Virutas Electorales

Casi 7 millones y medio de ciudadanos dominicanos estaremos hábiles para ejercer el derecho al voto en los comicios pautados a celebrarse en el 2020 que apenas se inicia. A un mes, los municipales solitarios (con sólo un lejano precedente en 1968). Tres meses más tarde, los congresuales y presidenciales. Un mes después, una potencial segunda vuelta electoral presidencial, si los contendores no registran mayoría absoluta en mayo. Como hasta ahora apuntan las encuestas publicadas, al competir 3 candidaturas presidenciales con apoyo significativo.

Todo ello antecedido por las primarias de octubre organizadas por la JCE que involucraron al PRM en versión cerrada y al PLD en modalidad abierta, cuyo resultado apretado tuvo como desenlace la fractura formal del partido que habrá gobernado durante 20 años de los últimos 24, al culminar el presente mandato. Expresión de una pronunciada división larvada entre dos grupos y liderazgos protagónicos, con efecto paralizante y corrosivo en la organización partidaria.

Desde las elecciones fundacionales del ciclo democrático iniciado tras la decapitación de la dictadura de Trujillo, realizadas el 20 de diciembre de 1962 (con la crisis de octubre de los misiles soviéticos emplazados en Cuba pisándonos los talones) y ganadas ampliamente por Juan Bosch (PRD 59% versus 30% de Unión Cívica Nacional), hemos celebrado un total de 21 comicios.

Nueve generales (presidenciales, congresuales y municipales) efectuadas cada 4 años desde 1962 hasta 1994, con una fórmula de mayoría simple para las candidaturas uninominales (presidente, senador, síndico) y fórmula proporcional para la determinación de la elección de los diputados y regidores.

Seis presidenciales con el sistema de mayoría absoluta a doble vuelta (ballotage) incorporado en la reforma constitucional de 1994, verificadas en 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012. Acudiéndose a una 2da ronda sólo en 1996, evento que catapultó al PLD y a Leonel Fernández al Palacio Nacional bajo el endoso del Frente Patriótico respaldado por Balaguer y el PRSC.

Cuatro congresuales y municipales (1998, 2002, 2006, 2010), llamadas también de “medio término” en el lenguaje de los medios de comunicación al quedar separadas de facto respecto a las presidenciales. Consecuencia directa del recorte a 2 años que se le aplicara al último mandato de Balaguer (1994/96), como salida a la crisis postelectoral del 94, que conllevó además la prohibición de la reelección presidencial y la adopción del sistema de mayoría absoluta a doble vuelta, consagrados en la reforma constitucional de ese año.

Conviene señalar que a fin de volver a empatar las elecciones presidenciales con las de medio término, en la reforma constitucional del 2010 se extendió a 6 años el período de los legisladores y las autoridades municipales que debían elegirse ese año, en lugar de los 4 años tradicionales. Una suerte de bonificación que la clase política se concedía a sí misma, como también lo fuera el arreglo transaccional “reelección x reelección” aplicado en beneficio de los congresistas del PLD y aliados, a propósito de la reforma constitucional del 2015 que habilitó la postulación para un segundo mandato del presidente Danilo Medina. Arreglo que a su vez congeló la democracia interna de los partidos involucrados, al anular la competencia para las candidaturas congresuales del 2016.

En esta breve relación histórica figuran las ya referidas elecciones municipales del 68, que enfrentara al Partido Reformista y al Partido Revolucionario Social Cristiano, así como algunos movimientos municipales. Y las décimas generales, cubriendo todos los niveles de elección, que fueron las últimas del 2016, ya con las presidenciales bajo modalidad de mayoría absoluta. Ganadas por Danilo Medina con un 62%, frente al hoy front runner Luis Abinader, que estrenaba la marca PRM, surgida de la última y mayor escisión sufrida por el histórico PRD, acaecida en 2014.

A lo largo de estos casi 60 años de experiencia democrática los escenarios electorales se han movido, siempre rodeados de todo tipo de tensiones y conflictos, que han moldeado lo que en las décadas finales del siglo pasado califiqué como el síndrome del fraude. Un rasgo característico de la cultura política dominicana que parte de la presunción de la intención de comisión de fraude por parte de los actores políticos contendores, cuyo radio de sospecha se extiende a la idoneidad del propio órgano electoral (JCE, juntas municipales, ahora TSE) para actuar con competencia, transparencia y sentido de equilibrio arbitral.

La compra del voto, el doble sufragio, la adulteración del documento de identidad del votante, la dislocación de electores de las listas de las mesas, la manipulación de la transmisión de datos y del cómputo de los resultados, el control político mismo de la JCE figuran en el inventario de alegaciones.

En la medida en que los márgenes entre competidores se han estrechado –casos señeros elecciones del 90, entre Balaguer y Bosch, y el 94, entre Balaguer y Peña Gómez-, los reclamos bajo imputaciones de fraudes masivos se han traducido en crisis de gran calado. Dando origen a pactos de gobernabilidad y a la intervención de mediadores nacionales y extranjeros, como fueran los casos del Pacto de Solidaridad Económica y Social en el 90, en el cual intervinieron sectores empresariales, sindicales y eclesiales. Y el Pacto por la Democracia en el 94 que comprometiera a los principales actores políticos (PRD, PRSC y PLD) y diera origen a la reforma constitucional de ese año. Con la mediación de la OEA, el Departamento de Estado y la Iglesia.

