La Sociedad de Naciones y la República Dominicana

El pasado 2020, a pesar de haber sido un año de crisis sanitaria y económica alrededor del mundo, representó el inicio de una segunda década del presente siglo XXI y la conmemoración de los 100 años de la entrada en vigencia del Tratado de Paz de Versalles, suscrito en París en el 1919 entre los países Aliados y Alemania para poner fin al primer conflicto bélico que impactó en toda la humanidad, la Primera Guerra Mundial.

En virtud de este Tratado, que entró en vigor el 10 de enero de 1920, se creó la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones (SDN), que tendría su sede en Ginebra, Suiza. La propuesta de la SDN fue una iniciativa del presidente estadounidense Woodrow Wilson, incluida en los catorce puntos que plantearon los Aliados, con el objetivo de crear un organismo internacional que permitiera mantener la paz y seguridades internacionales, necesarias en aquellos difíciles momentos.

El surgimiento de la Sociedad de Naciones representó un hito para el derecho internacional y las relaciones internacionales, pues logró concretizar, en virtud del Pacto firmado por los Estados fundadores, un importante compromiso con miras a no recurrir a la guerra para mantener relaciones basadas en la justicia y en el respeto a las normas de derecho internacional reconocidas, como conducta efectiva de los gobiernos y de los pueblos organizados, según se estableció en sus considerandos.

Resulta paradójico, que los debates de intereses que culminaron en la creación de una organización permanente para sostener la paz, se efectuaron cuando el mundo todavía padecía las secuelas de la pandemia de Gripe Española, que cobró entre 75 y 100 millones de vidas humanas en los meses que siguieron al final de las hostilidades.

A nivel estructural, la SDN estuvo conformada por tres órganos centrales: la Asamblea, el Consejo Permanente y la Secretaría, y contó con organismos asociaciones, a saber: la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Su primer secretario general fue James Eric Drummond (1920-1933), del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Originalmente, 32 Estados firmaron el Pacto fundacional.

Al momento de la entrada en vigencia del Pacto de la Sociedad de Naciones, en enero de 1920, la República Dominicana se encontraba ocupada por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América (1916-1924), por lo que no pudo ingresar a la SDN desde sus inicios. Pues, durante los años de ocupación, la Cancillería, como institución gubernamental facultada para el manejo de todos los asuntos exteriores, estuvo sometida a nuevas disposiciones y funcionó bajo la modalidad de Departamento de Estado de Relaciones Exteriores. No obstante, los servicios internacionales no desaparecieron y varios Estados mantuvieron sus representaciones diplomáticas y consulares en el país, como fueron: Gran Bretaña, Francia, Italia, Cuba, México y Colombia, los cuales mantuvieron su oposición por considerar que las normas del derecho internacional público en general y americano, se habían violado con tan nefasto hecho.

Al retirarse las fuerzas estadounidenses, y habiendo asumido la presidencia de la República Horacio Vásquez (1924-1929), se iniciaron las gestiones para incorporar a la República Dominicana al nuevo ámbito internacional. Una de las primeras iniciativas fue el proceso de ingreso de la República Dominicana a la Sociedad de Naciones, y como señala Manuel Arturo Peña Batlle, en la Revista Dominicana de Derecho Internacional que promovía desde la Universidad de Santo Domingo, que no era autónoma para ese momento, fue una gestión ardua, pues el país tuvo que demostrar que tenía condiciones y capacidad para asumir el compromiso ante ese organismo.

Primero se presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional el 24 de agosto de 1924, motivado por el vicepresidente del Senado, Abelardo R. Nanita, para solicitar a la Sociedad de Naciones la admisión de la República Dominicana. El proyecto fue aprobado y emitió una resolución mediante la cual se autorizó al Poder Ejecutivo a solicitar el ingreso del Estado ante la Sociedad de las Naciones con todas sus consecuencias, de acuerdo al art. 33, inciso 15 de la Constitución vigente del momento.

Las gestiones fueron coordinadas por el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Ángel María Soler y Andújar, quien envió un telegrama al secretario general de la Sociedad de las Naciones, James Eric Drummond, en fecha 23 de septiembre de 1924, mediante el cual solicitó en nombre del Gobierno: “...la admisión de la República Dominicana y de que se trate el tema en el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea de la Sociedad”. Asimismo, en el comunicado se manifestó que el país estaba presto a aceptar las condiciones establecidas en el artículo primero del Pacto y, que por tanto, podía cumplir con todas las obligaciones que conlleva la calidad de miembro de la Sociedad. Para esta importante misión fue nombrado como delegado a la Asamblea el licenciado Jacinto R. de Castro, quien expondría todas las argumentaciones necesarias.

