El domingo asistiremos a unas elecciones cargadas de singularidades. Las crisis determinaron el rumbo de las agendas de todos los sectores sociales. En consecuencia, los candidatos debieron reformular el modo de acercarse a los electores.

En medio del contexto actual hay temas que en ningún momento ocuparon el debate público. La gestión de la diversidad desde las políticas públicas de un próximo gobierno es una de las conversaciones que se mantuvieron fuera de la campaña. Evidentemente en un país en el que más de 1,160,000 personas viven con discapacidad, hay una alta población de adultos mayores y la densidad poblacional aumenta, el tema es prioritario.

Cualquiera de los candidatos que asuma la presidencia el próximo 16 de agosto tendrá que plantearse una gestión de gobierno basada en la inclusión. Se trata de garantizar que los programas y acciones de desarrollo social y productivo sean diseñados desde la pluralidad. En las últimas décadas la República Dominicana registró avances tímidos en la visión inclusiva de las políticas públicas, sin embargo, todavía prima la perspectiva asistencial heredada de la primera mitad del siglo pasado.

Hoy por hoy, el país tiene que asumir cinco desafíos en los próximos años. Los dominicanos estamos preparados y expectantes de administraciones públicas que asuman el compromiso real de impactar en la calidad de vida de todas las personas; desde una perspectiva de desarrollo basada en la generación de capacidades de autonomía.

Un gabinete diverso

Hasta la fecha, ninguna gestión gubernamental ha priorizado la diversidad en los puestos de toma de decisión. Por el contrario, del 2000 hasta ahora la gran mayoría de las posiciones públicas ministeriales, que tienen una mayor incidencia en la agenda nacional, estuvieron ocupadas a razón de más de 20 hombres y unas 4 mujeres, promedio. En poquísimos casos hubo menores de 35 años y personas con discapacidad solo ha habido en el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). E incluso en esta entidad hubo ocasiones en las que la cartera fue ocupada por alguien sin discapacidad. En el cuerpo diplomático el escenario no es más diverso.

Entiendo que en un próximo gobierno hay una oportunidad para que personas con discapacidad, mujeres y jóvenes tengan mayor participación en el diseño y gestión de las políticas públicas. Es la única manera de ofrecer respuestas oportunas a los distintos colectivos del país.

Si se toma en cuenta la proporción de cada una de las poblaciones, carece de lógica la desigualdad en las instituciones del Estado. Por el contrario, el rumbo al que está abocado el país precisa de la mayor diversidad posible, tanto para romper falsos paradigmas arraigados en nuestra cultura, como para impulsar una agenda de desarrollo social y productivo que incluya a todas las personas en igualdad de condiciones.

Generar condiciones para la autonomía

El segundo gran reto que tendrá que asumir el próximo gobierno ante la gestión de la diversidad es el de generar los medios para que las personas con discapacidad y sus familias puedan desenvolverse de forma autónoma. Tres acciones que impactarán positivamente en este sentido son:

• Eficientización de un sistema de vías y transporte público que facilite la movilidad de forma accesible. El desplazamiento autónomo suele ser una de las principales barreras para quienes tienen alguna discapacidad: reduce la posibilidad de acceder a un empleo, a centros educativos y a gestionar los trámites más básicos de un ciudadano.

• Cumplimiento de las cuotas de empleo. La ley 05-13 sobre discapacidad y su reglamento plantean que las instituciones del Estado deben contar con un número de empleados con discapacidad equivalente al 5% del total de la nómina. Esta sigue siendo una de las tareas pendientes del país.

• Un empleo inclusivo y de calidad para quienes viven con alguna condición física, intelectual o sensorial permite la autonomía financiera, la auto realización y la participación en el aparato productivo. Además, permite que el gasto público en asistencias sociales como el seguro subsidiado se dirijan a otras áreas debido a que la persona ahora puede cotizar en la Seguridad Social, paga impuestos y aporta al desarrollo económico de su familia.

