Del pacto eléctrico al pacto fiscal

Sería una pena que en la próxima discusión del pacto fiscal pase algo parecido a lo que ocurrió con el eléctrico. Cualquiera creería que, tras más de medio siglo de apagones, subsidios y acumulación de deudas a costa del sector eléctrico, originadas en pérdidas por ineficiencias, corrupción, clientelismo y altos costos de producción, cuando se fuera a discutir un pacto para buscar soluciones, sería sencillo ponerse de acuerdo; pero fue muy frustratorio ver que ningún sector quería ceder, por muy racional que fuera una propuesta.

El empecinamiento se originaba en que se anteponían los intereses económicos, los político-económicos (empresas del Estado manejan una parte fundamental del presupuesto sectorial) y las ideas preconcebidas que devenían en dogmas. Al final, tras más de un trienio de agotadoras sesiones, sin bien se pudo llegar a muchos acuerdos, siempre quedaron importantes cosas pendientes.

Me preocupa que al momento del pacto fiscal ocurra algo parecido. Siempre la sociedad dominicana ha sufrido la ineficacia y precariedad del Estado, pero eso afectaba particularmente a los pobres. Históricamente, amplios sectores se habían adaptado a resolver por sus propios medios lo que en otros países se resuelve colectivamente, y al Estado solo se le pedían exenciones de impuestos

Con el cierre económico forzado por la pandemia, la crisis social y sanitaria, todo el mundo sintió la necesidad de reclamar la ayuda del Estado, y este acudió en protección de todos, pero al momento de la verdad, no tenía recursos, y lo hizo al costo de mayor endeudamiento.

Sería terrible que después nadie quiera aportar al fisco la parte que le corresponde del fondo social, al cual todos estamos en la obligación de aportar para resolver los problemas comunes.

Ya desde antes de iniciar la discusión, muchos se adelantaron a reclamar que “a mí no”, que les mantengan sus exoneraciones, que les prorroguen por 20 o 30 años más los privilegios establecidos en leyes de incentivos, que no les recorten su parte del pastel (los partidos, legisladores, regidores), que les den lo que entienden justo les corresponde (militantes del PRM y aliados), que les permitan ahora cobrar multiplicado lo que aportaron en la campaña...

La discusión de un pacto fiscal puede ser un proceso desgastante, y mucho más en las condiciones prevalecientes, en que la crisis ha erosionado la capacidad contributiva de amplios sectores. El empresariado arrastra una cultura de que toda política de incentivos debe estar basada en la exención de impuestos; los pobres, que normalmente serían beneficiarios, tienen escasa confianza en resultados fehacientes, lo cual se presta a que fácilmente hagan causa común con las partes interesadas.

La República Dominicana es un país raro; se ha vendido la idea de que los impuestos son enemigos de los pobres, cuando en realidad lo que es enemigo de los pobres es la corrupción, la impunidad y la ineficiencia en la administración de los recursos.

Si hay alguien beneficiario de los impuestos son los pobres, razón por la cual en las sociedades en que la militancia política descansa en ideologías, la principal diferencia entre izquierda y derecha es que son estos últimos los que se oponen a los impuestos.

No conozco otro país en que los izquierdistas se opongan ciegamente a los impuestos, desde antes de comenzar la discusión, por una sencilla razón: por muy mal diseñado que esté un sistema impositivo, cuando un pobre viene a pagar 10 el más rico termina pagando 25 o 50; y si se juntan los 10 con los 50, entonces el fondo común ya tiene 60, tras lo cual, el reclamo debe ser que estos se usen bien en favor de los pobres, que no se los roben. De esta forma, el pobre siempre terminará recibiendo más de lo que aportó.

Esto ha sido estudiado profusamente. En regiones como América Latina, en que ha sido siempre tan tortuoso conformar sistemas tributarios basados en los ingresos o la riqueza, han tenido más éxito los países que han optado por cobrar suficiente, aun sacrificado la progresividad de los impuestos, y después beneficiar a la población de menor ingreso por vía del gasto público.

Recuerdo un estudio comparando experiencias de Chile y Guatemala con el impuesto sobre la renta. Guatemala trató de evitar que el impuesto afectara a la gente de ingresos bajos o medios, se concentró en cobrárselo exclusivamente a los ricos y terminó casi no cobrando nada, mantuvo una carga tributaria insignificante, los pobres se quedaron peor, mientras los ricos, felices. Mientras Chile entendió que era preferible cobrar una parte sustancial del pastel, aun cuando afectara a estratos de menores ingresos, pero distribuir bien al momento de gastar el dinero, y tuvo mucho mayor éxito generando un sistema fiscal progresivo.

Isidoro Santana