Tres constituciones, un solo destino (2)
Hay que comprender que hace 56 años de esa historia. Pero, la constituyente de 1963 hizo un gran trabajo y legó una Constitución que permitiría al país dirigir su nuevo destino sobre bases sólidas.
José Rafael Lantigua
El país dominicano de 1963 no estaba en condiciones de apreciar la importancia de una Constitución como guía fundamental para reordenar a la nación luego de la dictadura. No parece seguro que la gente pusiera gran atención a este tema y, tal vez, sólo se interesase por las objeciones que planteaban el empresariado conservador y sectores eclesiásticos, influenciados aún por el discurso trujillista del anticomunismo que prevaleció por décadas.
Si el presidente del gobierno santiaguero de 1857, José Desiderio Valverde, consideraba que “la Constitución del 44 cuadraba mal que bien a un pueblo tan ansioso de libertad que podía contentarse con un ripio” (una astilla, un cascajo), el pueblo de 1963 ignoraba la trascendencia de un instrumento tan vital y necesario, después de tres décadas de oscurantismo absoluto.
El Consejo de Estado se vio obligado a modificar parte de la constitución trujillista para poder viabilizar sus objetivos como ente gubernativo provisional, eliminar aspectos relacionados directamente con la forma de ejercer el poder por la dictadura y, sobre todo, abrir paso a la convocatoria a elecciones en diciembre de 1962. Como no existía parlamento, el Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonnelly, votó su propia Constitución el 16 de septiembre de 1962, pero al mismo tiempo, siete días después, promulgó una ley, la No. 6050, que convocaba a elecciones para el 20 de diciembre con la finalidad de elegir no sólo al presidente y vicepresidente de la República, sino a los cuerpos municipales de la nación y a los legisladores y sus suplentes. Los primeros se convertirían en Asamblea Revisora de la Constitución, y los segundos actuarían como representantes activos en el congreso para realizar los trabajos ordinarios. Mucha gente no lo recuerda o lo desconoce, pero Juan Bosch se juramentó el 27 de febrero de 1963 ante los senadores y los suplentes de diputados, pues los seleccionados como titulares estaban laborando ya para crear la nueva Constitución. Que se recuerde, este es un caso único en la historia parlamentaria del país, pues los suplentes tuvieron funciones inmediatas en la producción legal, no fueron figurantes sin destino. Ucenistas como Rafael González Tirado, que representaba al Distrito Nacional; el francomacorisano Pedro Guillermo Grullón López, el mocano Rafael Brache Estévez, el puertoplateño Narciso Llibre, el salcedense Ramón Guzmán López y los santiagueros Luis Delgado Bogaert, Víctor Franco Santoni y Virgilio Antonio Guzmán, entre otros, así como los perredeístas Ramón Reyes Valdez, por el Distrito, el barahonero Rafael Vargas, el banilejo Eduardo Melo, el cotuisano Pitágoras Medrano, los sancristobalenses Evangelina Velázquez y Jorge Hasbún, el petromacorisano Miguel A. MacCabe Aristy, estuvieron entre los diputados suplentes que ejercieron como titulares durante el proceso de producción de la asamblea constituyente.
La Asamblea Revisora inició sus labores un mes antes de la toma de posesión de Bosch como presidente de la República, o sea el 25 de enero de 1963. Un total de 74 diputados participaron en esta tarea que concluyó tres meses después, el 20 de abril, aunque fue oficialmente proclamada nueve días más tarde El doctor José Rafael Molina Ureña, representante del Distrito Nacional, fue el presidente de esta histórica asamblea, respaldado en la vicepresidencia por Máximo Ares García, que representaba a Monte Cristi, y por Mario Fernández Mena y Manuel Ledesma Pérez, que representaban a la provincia Duarte y al Distrito Nacional, respectivamente. Y, entre las personalidades que la historia registra como firmantes del histórico documento mencionamos de modo especial a Miguel Ángel Brito Mata de Santiago, a Miguel Ángel de Camps (padre de Hatuey de Camps), que representaba a la provincia Sánchez Ramírez, José de Jesús Álvarez Perelló y Elena Campagna de Reid, de Santiago, Rogerio Espaillat Guzmán y Carlos Manuel Guzmán Comprés, de la provincia Espaillat, Manuel Fernández Mármol, del Distrito, Porfirio Gómez Batista y Porfirio López Rodríguez (hermano del luego Arzobispo y Cardenal Nicolás López Rodríguez), de La Vega, Ruddy Haché, de El Seybo, Bartolomé Moquete Andino, de Independencia, Bienvenido Hazim Egel, de San Juan de la Maguana, Arturo Muñíz Marte y Marino Villanueva (hermano de María Elisa Villanueva, quien fuera esposa de Jacobo Majluta), de Puerto Plata, y los hermanos Arístides y José del Carmen Victoria José, padre y tío del actual senador de la provincia María Trinidad Sánchez, entre otros más. Algunos de ellos, los de procedencia ucenista, abjurarían de la Constitución que rubricaron luego del golpe septembrino de 1963. Es importante consignar que en la elaboración de la Constitución del 65 participaron no solo los diputados del PRD, como partido mayoritario, sino los de UCN, el Partido Revolucionario Social Cristiano (que sólo obtuvo un diputado en La Vega) y el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático (PNRD) del general Ramírez Alcántara, un legendario exiliado antitrujillista que mantenía una amplia simpatía en su nativa San Juan de la Maguana, donde ganó los tres legisladores de allí, y uno más en Elías Piña.