• Fortalecer los programas de educación. La única manera de lograr que las personas con discapacidad accedan a puestos laborales de calidad es generando competencias para puestos complejos. Para generar oportunidades de autonomía es necesario que la gestión de la diversidad sea transversal a los programas de educación técnica y superior. Igualmente, es preciso que las políticas educativas promuevan espacios de formación en educación inclusiva para docentes. Asimismo, los proyectos de innovación académica y de becas deben contar con ejes orientados a la participación activa de personas con discapacidad.

Un sistema de salud basado en el bienestar

Más del 65% de la población que vive con discapacidad en nuestro país carece de una fuente de ingresos. A las barreras de autonomía que implica la falta de un empleo de calidad se suma la escasa protección sanitaria.

Aunque un gran número de personas con discapacidad posee la cobertura del seguro subsidiado de Senasa, lo cierto es que la protección es mejorable. Hay servicios que no cubren a las personas con discapacidad intelectual, lo que les expone a ellos y a sus familiares a mayores riesgos y reduce sus oportunidades de cubrir con gastos recurrentes.

En el caso de quienes viven con sordoceguera, las barreras comunicativas nacidas de la doble condición les aísla e impide su desarrollo. Es preciso que los programas de salud y de servicios sociales incluyan asistentes intérpretes que puedan servir de canal para esta población.

Hay ejemplos de buenas prácticas en este sentido en España, Estados Unidos, por decir los más cercanos. Y estas son solo dos de las muestras en las que el sistema de salud dominicano precisa ampliar su alcance.

En el contexto de pandemia en que vivimos la demanda de servicios y de protección es mayor. Las personas con discapacidad se ven doblemente expuestas al contagio debido a las características de las condiciones con las que viven.

Identificación de las personas y sus estatus de autonomía

Una de las principales dificultades que enfrenta el Estado al diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad es la falta de data estadística actualizada. A la fecha todas las instituciones del país trabajan con los datos del censo nacional de población y vivienda del 2010 y los de la encuesta ENHOGAR 2013. Sin embargo, la fiabilidad de la data es escasa.

Lo apropiado es utilizar los mecanismos de levantamiento de información para identificar a las personas con discapacidad, conocer las condiciones exactas en las que viven y evaluar sus niveles de pobreza. Ya el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Servicio Nacional de Salud y claro, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) disponen de instrumentos de medición poblacional. El próximo paso es definir indicadores y variables que permitan medir el estado de situación de la discapacidad en el país.

La data objetiva es la que permitirá determinar el impacto real de las políticas públicas inclusivas. Definir el escenario facilitará al gobierno entrante la eficiencia con la que dirija los recursos.

Fortalecer las alianzas con organizaciones que trabajan desde la diversidad

La labor que realizan las entidades no gubernamentales en favor de comunidades vulnerables les permite contar con un enfoque de abordaje técnico que facilita el diseño de las políticas públicas basadas en perspectivas realistas. A la vez, las organizaciones están en contacto directo y constante con sus beneficiarios y beneficiarias.

Es preciso que, desde el Estado, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), el Ministerio de la Presidencia y otras instituciones públicas se robustezca la alianza con la sociedad civil. Esto pasa por mayores jornadas de capacitación en los programas de desarrollo, puesta en común de la agenda social y abordaje conjunto de los tratados de cooperación internacional.

Una visión de sinergia permite que el impacto de las políticas llegue puntual a las comunidades vulnerables. Posibilita la sostenibilidad de las organizaciones. Y reduce las posibilidades de irregularidades, debido a que las organizaciones, bajo los controles adecuados de monitoreo, sirven de cortafuegos en la gestión de las políticas.

Las elecciones son el domingo. Toda la ciudadanía acudirá a los comicios. Muchas de las personas que formamos parte de grupos en condición de vulnerabilidad deseamos que la próxima gestión de gobierno asuma las mejoras que precisa el Estado dominicano para ser más inclusivo, equitativo e igualitario. Este es el mejor momento para romper falsos paradigmas e impulsar una agenda en la que intervengamos todos y todas.

¡Movamos la inclusión!

Francina Hungría