Mc. - Error
Diario Libre
Yerra Guido Gómez Mazara cuando atribuye una intencionalidad perversa a los sectores –numerosos, variopintos- para los cuales el presidente Hipólito Mejía debe desistir de repostularse.
Y yerra no sólo por la conjetura antedicha, sino también porque las metáforas que utiliza en su acusación inducen a conclusiones socialmente maniqueas que en nada contribuyen a mejorar el oneroso clima provocado por la crisis.
No es descartable que "una franja perfumada de la sociedad" adverse la repostulación por razones meramente antiperredeístas. Así ha sido siempre. El Partido Revolucionario Dominicano tuvo, desde su origen, un claro respaldo popular. Las elites supieron desde 1961 al lado de quién alinearse, y escogieron a Joaquín Balaguer, conspicuo representante de la derecha conservadora.
Pero convertir a la "franja perfumada" en políticamente monolítica e imputarle a todos sus miembros por igual un único propósito de "derribo" y "acoso" contra el presidente Mejía, es extremar la tensión del juicio hasta invalidarlo.
En el debate sobre la reelección hay que cuidar con esmero la tolerancia frente al disenso, aunque este urtique las epidermis de quienes sólo desean escuchar a los áulicos, y de la democracia sólo saben que es una palabreja devaluada.
No habría que repetirlo, pero se hace: sólo los muy obtusos discuten aún el derecho del presidente Mejía a optar por un nuevo mandato. No lo limitan ni los estatutos del PRD, su partido, ni mucho menos la Constitución de la República. Tampoco fue contundente el rechazo de las bases partidistas cuando se las llamó a opinar sobre la vigencia del antirreleccionismo como doctrina.
El problema de la repostulación no radica en su legalidad sino en su conveniencia para el país y para el PRD. Meollo que se elude cuando se reduce todo a la animadversión de las elites, y se cierra los ojos frente a la iracunda insatisfacción de la gente, reconocida por el propio mandatario.
Siendo así, no debe molestar a los enfervorizados reeleccionistas la insistencia crítica de los antirreleccionistas, aun si la censura utilizara un lenguaje impropio. Porque no hay que olvidar que la decisión del mandatario no es un acto de su vida privada, que sólo a él compete. La suya es una decisión que influye la vida de todos y el futuro inmediato del país. Y ha sido tomada en un contexto excepcional de aguda crisis económica, cuando los ciudadanos y ciudadanas esperan que la cabeza rectora del Estado se ocupe y preocupe exclusivamente de encontrar salidas, de garantizar el menor deterioro de sus condiciones de vida.
Calificar de acoso la inquietud ciudadana por los efectos de la política reeleccionista sobre la economía, es antagonizar, otra vez, sin calcular riesgos. Nada hay de más inoportuno.
Y yerra no sólo por la conjetura antedicha, sino también porque las metáforas que utiliza en su acusación inducen a conclusiones socialmente maniqueas que en nada contribuyen a mejorar el oneroso clima provocado por la crisis.
No es descartable que "una franja perfumada de la sociedad" adverse la repostulación por razones meramente antiperredeístas. Así ha sido siempre. El Partido Revolucionario Dominicano tuvo, desde su origen, un claro respaldo popular. Las elites supieron desde 1961 al lado de quién alinearse, y escogieron a Joaquín Balaguer, conspicuo representante de la derecha conservadora.
Pero convertir a la "franja perfumada" en políticamente monolítica e imputarle a todos sus miembros por igual un único propósito de "derribo" y "acoso" contra el presidente Mejía, es extremar la tensión del juicio hasta invalidarlo.
En el debate sobre la reelección hay que cuidar con esmero la tolerancia frente al disenso, aunque este urtique las epidermis de quienes sólo desean escuchar a los áulicos, y de la democracia sólo saben que es una palabreja devaluada.
No habría que repetirlo, pero se hace: sólo los muy obtusos discuten aún el derecho del presidente Mejía a optar por un nuevo mandato. No lo limitan ni los estatutos del PRD, su partido, ni mucho menos la Constitución de la República. Tampoco fue contundente el rechazo de las bases partidistas cuando se las llamó a opinar sobre la vigencia del antirreleccionismo como doctrina.
El problema de la repostulación no radica en su legalidad sino en su conveniencia para el país y para el PRD. Meollo que se elude cuando se reduce todo a la animadversión de las elites, y se cierra los ojos frente a la iracunda insatisfacción de la gente, reconocida por el propio mandatario.
Siendo así, no debe molestar a los enfervorizados reeleccionistas la insistencia crítica de los antirreleccionistas, aun si la censura utilizara un lenguaje impropio. Porque no hay que olvidar que la decisión del mandatario no es un acto de su vida privada, que sólo a él compete. La suya es una decisión que influye la vida de todos y el futuro inmediato del país. Y ha sido tomada en un contexto excepcional de aguda crisis económica, cuando los ciudadanos y ciudadanas esperan que la cabeza rectora del Estado se ocupe y preocupe exclusivamente de encontrar salidas, de garantizar el menor deterioro de sus condiciones de vida.
Calificar de acoso la inquietud ciudadana por los efectos de la política reeleccionista sobre la economía, es antagonizar, otra vez, sin calcular riesgos. Nada hay de más inoportuno.
Diario Libre