Si el presidente Valverde instaba a los constituyentes mocanos a que pensaran mucho y copiaran poco, los constituyentes del 63 nunca recibieron ninguna orientación, ni les fueron colocadas cortapisas a su labor de parte del Consejo de Estado, ni mucho menos del presidente Bosch. Dos legisladores ucenistas me confirmaron, décadas atrás, que nunca se supo que don Juan influyese en las propuestas y decisiones de la asamblea revisora. Y tuvo que ser de ese modo, primero por el estilo democrático que Bosch deseaba imponer en la cosa pública, y porque además, el mandatario manifestaría sus quejas sobre esa Constitución, una vez fue aprobada, calificándola de “ambigua, tímida y conservadora”. Lo que sí volvió a ocurrir, aunque con otras maneras, fueron las pejigueras de los que comenzaron a generar controversias sobre la nueva Carta Magna. No hubo un Santana que creara miedo y desalentara, con acciones viles, la misión de los constituyentes. Pero, sí hubo sectores –empresariales, profesionales, eclesiales- que incordiaron el proyecto, que crearon temores infundados y torpedearon su aprobación. Flavio Darío Espinal asegura que “la parte político-institucional de la Constitución no fue objeto de discusión. De hecho, se aprobó de una manera fácil y rutinaria”. Lo que produjo oposición al proyecto constitucional fueron “las disposiciones de carácter económico y social” (propiedad de la tierra, reforma agraria, distribución de los beneficios de las empresas, limitaciones a las empresas extranjeras, entre otras) que crearon animadversión en el sector empresarial, “un empresariado –afirma Flavio Darío- que estaba inactivo durante el trujillismo y que sale a la opinión pública con una fuerza realmente impresionante, a oponerse a la Constitución de Bosch”. Y otro sector, el de la Iglesia Católica, que mantuvo reservas sobre los cambios en el sistema educativo que proponía el proyecto, la familia y el rol del Estado, y la enseñanza religiosa en las escuelas, pues la nueva Constitución proclamaba a la ciencia como “fundamento básico de la educación”.
Eran quejas y temores infundados, pues la Constitución propiciaba “la formación y estabilización de la familia” y obligaba al Estado a ofrecer “especial protección al matrimonio y a la familia”, reconociendo al matrimonio como fundamento legal de la misma. Y como éstos, fueron muchos los aportes de la llamada Constitución de Bosch. He contabilizado 58 grandes novedades que convierten a esa Carta Magna en una referencia para todos los tiempos. Algunos aspectos, obviamente, ya han sido superados. Hay que comprender que hace 56 años de esa historia. Pero, la constituyente de 1963 hizo un gran trabajo y legó una Constitución que permitiría al país dirigir su nuevo destino sobre bases sólidas. Fue el segundo gran eslabón hacia la conformación de un Estado democrático y avanzado, después de la Constitución de Moca. Lamentablemente, los que la incordiaron favorecieron la caída de Bosch y su Constitución cinco meses después de que esa Carta Sustantiva de la Nación fuese promulgada. De alguna manera, fue una “carta fantasmal” como llamó Bosch en algún momento a la Constitución mocana que nunca tuvo real vigencia. La de su gobierno duró muy poco tiempo. La gente vino a darse cuenta de su valor y trascendencia menos de dos años después cuando salió a reclamar la vuelta a la constitucionalidad en abril de 1965. No fue todo el país, pero los que estuvieron en las trincheras de la ciudad intramuros representaron a todo ese país. Y por esa Constitución y su legado dejaron su vida decenas de dominicanos. Balaguer hizo de la suya un pedazo de papel y, desde entonces, tal vez, como desde el incordio santanista contra la constituyente mocana, se intenta degenerar su valor y eficacia, y se irrespeta su importancia en el aún difícil tránsito de la nación dominicana hacia una democracia sin fisuras, sin cambios ni recambios, sin desacatamientos y sin irreverencias.
José Rafael LantiguaJosé Rafael Lantigua, escritor, con más de veinte libros publicados. Fundador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. De 2004 a 2012 fue ministro de Cultura.
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