Presente en Ginebra Jacinto R. de Castro, se iniciaron de inmediato los trámites para la admisión de la República reuniéndose la sexta Comisión de la Asamblea el 26 de septiembre bajo la presidencia del Sr. C. Enckell, de Finlandia, quien propuso, como en casos anteriores, la designación de una subcomisión para estudiar la cuestión. Esta proposición fue aprobada en dicha subcomisión y varios Estados apoyaron favorablemente la admisión de la República Dominicana a ese organismo, entre los que se encuentran España, China, Uruguay, Colombia, Noruega, Venezuela y Cuba, de acuerdo al boletín mensual de la Sociedad de Naciones, Vol. IV, No. 9, de septiembre de 1924, citado por Peña Batlle.

El proceso de evaluación continuó con otra subcomisión integrada por los representantes de Gran Bretaña, China, Colombia, Cuba, Francia, Italia y Uruguay, que invitó a Jacinto R. de Castro, a fin de proceder al examen del pedido de admisión presentado por el Gobierno dominicano. De Castro expuso todas las informaciones requeridas con el propósito de demostrar la capacidad jurídica y soberana de la República Dominicana para formar parte de la Sociedad de las Naciones, y esas mismas explicaciones tuvo que ofrecerlas también ante la Comisión Permanente Consultiva para las cuestiones militares, navales y aéreas.

La cantidad de comisiones, reuniones y cuestionamiento sobre la legitimidad del Estado dominicano, vino por las dudas ante los Estados Unidos de América, cuyas relaciones no se querían quebrantar, pues, si bien este país no formaba parte de dicho organismo por decisión a último momento de su Senado, había sido el mentor principal de esa organización internacional.

Finalmente, el informe favorable de las subcomisiones y de la Comisión Permanente Consultiva presentado a la sexta Comisión en la Asamblea, fue deliberado en la Asamblea del 29 de septiembre, que consideró de forma unánime admitir entre los miembros de la Sociedad de las Naciones a la República Dominicana.

Los años que siguieron de 1924 a 1929 fueron los más activos de la SDN, pues, las ayudas financieras de los Estados Unidos a los países europeos y al propio organismo, contribuyeron a un clima de distención de la política internacional. Se solucionaron varios conflictos armados y se acordaron importantes acuerdos como el Pacto de Locarno, el Pacto Briand-Kellog y el proyecto de la Federación de Estados de Europa, entre otros. Asimismo, se logró la introducción en el derecho internacional público del principio de las nacionalidades, que permitió el proceso de descolonización.

No obstante los significativos pasos en pro de la paz y la instauración de mecanismos jurídicos para solucionar los conflictos, se comenzó a generar desconfianza y falta de interés común entre los miembros de la SDN. Ante este escenario, Alemania reclamaba la revisión del Tratado de Versalles, que no solo redujo su ejército, sino también su capacidad productiva y adquisitiva, que en cierta medida fue una causal del problema económico que se expandió. Así, cuando el jueves 24 de octubre de 1929 cayó la Bolsa de Nueva York, se detonó la Gran Depresión la cual afectó tanto a los Estados Unidos de América como al resto del mundo.

En medio de la situación, los Estados miembros de la Sociedad se mostraron pasivos y no recurrieron a la aplicación de los principios y espíritu de la misma, lo que contribuyó a su debilitamiento y limitado campo de acción, quedando sin la facultad necesaria para contener la Segunda Guerra Mundial que la llevó a su extinción.

La Sociedad de Naciones quedó disuelta oficialmente en abril de 1946, pasando sus archivos y órganos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya se había creado mediante la Carta de San Francisco en junio de 1945. La República Dominicana formó parte de los 51 Estados miembros fundadores que firmaron dicha Carta, que entró en vigencia el 24 de octubre de ese mismo año.

Desde la creación de la ONU, el país ha sido un miembro activo y sede del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). En la Asamblea General del 2018, con el apoyo de 184 de los 193 Estados miembros, logró ocupar un asiento como miembro No Permanente en uno de los órganos más importante de ese organismo, el Consejo de Seguridad, para el período 2019-2020 que recién concluyó.

Para este 2021 y el futuro cercano, Naciones Unidas tendrá que trabajar arduamente en la búsqueda de soluciones conjunta para enfrentar los efectos sin precedentes que dejará el COVID-19, y otros males latentes que nos afectan a nivel global como son el cambio climático, las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad alimentaria que sufren millones de personas, la necesidad de un comercio más justo y equitativo, el desempleo creciente de jóvenes, entre otros, que requieren de una imperativa y colectiva atención.

En cuanto al país y las perspectivas en su política exterior, considero que el 2021 presenta oportunidades y cambios favorables, pero se debe continuar en la reestructuración organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que felizmente tiene al frente a un internacionalista, el Dr. Roberto Álvarez, quien tiene una sólida formación en estudios internacionales y el suficiente tacto para manejar con ciencia y arte las relaciones diplomáticas a nivel bilateral y multilateral de la República Dominicana. Asimismo, se deberá proseguir en la consecución de los compromisos que el país ha asumido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, suscritos en el marco de las Naciones Unidas en el 2015.

Lucy Arraya