La Operación Falcón ha desatado un escándalo mayúsculo, que crece y crece en sus proporciones, y enreda en su madeja a legisladores y alcaldes que pudieron haber recibido financiación política de quienes están vinculados a lo que es un cartel de la droga y no un entarimado ilegal menor.

No me voy a referir a los nombres hasta ahora vinculados, más bien me voy a dedicar a poner sobre el tapete lo que vienen a ser las implicaciones de este operativo. La mayor implicación de esta operación corresponde al gobierno de turno. Toca poner la acción en la palabra. El presidente Luis Abinader ha dejado claro que aboga por un Ministerio Público libre de injerencia política y es el momento preciso para darle un respaldo inequívoco a esa filosofía, aunque conlleve violentar la sagrada disciplina de partido.

La dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido tímida en su accionar contra aquellos que han sido señalados y son parte de sus filas. Si el mayor compromiso del PRM estriba en fomentar un Ministerio Público independiente, su acción inmediata debe ser la de destituir fulminantemente a cualquier persona que sea mencionada en escenarios de este tipo.

La narcopolítica no es una acusación menor y es un cáncer que corroe nuestros sistemas electorales. Por ello, el antídoto estriba en apoyar la gestión del Ministerio Público, darle credibilidad por encima de los intereses de los partidos y fomentar así la verdadera independencia. En estos temas no hay espacio para la duda.

Hay una máxima que dice que la política es percepción, no hechos. Toca ponerla en práctica en este caso, porque aquel partido que opte por evadir su compromiso histórico, dará la percepción de estar del lado de los narcos. Aquí no cabe hablar de presunción de inocencia como argumentación para retener a estas personas en sus puestos, pues cuando de narcotráfico se trata, lo correcto es que los mencionados se aparten y se dediquen a su defensa, sin sembrar la percepción de solidaridad en la gestión que representan.

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