La incorporación de nuevas tecnologías en el proceso electoral ha sido otra dimensión relevante para retroalimentar esta pauta cultural que parece eternizarse en el ethos electoral de los dominicanos. El empleo de la computadora para la elaboración del padrón de electores y la impresión de los listados por mesas abrió las puertas a las imputaciones de “dislocación” que el reformismo empleó en el 78, ante el triunfo del PRD con Antonio Guzmán a la cabeza. Este argumento volvió a aflorar en 1994, alegándose de parte del PRD y aliados, una operación selectiva a favor de Balaguer y el reformismo, de dislocación de listados que afectaba a reconocidos votantes identificados con la dupla Peña Gómez-Alvarez Bogaert.

De su lado, la candidatura de Majluta en el 86 focalizó sus reclamos ante la JCE y la comisión de notables que designara Jorge Blanco para reforzar la credibilidad del proceso, dirigiendo su atención hacia la fase del escrutinio de los votos y la idoneidad del trabajo del centro de cómputos. En especial con el tema de los votos nulos.

No sólo fue el empleo de las gigantes máquinas IBM, cuyo servicio eficiente ofreciera a la JCE la filial dominicana de esa multinacional, gerenciada por nuestro entrañable amigo Luis Taveras. También fue la utilización del fax, de la cámara Polaroid y los módulos informatizados de cedulación cuando se renovó el padrón en los 90 y se emitió la nueva Cédula de Identidad y Electoral, en reemplazo de la cédula de identidad personal y el carnet electoral. Luego el uso del scanner para el escrutinio digitalizado de las boletas y la transmisión de los resultados desde los colegios al centro de cómputos de la JCE.

Más recientemente, las experiencias de incorporación de módulos informatizados en los colegios electorales bajo la presidencia de Roberto Rosario en la JCE en los comicios del 2016 y la habilitación del voto automatizado en las primarias de octubre del 2019, han generado nuevas alegaciones que escalan al más sofisticado nivel de la inteligencia tecnológica. Con baile de algoritmo y reclamos de auditorías forenses a los equipos, a los software, códigos, líneas de transmisión dedicadas, etc. Y presencia de actores internacionales auditores y certificadores.

Para la próxima jornada del 16 de febrero, la JCE ha obrado realizando una suerte de repartición de los panes y los peces, al dividir territorialmente el país en dos agrupamientos. En el primero, encabezado por el DN y los 17 mayores municipios, operará el voto automatizado que se probó en las primarias, representando el 62% de los electores. En el resto de municipios y distritos municipales, que integran el 38% restante de electores, se votará con boletas impresas a la antigua usanza. En ambas modalidades impera un tipo de híbrido entre cómputo manual y digitalizado.

Sin menoscabo a la real comisión de fraudes, este patrón cultural que ha echado raíces en el imaginario colectivo, ha facilitado una cómoda vía de escape a las elites partidarias que evaden su responsabilidad en la evaluación de los fracasos electorales. Atribuyendo la carga pesada, a modo de externalidades fuera de control, al contrario victorioso marrullero y a un presunto permeado y manipulado órgano electoral.

El efecto es mágico y obra para incautos, el liderato queda blindado –a diferencia de la famosa crítica y autocrítica de los partidos comunistas cuando rodaban cabezas o el pase acostumbrado a nuevos líderes en las democracias maduras parlamentarias o la obligada sucesión en el presidencialismo norteamericano. Aquí la longevidad política prima y el taponamiento en la dirigencia impera.

Si alguien tiene dudas que examine el récord de nuestro liderato político. Caso más señero, Balaguer. Ultimo presidente del régimen de Trujillo, tuvo tiempo para presidir efímeramente el Consejo de Estado. Desde el 66 dominó la escena: 12 años y 4 postulaciones hasta el 78. Otras 4 candidaturas y 10 años más que pudieron ser 12 si no lo atajan. En el 2000, con 94 años (6 menos que el siglo) “vuelve y vuelve” y logra el 25% de los votos.

Viabilizó el acceso al poder de Hipólito Mejía, como antes lo hizo en el 96 con Leonel Fernández. Y antes de morir, desde la Clínica Abreu donde agonizaba entubado, decidió la reforma constitucional reponiendo la reelección, un acto de coherencia.

Una azafata de Iberia que le asistió en el vuelo que hiciera a la II Cumbre Iberoamericana en Madrid, me preguntó sobrevolando el Atlántico: “¿Pero es que no hay hombres en su país? Si yo le asistí y estaba ciego”. Y yo sólo pensé en Franco.

José del Castillo Pichardo

José del Castillo Pichardo, ensayista e historiador. Escribe sobre historia económica y cultural, elecciones, política y migraciones. Académico y consultor. Un contertulio que conversa con el tiempo.