáforos, gritan obscenidades y empuñan también una pistola cuando se ven envueltos en simples accidentes de tránsito.

La cultura del arma como huella de machismo fálico que persigue a la mujer escapa a un cambio radical de lo que hoy en día es la Policía Nacional. Como tampoco es parte de esa reforma eliminar comportamientos ofensivos como el atropello de un anciano en un carrito por el agresivo conductor en un coche de alta cilindrada; o el jactancioso conductor del Porsche amarillo pollito. Se necesita construir una nueva mentalidad en la que primen la tolerancia y el apego a las normas, en la que el respeto religioso no implique la sumisión a normas arcaicas, tal el caso de las tres causales, nuevamente en el despeñadero institucional en que a veces deviene nuestro Poder Legislativo. Todo esto pasa por un sistema educativo más en sintonía con las características de una sociedad verdaderamente democrática.

Sea de justicia decir que en la carencia de civismo coinciden con demasiada frecuencia los dos mundos contrapuestos de referencia, sin que esto exculpe al policía asesino, reste gravedad a un crimen abominable o pueda interpretarse como un baldón en la memoria de la profesional malograda.

Tanto o más que un crimen abominable, la muerte de Leslie Rosado es consecuencia de una falencia institucional que viene de viejo y se precisa enfrentar con cuanta firmeza permiten nuestra Constitución y andamiaje legal. Nos queda para la reflexión un retrato acabado del atraso de una sociedad que coexiste con otra moderna y sofisticada.

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