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Devolvamos la dignidad profesional al maestro

La quinta ola del COVID-19 pone en evidencia un problema de raíces profundas

La quinta ola del COVID-19 en nuestro país y su incidencia en el sistema de educación pone en evidencia un problema de raíces profundas, que trasciende la coyuntura generada por la pandemia: el enfrentamiento permanente, por motivos de política-partidista, entre el sindicato de maestros (ADP) y el Ministerio de Educación (Minerd).  

De nuevo, los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables asisten, como testigos de piedras, al drama de ver su futuro secuestrado por los intereses político-partidarios de los actores que inciden en las decisiones que afectan la continuidad y la calidad de su educación, la cual se considera, cada vez mas, un requisito indispensable para garantizar la mejora de su calidad de vida y el desarrollo de la sociedad.

El sistema educativo dominicano asemeja un niño recién nacido cuyos padres, en disputa, lo toma cada uno por un brazo y lo estira hacia sí. Cada progenitor dice hacerlo por el interés del niño cuando, en realidad, lo hace por motivos propios que lo lleva, sin desearlo, a poner en peligro la integridad del niño, antes que ceder en sus posiciones.

Si semejantes padres realmente tuvieran el bienestar del niño como prioridad harían lo posible por, primero, garantizar su integridad y tranquilidad sin estirarlo cada uno de un brazo, causándole dolor y arriesgando su salud y, segundo, sentándose a dialogar para buscar una solución que garantice el bienestar del niño, que debe ser lo más importante para ambos, y satisfaga, al mismo tiempo,  sus intereses, que deben evitar sean contrapuestos a los de niño.

El Covid, con el enfrentamiento Minerd-ADP sobre la apertura de las clases, apenas añade un episodio más a esta tragedia que ha dado como resultado, a través del tiempo, una distorsión de la función profesional del maestro y, consecuentemente, que nuestros niños y jóvenes se encuentren entre los que menos aprenden durante su estadía en la escuela. Así lo demuestran las pruebas, nacionales e internacionales, a las cuales se han sometido.

Si la educación constituye la piedra angular de los esfuerzos que tiene que hacer el país para lograr desarrollarse y aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo basado cada vez más en el conocimiento y su aplicación a la tecnología, se hace imperativo proteger este sector de los avatares y veleidades generados por las pugnas políticas.

Como expresamos en un artículo anterior, publicado en este diario, la falta de valorización profesional del ejercicio de las funciones de los docentes y los directores de escuelas ha llevado, en el caso nuestro y de otros países, al uso instrumental, con fines políticos, del sistema educativo. Dado que este sistema es uno de los grandes empleadores, se ha convertido en un gran botín clientelar para los partidos y, por su cobertura a nivel nacional,  lo convierte en un mecanismo de penetración y dominio para el que logre su control, sea del gobierno o de la oposición.

Mientras prevalezca en el sector educativo la visión clientelar orientada al logro de objetivos político-partidistas alejados del interés de los estudiantes, visión que podemos denominar de “mala política”, se corre el riesgo de que los esfuerzos de formación docente y de reforma educativa que se realicen, aunque estén bien concebidos, resulten ineficaces ante las interferencias y las discontinuidades que produce esta intromisión partidista en la buena marcha de los procesos de mejora educativa.

El uso del sistema educativo para promover fines partidistas conspira, a nuestro entender, con el desarrollo de un modelo de gestión basado en criterios profesionales para el desempeño de las funciones de docencia y de gestión educativa. Este modelo debe tener, como norte, el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes y, como base, un maestro que fundamente su actuación en criterios profesionales y éticos.

Los estudiantes, los maestros, y la calidad de la educación, son víctimas de este sistema clientelar. Urge rescatar al maestro de esta trampa en la que lo han atrapado,  para que recobre su dignidad profesional y pueda asumir su responsabilidad ética con los estudiantes y con el país, garantizando el derecho a la educación de sus estudiantes y creando las condiciones, desde su trabajo en el centro escolar, para que la calidad educativa sea una aspiración realizable.  

La República Dominicana es un buen ejemplo del costo que tiene que pagar un país por esta continua interferencia de la política clientelar en la educación.

Es imperativo que esta situación cambie. El país tiene ejemplos de que esto es posible. Desde hace ya varias décadas el sistema monetario nacional ha sido blindado para garantizar que su órgano rector, el Banco Central, sea dirigido con un criterio profesional. Esto ha permitido desarrollar una política monetaria estable y actuaciones coherentes, a través del tiempo, que han dado sus buenos frutos. Esto ha facilitado la conformación de un equipo profesional, respetado por gobiernos de diferentes orientaciones políticas, dedicado por completo a gestionar y a lograr que el sistema monetario esté al servicio del país. Lo que el presidente Luis Abinader ha hecho en el ámbito del Ministerio Público y los avances logrados, es otro ejemplo para tomar como antecedente.

Si esto se ha logrado en las área monetaria y en la judicial, urge llegar a acuerdos que garanticen alcanzar esta meta en el área educativa, buscando, evidentemente, estrategias y formas organizativas adaptadas a su naturaleza. Lo que está en juego, en este caso, no es sólo el desarrollo económico de nuestra sociedad, sino el futuro y el bienestar de los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables, pues las familias con mayor poder adquisitivo han optado por enviar a sus hijos a instituciones de educación privadas que estén al margen de este pugilato partidario, que tanto daño ha hecho a la educación y, por en consecuencia, al país.

El futuro de nuestra sociedad demanda un sistema educativo gestionado con criterios profesionales, que le devuelva al maestro su dignidad profesional, su protagonismo en la gestión educativa y su responsabilidad ética, que haga posible que la escuela sea el eje de un sistema que tenga como compromiso fundamental el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes.

Lograr esa meta debe ser el compromiso de todos. Si esto no se logra no habrá presupuesto, ni planes, ni programas que logren transformar la educación dominicana para que esté al servicio del país.

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