Los desconectados de la era digital

El acceso generalizado a las TIC y, en particular, al internet de banda ancha, ha sido una promesa recurrente en el discurso político local. En 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo estableció el objetivo de “lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación”. El Programa de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana prometió, en 2016, “reducir en un 20% los precios de servicios de internet de banda ancha a la población dominicana”. Y en 2020, el Programa de Gobierno del Partido Revolucionario Moderno se comprometió a “poner en marcha el Plan Nacional de Banda Ancha como instrumento esencial para garantizar el acceso y la conectividad a internet en todo el territorio nacional.” En consecuencia, el tema ha sido objeto de distintas iniciativas a lo largo del último decenio, ya sea con la envoltura hiperbólica de “revolución digital” o bajo el rotulo, tal vez algo más verosímil o menos pretencioso, de “transformación digital”. Eso hace perentorio pasar un balance a la situación del país en esa asignatura y ponderar las perspectivas para el futuro previsible.

Sin dudas, la superficie de los hechos muestra avances considerables. Se observa que, entre 2011 y 2020, el número de líneas móviles con datos aumentó desde 1.2 millones hasta 8.9 millones, mientras que las líneas fijas de internet de banda ancha evolucionaron desde 439 mil a 939 mil. Eso significa que la penetración en el servicio de internet por vía de un dispositivo móvil creció desde 3% hasta 63% de la población, y que el acceso alámbrico al internet de banda ancha pasó desde 4.5% a 9.2% de los dominicanos. En suma, el país se encuentra más y mejor conectado que lo que estaba una década atrás. Sin embargo, una mirada más acuciosa revela la persistencia de brechas importantes en la tarea de garantizar el disfrute equitativo de los beneficios de la revolución tecnológica. Eso hace aconsejable evitar optimismos desbordados o actitudes de auto complacencia.

Veamos las evidencias. En el servicio de internet de banda ancha alámbrico, la tasa de penetración del país (9.2%) es superada por un número significativo de países latinoamericanos, entre los cuales se encuentran Panamá (13%), Costa Rica (16.7%), Chile (17.4%) y Uruguay (28%), que a su vez se encuentran bien lejos del promedio en los países de la OCDE (34%). En los servicios de telefonía alámbrica, telefonía móvil e internet de banda ancha, las tasas de penetración del país se encuentran varios puntos porcentuales por debajo de los promedios en todas las grandes regiones reportadas por la UIT -con la excepción de África. Y, si profundizamos más allá de las cifras agregadas, se observan alrededor de 24 municipios donde todavía en 2020 los hogares carecían de acceso al internet alámbrico de banda ancha. Conviene indicar que, en tales municipios residen más de 200,000 personas y, si se agrega la población de unos 78 municipios donde el servicio llega a través de un único proveedor, el total representa casi una quinta parte de todos los habitantes del país. Además, esos dos grupos de municipios albergan a unos 70 hospitales, 5,500 empresas formales y 3,000 escuelas públicas, en las que cursan estudios más de medio millón de niños, niñas y adolescentes.

Esto constituye una dramática manifestación de las fallas del mercado –un instrumento usualmente muy valioso para asignar los recursos económicos, pero que no asegura la generación adecuada de aquellos bienes y servicios cuyo consumo genera un valor social superior al que se está dispuesto a pagar mediante el intercambio privado. La naturaleza del problema es clara: los municipios sin acceso al servicio de internet fijo se concentran en localidades pequeñas y lejanas, localizadas en gran parte en las provincias fronterizas de Elías Piña, Bahoruco e Independencia; por tanto, desde la perspectiva privada, la provisión de servicios a esos desconectados no resulta viable, porque conlleva costos superiores a los ingresos previsibles. Desde la perspectiva pública, la inclusión de esas poblaciones a la era digital generaría un excedente social cuantioso que, según estimaciones razonables, sobrepasaría por mucho las inversiones necesarias para lograrlo. En esas condiciones, conectar a los desconectados es una labor insoslayable de las políticas estatales. Esa tarea requiere, entre otras cosas, la determinación del liderazgo político, la inversión de recursos y la regulación eficaz por parte del gobierno, y el compromiso colaborativo por parte de las empresas. Sin eso, los desconectados seguirán desconectados y una buena parte de la población dominicana vivirá en el siglo XX, aunque nazca en el siglo XXI.

Rolando M. Guzmán