¿Cómo ayuda la decisión de intervenir las tarifas de los colegios privados?

En los últimos meses se han sometido al Congreso dominicano dos proyectos de ley que implican una intervención del Estado en las tarifas y las modalidades de cobro de los colegios privados. A pesar de que numerosas voces han señalado la inconstitucionalidad de estas leyes, prefiero dejar este tema en manos de los abogados y concentrarme en el impacto en el sector que una medida de este tipo podría implicar.

La teoría económica indica que la intervención del Estado a través de controles de precios en un mercado casi siempre produce un efecto contrario al deseado. Al final, termina generando escasez y desabastecimiento del bien o servicio que se interviene, así como un freno a su innovación y el desarrollo. Desde esta óptica, la inmensa mayoría de los economistas, independientemente de su escuela de pensamiento, desaconseja este tipo de acciones.

El profesor Steven Horwitz de la Ball State University de Indiana, incluso desmonta el argumento de que los mercados sin intervención estatal no están regulados. La palabra regulación, según el diccionario de la RAE, significa “ajustar o poner en orden algo”. La teoría económica muestra que los mercados, cuando funcionan con suficiente competencia, tienen una autorregulación muy superior a la que se produciría ante una intervención del Estado. La intrusión del Estado produce un ambiente de desorden mayor: una “desregulación” si utilizamos la etimología de la palabra.

Algunas personas utilizan el argumento de que la educación es un bien de primera necesidad. ¡Qué bueno que así lo veamos! Sin embargo, afirmar que esta es la razón para intervenir las tarifas del sector educativo, no resiste el más mínimo debate, pues entonces habría que controlar los precios de todos los artículos de primera necesidad en los supermercados y, probablemente, extender estas iniciativas a las tarifas de los médicos, los laboratorios, las farmacias, todos ellos bienes y servicios igual o más necesarios que la educación. Este tipo de iniciativas tienen historia. Y lamentablemente la práctica reafirma la teoría económica.

Por supuesto, existen excepciones. Cuando hay condiciones de concentración de mercado que implican una posición dominante de una o muy pocas empresas, lo que denominamos monopolio u oligopolio, se podría justificar una intervención estatal.

Entonces, la pregunta sería: ¿Existe competencia suficiente en el sector educativo preuniversitario dominicano?

En economía se utilizan dos factores para determinar la competencia en un sector: la cantidad de empresas que ofrecen el servicio y el índice de concentración de mercado. Veamos lo que pasa en la República Dominicana con ambos factores:

1. En relación a la cantidad de colegios privados, de acuerdo con el Ministerio de Educación existen más de 3,500 en la actualidad. Aunque la cantidad ha disminuido un 20% desde la implementación del 4% para la educación pública, el número es infinitamente superior a casi cualquier sector económico del país y no estamos incluyendo las escuelas públicas a pesar de que son una opción adicional abundante en todo el territorio nacional.

2. El índice de concentración de mercado consiste en medir si, a pesar de que existen muchos proveedores de un bien o servicio, hay uno o pocos que controlan el sector. En la práctica en nuestro país más de un 99% de los colegios solo tiene un plantel, muy pocos pasan de quinientos alumnos y casi ninguno pasa de mil. Esto significa que los más de 600 mil alumnos inscritos en el sector privado están dispersos, por lo que nada indica que, de los 3,500 colegios privados, menos de diez controlen una participación de mercado de un 70% o más y, por ende, sus tarifas.

Las estadísticas gubernamentales corroboran esta baja concentración. Según un informe de la DGII de 2018 titulado “Concentración de mercado en República Dominicana”, el sector de enseñanza es de uno de los menos concentrados de toda la economía.

Siendo estos los datos, podemos concluir que no hay ningún factor que indique falta de competencia en el sector educativo.

Hasta aquí, entonces, podemos afirmar que: a) intervenir un mercado casi siempre produce un efecto boomerang perjudicial para los que ofertan el producto y, al final, para los demandantes del mismo también; b) el hecho de que se trate de un servicio prioritario no es una razón para intervenir un mercado, pues el resultado es el mismo y más peligroso que hacerlo con un bien que no es prioritario; c) la única razón potencialmente válida para intervenir un mercado es que no exista suficiente competencia en el mismo, y como hemos visto no es el caso del sector educativo preuniversitario en República Dominicana.

Estoy consciente, como padre, proveedor de mi hogar y directivo de un colegio, que muchas veces el presupuesto familiar no alcanza y el impulso natural es clamar por una solución que nos ayude en lo inmediato.

Lo cierto es que, lamentablemente, la solución no va por estas vías.

Si insistimos en abogar por la intervención estatal en las tarifas del sistema educativo privado, deberíamos saber que esta iniciativa lo único que va a lograr es frenar un sector que ha estado supliendo la ineficiencia histórica de un sistema público que, aunque en vías de mejora, aun no tiene el músculo para suplir las necesidades nacionales. Las consecuencias serían, además de la desaparición de colegios, peores condiciones para el profesorado, desincentivo a la inversión y a la innovación y, al final, un sistema en general con menos posibilidades de ofrecer la educación de calidad que merecen nuestros infantes, niños y adolescentes.

¿Es este el camino que queremos cursar?

Héctor Molina

Es economista y profesor. Preside la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) en su calidad de director administrativo del Colegio Jaime Molina Mota.